El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que depende orgánicamente del Ministerio de Defensa, ya no utiliza Pegasus. Al menos desde el pasado mes de julio, si los servicios de información españoles necesitan ahora intervenir los dispositivos móviles o informáticos de un agente al que estén investigando, ya no recurren a esa tecnología israelí.
El departamento de Margarita Robles lleva meses implementando lo que ha llamado Plan de Desconexión de toda "dependencia de tecnología israelí". Y según fuentes del Ejecutivo, la iniciativa se culminó hace ya dos meses.
Es decir, antes de que el Consejo de Ministros aprobara, este martes, el real decreto para el embargo militar al país gobernado por Benjamin Netanyahu.
Lo cierto es que el Gobierno de España nunca ha reconocido que hubiera adquirido en algún momento Pegasus, el citado software israelí con capacidades avanzadísimas para el espionaje electrónico. Al menos, públicamente.
Por eso, ahora tampoco ninguna de las fuentes del Ejecutivo admite explícitamente la revocación del contrato. Según explica el entorno del Gobierno, "ninguna licencia de material o tecnología procedente de Israel sigue activa". Y eso afecta "a todo" lo que estaba contratado.
Porque sí que es verdad que, en la comparecencia de Paz Esteban en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, en mayo de 2022, fuentes presentes en la sala revelaron a la prensa que la antigua directora del CNI lo había admitido. Pero Moncloa, de inmediato, se desmarcó de aquello: "El Gobierno ni sabe ni debe saber".
Pegasus es el programa con el que, supuestamente, el Estado controló a activistas y líderes políticos del procés independentista de 2017, en Cataluña. Entre ellos, el expresident de la Generalitat, Pere Aragonès.
Y es también la tecnología utilizada, supuestamente por Marruecos, para infiltrar el móvil y extraer información del presidente Sánchez, y de varios de sus ministros.
No se admite
Las fuentes del Ejecutivo detallan que ahora mismo, Defensa ya "no tiene ninguna dependencia" de tecnologías de ese país. Y que en aquéllas que aún precisan de una etapa de "transición", ya está en marcha la anulación de los acuerdos marco, de los contratos y de otras figuras contractuales".
Curiosamente, las citadas fuentes del Gobierno añaden que se venía aplicando de manera efectiva este embargo "desde el 7 de octubre del año 2023". En aquella fecha, cientos de terroristas del movimiento islamista invadieron el sur de Israel para torturar, violar y asesinar a más de 1.200 israelíes.
Es decir, Moncloa admite que decidió cortar "toda relación de compraventa de material militar y de doble uso" desde la fecha del salvaje atentado de Hamás. No desde tres semanas después, cuando comenzó la operación militar de respuesta de entrada en Gaza para "aniquilar a Hamás" y liberar a los 251 secuestrados.
Con dos semanas de retraso, por "problemas técnicos", después del solemne anuncio de Pedro Sánchez en Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
Y aunque a Jerusalén la medida le ha pillado en plena celebración del año nuevo judío, la noticia no pasó desapaercibida en el entorno del Ejecutivo israelí. Para las fuentes consultadas, el decreto supuso, simplemente, un paso más dentro del "antisemitismo" de Sánchez.
Eso sí, señalaron como "sorpresiva" la salvaguarda que permitirá no aplicar el embargo por motivos de "seguridad nacional". Y comentaron, con cierto sarcasmo que puede deberse a que Moncloa no quiere hacer frente a demandas millonarias.
Dos agujeros
"Es un texto muy ambicioso", reconocen las citadas fuentes. "Hemos llegado lo más lejos posible, según nuestro ordenamiento jurídico, el de la Unión Europea y los tratados internacionales". Y sin embargo, el texto deja dos agujeros claros que ponen en duda su efectividad.
El Gobierno de España ha decretado la prohibición de la importación y exportación de tecnología militar y de doble uso con Israel, además del uso del espacio aéreo, los aeropuertos y los puertos españoles para transportar estos productos.
También ha incluido un embargo de combustible de uso militar en este embargo. Pero reconoce que no podrá controlar lo que Estados Unidos haga en las bases conjuntas de Morón y de Rota.
También incluye el decreto la prohibición de importar productos de cualquier tipo que procedan de los "territorios ocupados". Es decir, de las colonias israelíes en Cisjordania.
Pero de momento, no hay manera de controlar eso, ya que ni siquiera los dátiles, que es la mercancía más comprada por empresas españolas en lo que los israelíes llaman Judea y Samaria. Porque esos productos no tienen un etiquetado específico de procedencia.
Las fuentes consultadas explican que se acogerán "a la lista europea", elaborada de una manera muy preliminar, y que incluirán "la obligación" de incluir la localidad y el código postal de procedencia en el Documento Único Aduanero.
Aun así, como España es, junto a Irlanda, uno de los pocos países europeos que aplican este tipo de embargo, y en la UE hay libertad de movimiento de mercancías, es posible que estas restricciones no sean efectivas.
Moncloa confía en las sanciones que prevé el decreto para que sirvan de "disuasión".
Porque a partir de un valor de 50.000 euros en el valor de lo importado, la infracción pasa de administrativa a penal. Y ese "delito de contrabando" se paga con penas de prisión de uno a cinco años, además de "una multa del tanto al séxtuplo del valor de la mercancía".
"Autonomía estratégica"
Y por supuesto, está el ya citado tercer agujero: el del "interés por seguridad nacional" o los motivos de "política exterior", que permitirán al Gobierno saltarse su propio embargo. Y las fuentes consultadas no aclararon si el uso de programas como Pegasus podría justificar lo incluido en esa disposición adicional segunda del decreto.
Eso sí, Moncloa se compromete a que cada tres meses, el Gobierno comparecerá en el Congreso para dar cuenta de cualquier decisión al respecto. "Será, en todo caso, excepcional y motivada", explica el entorno del Ejecutivo, "y exigirá un acuerdo del Consejo de Ministros".
En el seno del Consejo de Ministros se produjeron discusiones por esta "laguna", que pueden explicar el retraso en la aprobación de un texto legal "muy complejo y trabajado". Pero el objetivo era lograr la "total independencia tecnológica"
No sólo para evitar toda relación militar con Israel. También para "asegurar la autonomía estratégica" de España, en un contexto geopolítico "muy convulso" y para "garantizar las cadenas de suministro", nacionales, europeas "o estadounidenses", en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Lo que es tanto como admitir que las relaciones con el Gobierno de Netanyahu no se espera que mejoren en breve.
"Trabajamos con nuestra base industrial y tecnológica", añaden las fuentes, "y nos hemos estado preparando para esto desde hace dos años".
"Ya no es insustituible"
Ahora, completado el bautizado como Plan de Desconexión Tecnológica, toca "la reconversión de los programas", que ya está en marcha.
El Ministerio de Defensa llevó a cabo este trabajo en tres fases. Primero, se identificaron las tecnologías israelíes. Después, se ordenó la revocación de todas las licencias activas. Y finalmente, se puso en marcha "la sustitución" de éstas dentro de los todos los programas y contratos.
De hecho, el Gobierno todavía está inmerso en numerosas negociaciones en varios frentes para sustituir los proveedores israelíes de "muy variable tecnología y tipología".
Aunque ya se ha comunicado el desistimiento en todos los contratos, el Gobierno dice no esperar represalias ni demandas por parte de las empresas afectadas.
Es más, se considera que serían perfectamente abordables porque, más allá de que algunas de esas tecnologías pudieran ser "insustituibles", como lo era Pegasus, ya "no lo son". Y además, suponen "un volumen relativamente muy pequeño" dentro del comercio español.