El Consejo de Ministros ha dado luz verde, tras varias semanas de retraso por "dificultades técnicas", al real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Y lo ha hecho con el presidente Pedro Sánchez en Nueva York, en el marco de la asamblea general de la ONU, donde se ha reafirmado como una de las voces más críticas contra la invasión del enclave llevada a cabo por Israel.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado que el decreto lo integran cuatro medidas esenciales. La primera de ellas consiste en la consolidación jurídica del embargo total de armas a Israel, que incluye la prohibición de importar y exportar todo el material de defensa y tecnología de doble uso. La novedad es que el texto incluye la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice operaciones de manera puntual y "excepcional" para proteger el "interés general", como son las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional o la política exterior.
"Es una muestra más del compromiso político del Gobierno y de liderazgo internacional de España", ha presumido Cuerpo sobre el decreto, que recoge la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar; la prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorios palestinos ocupados y la prohibición de la publicidad de comercialización de bienes originarios de estos asentamientos y de servicios prestados en ellos.
El ministro de Economía ha subrayado que el texto "refuerza la transparencia" del Gobierno, que se compromete a comparecer trimestralmente en el Congreso para rendir cuentas de la aplicación de las medidas. Cuerpo ha defendido que el decreto supone "un paso contundente y pionero" en el embargo total de armas a Israel y que espera que así sea recibido por el resto de grupos parlamentarios para su aprobación.
Las medidas se suman a las que se aprobaron en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 9 de septiembre, cuando quedaron pendientes debido a la complejidad técnica que exigía su aprobación, con varios ministerios implicados y obligados a adecuar su contenido a la legislación europea.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.
La desconexión de Israel es un proceso liderado por el Ministerio de Defensa. "Prevemos que no exista un impacto económico más allá de un esfuerzo inicial por dar ese paso hacia la dependencia cero en colaboración con la industria de Defensa, nuestras empresas y las empresas europeas para no tener ningún menoscabo en el trabajo del día a día de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha detallado Cuerpo.
Sobre la prohibición de importar productos de compañías israelíes asentadas en territorios ocupados, el titular de la cartera de Economía ha desvelado que es una cantidad "poco significativa" del total del comercio con Israel, tan solo el 0,5%, y que afecta a "elementos muy marginales". "Pero queremos lanzar este mensaje, esta prohibición para unas empresas para las cuales sí puede tener un impacto significativo", ha insistido.
Al respecto, Cuerpo ha explicado que para ser capaces de implementar de manera efectiva estas prohibiciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores hará una propuesta de los códigos postales de las zonas ocupadas, que será luego aprobada por el presidente de la Agencia Tributaria para contar con una lista completa que se circulará a los funcionarios en aduanas para impedir el paso de esos productos.
Estas normas llegan dos semanas después de la aprobación del resto de medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para contestar a los ataques de Israel sobre Gaza y aumentar las medidas de presión sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu. El Ejecutivo emprende este camino "en defensa de la paz, de la seguridad internacional y del respeto a los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario", según Cuerpo.
No obstante, Sumar, el socio de Gobierno, ha anunciado en un comunicado que va a pedir que el rel decreto sea tramitado en el Congreso como proyecto de ley para poder introducir cambios en el texto. La finalidad es poder aplicarlo en un futuro no solo a Israel, sino a todos los países que sean "condenados o investigados por genocidio", y cambiar la disposición adicional primera, la que autoriza al Consejo de Ministros a exceptuar alguna operación.