Pedro Sánchez insiste en que habrá elecciones en 2027, agotando el mandato, y que él volverá a ser candidato, con intención de afrontar su tercera legislatura, sin contar el año que estuvo en Moncloa tras la moción de censura.
En realidad, fuentes socialistas y del Gobierno aseguran que ambos anuncios no sólo no son nuevos, sino que tienen una lógica que los hacen inevitables. "No puede decir otra cosa", explican.
Porque está en los manuales que las elecciones anticipadas nunca se anuncian, porque las dos experiencias de limitación de mandato autoimpuesta de presidentes del Gobierno en España han salido fatal y porque el turbulento contexto político hace muy difícil que Sánchez pueda mantener un discurso diferente.
Por razones obvias, ningún presidente de gobierno anuncia la convocatoria de elecciones hasta que no firma el decreto y, de hecho, el propio Sánchez ha ido siempre a elecciones anticipadas (en 2019 y 2023) que convocó tras insistir días antes en que agotaría las legislaturas.
Por eso, lo de 2027 tiene un valor relativo, porque depende de factores como las decisiones judiciales pendientes y de otros como las elecciones en Castilla y León y, sobre todo, en Andalucía, donde se presenta su mano derecha, María Jesús Montero.
2027. En realidad, ya lo dijo en la segunda rueda de prensa que convocó en julio por la imputación de Santos Cerdán y antes en un Comité Federal. Este miércoles lo repitió en una entrevista en Estados Unidos.
Por eso, no ha provocado sorpresa en el PSOE y en Moncloa y, de hecho, explican que sus acciones de estos meses muestran que, efectivamente, ese es su objetivo. Especialmente, por el control muy intenso del partido que ha establecido en los últimos años para no tener contestación.
Además, Sánchez considera que la estabilidad es ahora un valor político esencial y un argumento electoral, aunque cada vez sea más difícil por la polarización y fragmentación de los parlamentos, como lo demuestran países europeos próximos. Según su explicación, sirve para mostrar capacidad de diálogo.
Y en ese contexto entiende que debe parapetarse tras el discurso del freno a la ultraderecha, aunque suponga dar por hecho que ésta llegará inevitablemente tras él. No va con su personalidad política renunciar a la batalla, explican en su entorno.
Fuentes del entorno del presidente aseguran que, en varias ocasiones, les ha transmitido que tiene muy presente la experiencia de la transición de Zapatero a Rubalcaba. Aseguran que su convicción es "no hacer como hizo Zapatero" y asumir en las urnas la responsabilidad de su gestión.
Sin embargo, esa decisión presenta trazas de duda, según fuentes socialistas, porque él mismo ha admitido que dos veces ha dudado si tirar la toalla: en 2024 cuando se retiró un fin de semana a reflexionar y en julio cuando se conoció la presunta implicación de Cerdán en una trama de corrupción.
En la segunda ocasión, hubo personas de su entorno más cercano que le dijeron que si anticipaba entonces elecciones no podría ser candidato porque supondría admitir su responsabilidad.
Su respuesta era repetirles que no haría como Zapatero con Rubalcaba, es decir, que otro se estrellara en las elecciones por su gestión.
El aforamiento
Pero también en este punto, fuentes del Gobierno admiten que Sánchez no puede hacer otra cosa que decir ahora que será candidato, porque si no lo hiciera aceleraría el fin de la legislatura, forzaría a sus socios a buscar sus propias posiciones diferenciadas del Gobierno, provocaría un terremoto en el PSOE y afectaría también a los casos judiciales en los que hay imputadas o procesadas personas de su entorno.
Porque si no fuera candidato en las próximas generales dejaría de ser aforado y podría ser investigado por cualquier juez de instrucción.
Además, fuentes de su entorno aseguran que su voluntad es "limpiar su honor" yendo a unas elecciones en las que cree posible volver a reunir una mayoría parlamentaria suficiente. De esa forma "limpiaría" su honor político y el de su familia.
Si se presentara en las próximas generales, sean cuando sean, será la quinta vez desde 2015 que encabece las listas del PSOE, aunque dos de ellas fueron repetición por investiduras imposibles.
Por supuesto, todo ello pendiente de acontecimientos que no están en su mano, como si hay condena para su hermano, para su mujer o el fiscal general del Estado, o si de los casos que afectan a Santos Cerdán y José Luis Ábalos se desprenden revelaciones "comprometedoras".
Algunas de esas cosas ya le llevaron a valorar su renuncia.
Dos presidentes del Gobierno de la Democracia se han autoimpuesto limitación de mandatos y cumplieron estando en el cargo sólo ocho años o dos legislaturas: José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
Y en las dos ocasiones acabó fatal para sus sucesores y sus respectivos partidos.
Porque Mariano Rajoy perdió en 2004 unas elecciones que se daban por ganadas y el PP pasó de la mayoría absoluta a ceder la Moncloa, aunque debe tenerse en cuenta el factor de los atentados del 11-M.
Y en 2011 Zapatero cedió el testigo a Alfredo Pérez Rubalcaba y se pasó del Gobierno del PSOE a la mayoría absoluta del PP, y el peor resultado hasta entonces de los socialistas.
Retiradas traumáticas
Felipe González nunca tuvo intención de imponerse limitación de mandatos y gobernó desde 1982 hasta 1996. Años después de salir de la Moncloa admitió que la última legislatura fue un error que podía haberse evitado.
Mariano Rajoy gobernó entre 2011 y 2018, acabó con la primera moción de censura de la historia constitucional y antes nunca expresó si volvería a ser candidato o si se retiraría. Pero siempre abominó que lo que ocurrió con Aznar y con él mismo.
Y mucho antes, Adolfo Suárez dimitió como presidente y Leopoldo Calvo Sotelo fue sólo un presidente eventual. Es decir, todas las retiradas han sido traumáticas.
Aznar y Zapatero gestionaron de manera diferente su decisión de no volver a presentarse. Y a ninguno de los dos le salió bien.
Aznar anunció desde el principio como promesa electoral de regeneración que sólo cumpliría dos mandatos y al llegar al segundo, con mayoría absoluta, se convirtió en lo que en Estados Unidos se llama un "pato cojo", es decir, un presidente limitado porque ya no va a volver a ser candidato.
El entonces líder del PP tomó decisiones en su segunda legislatura que quizás no habría tomado si hubiera tenido que presentarse luego a unas elecciones, como la contestada participación de España en la Guerra de Irak que tuvo mucho que ver con el desastre de 2004 por el 11-M, vinculado a esa "aventura bélica".
Además, el PP vivió durante años una "guerra de sucesión" con candidatos compitiendo de manera subterránea para ser señalado por el dedo de Aznar, lo que les debilitó de forma notable, con meses de "quiniela" en los medios y pugna larvada de colaboradores de cada uno de los aspirantes.
Todo terminó con una reunión casi sádica en la Moncloa un sábado en la que Aznar juntó a los posibles candidatos, Rajoy, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes, con Javier Arenas como testigo, para posar la mano sobre el hombro del primero.
Zapatero no desveló hasta la mitad de la segunda legislatura que no se presentaría e intento pilotar un proceso de sucesión del que salió Rubalcaba como candidato.
El resultado fue una bicefalia imperfecta en la que el designado en un congreso del PSOE tuvo que arrostrar las consecuencias de la gestión de Zapatero y tuvo que participar en decisiones costosas, como la reforma del artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda y hacer frente a la crisis. Fue un desastre para los socialistas.
La Constitución no establece limitación de mandatos y en algún momento se ha especulado con la opción de fijarlo por ley, pero la intención choca con la posible inconstitucionalidad porque limitaría el derecho al sufragio pasivo y la participación política.
También es complicado porque en España no hay elección directa del presidente, sino indirecta en el Parlamento, y la Constitución no establece más requisito que ser español y mayor de edad.
El propio Sánchez propuso acotar los mandatos de los presidentes a ocho años cuando llegó a la secretaría general del PSOE por primera vez en 2014. Estaba dentro de un plan de regeneración democrática que incluía acabar con las llamadas "puertas giratorias" y endurecer las incompatibilidades.
Ninguna de esas medidas las ha impulsado en siete años en la Moncloa y ha desaparecido de todos los programas del PSOE.