Aunque la Fiscalía no descarta que Begoña Gómez pudo actuar de forma cuestionable en lo "ético", lo "estético" y lo "conveniente", el Gobierno no va a implantar una regulación específica de la figura del cónyuge del presidente del Ejecutivo.
En su escrito del lunes, el Ministerio Público consideró que "más allá de consideraciones éticas o estéticas" y de la "conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones", la mujer del presidente del Gobierno no cometió delito alguno.
Su exposición da a entender que el comportamiento de la esposa de Pedro Sánchez chirría y puede resultar polémico.
La OCDE lleva desde 1998 recomendando que todos sus Estados miembros incluyan en su legislación los conflictos de interés aparentes, aquellos que, aunque no se produzcan realmente, puedan llegar a influir en el gobernante.
La falta de regulación en esta materia en España contrasta marcadamente con el sistema británico, donde existe un marco normativo específico para prevenir conflictos de interés.
Como explicó en EL ESPAÑOL Miriam González, abogada y esposa del ex-viceprimer ministro británico Nick Clegg, "en Reino Unido, lo de la esposa de Sánchez sería inconcebible. Pero es que jamás habría podido suceder por los controles que existen".
El Reino Unido cuenta con la Oficina de Propiedad y Ética (Propriety and Ethics Team), una entidad independiente dentro del Cabinet Office que regula las actividades de los políticos y sus familiares.
Este sistema preventivo se basa en el Código Ministerial y tiene como objetivo abordar los conflictos de intereses antes de que ocurran.
Así, cuando el primer ministro asume el cargo, tanto él como su cónyuge deben reunirse con la Administración británica para establecer las reglas que deben seguir.
El proceso incluye una declaración obligatoria de bienes y el apartamiento de decisiones gubernamentales que pueda afectar directa o indirectamente a los intereses comerciales de su cónyuge.
González contó que ella, abogada en un bufete, comunicó a su organismo sus clientes "reales y potenciales". "Entonces, ellos se encargaban de retirar a mi marido de cualquier decisión política que tuviera relación con mis clientes", detalló.
Desde noviembre de 2024, la Lista de Intereses de Ministros se publica trimestralmente en Reino Unido (anteriormente, era semestral). Esta lista incluye los intereses del cónyuge, pareja o familiares cercanos del ministro que podrían dar lugar a conflictos reales o percibidos.
Además, el sistema cuenta con un asesor independiente sobre Estándares Ministeriales (Independent Adviser on Ministerial Standards), nombrado por el primer ministro pero independiente del Gobierno. Tiene la responsabilidad de asesorar al primer ministro sobre asuntos de conducta.
La situación española
En 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, el PP aprobó la Ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, cuyos artículos 11, 12 y 19 abordan los conflictos de interés y establecen la creación de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).
El ministro Óscar López defendió este martes que "ya existe un cierto control" a través del régimen de incompatibilidades que afecta a los políticos "y nuestros familiares", citando como ejemplo el caso de Soraya Sáenz de Santamaría, quien, como vicepresidenta, tuvo que consultar a la Oficina de Conflictos de Intereses, ya que su marido trabajaba en Telefónica.
Sin embargo, la OCI descartó que hubiese un conflicto de interés alrededor de Begoña Gómez, tras determinar que no era ni es directiva de Air Europa ni de su matriz, Globalia. Esta aerolínea recibió, a modo de rescate, 475 millones de euros para paliar las consecuencias de la pandemia de la Covid-19.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también rechazó, por su parte, una regulación del papel de la pareja del presidente. En un acto celebrado hace unas semanas, sostuvo que "nunca ha habido ningún problema" con las parejas de los presidentes del Gobierno de España anteriores.
El líder del PP señaló que "ya hay una Ley de Contratos del Estado y que los conflictos de intereses están regulados, por lo que la legislación española es suficientemente clara".
Y lo que está claro es que el Gobierno de Sánchez no tiene "en ninguno de los planes" regular la figura de las parejas de los líderes del Ejecutivo. Y ello mantiene a España en el incumplimiento de los estándares internacionales sobre conflictos de interés vigentes desde el año 1998.