El Partido Popular forzará al Gobierno a que explique "qué intereses han primado por encima de nuestra seguridad nacional al insistir en contratar con Huawei", pese a los vetos de la Comisión Europea y las advertencias del Congreso de EEUU.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendrá que responder a esta pregunta, que ha registrado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y a la que ha tenido acceso este diario.
Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta, advierte de que "con la nueva secretaria de Organización, asistimos a una nueva trama de corrupción en el seno de Ferraz. No hay dos sin tres", refiriéndose a las exclusivas sobre Anabel Mateos y sus vínculos con la cuenta de Huawei mientras su marido ejercía en Moncloa.
Desde el Grupo Popular recuerdan que ya se solicitó la comparecencia de los ministros de Justicia, Interior, Exteriores y Defensa para esclarecer la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el contrato de 12 millones con la firma china.
"Y hasta el momento, ni mu", lamenta la portavoz.
"Según pasan los días, las piezas van encajando. Como el Gobierno no da la cara, desde el Senado les forzaremos para que rindan cuentas a todos los españoles", remarca García, en declaraciones a este periódico.
El PP fundamenta su ofensiva en una serie de informaciones publicadas por EL ESPAÑOL que revelan el entramado de relaciones entre Huawei, la consultora Acento y altos cargos del PSOE en los últimos años.
Estas revelaciones han reavivado el debate sobre los posibles "intereses ocultos" que motivan la contratación de tecnología china en áreas sensibles del Estado.
El pasado 1 de septiembre, Interior justificó la rescisión de un contrato de fibra óptica con Huawei apelando a "criterios de soberanía española", tras conocerse que la empresa china debía renovar las conexiones de la red de las Academias de la Defensa.
Pero después se supo, por otra exclusiva de este diario, que el Ejecutivo canceló el acuerdo para modernizar infraestructuras críticas, aduciendo razones estratégicas, aunque sin detallar los riesgos específicos de seguridad. Esos riesgos fueron la conexión de 45 academias militares a la red.
Pese a estas anulaciones, el PP denuncia que continúan vigentes otros contratos con Huawei en ámbitos tan sensibles como videollamadas y redes internas de los centros de mando policiales, que según Interior usan "wifi, ordenadores y sistemas" de la firma china.
El ministro del Interior responderá en el Senado al PP el martes 16 de septiembre.
Avisos de EEUU y la UE
En julio, la Comisión Europea ya instó a "restringir o excluir" a Huawei de las redes 5G por riesgos para la seguridad. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó compras de cámaras chinas Hikvision vetadas en Estados Unidos y Europa para vigilar instalaciones de Moncloa y sedes oficiales.
El Centro Nacional de Inteligencia había avalado esas adquisiciones, a pesar de los vetos de Washington.
El choque transatlántico escaló cuando el Congreso de EEUU pidió al presidente Donald Trump, en agosto, investigar los contratos de España con Huawei por "socavar la confianza" entre aliados.
Ese pronunciamiento puso en alerta a la opinión pública y reavivó las dudas del PP sobre la prioridad de intereses del Gobierno frente a la seguridad nacional.
"Comportamiento sospechoso"
El 29 de agosto, el Ejecutivo frenó un contrato de 10 millones con Huawei para equipamiento de sistemas de Defensa. Lo hizo sin hacer referencia a las advertencias de los comités de Inteligencia de la Cámara y el Senado estadounidenses, que reclamaron revisar la colaboración con España.
En este contexto, el PP ha intensificado sus peticiones de fiscalización. El 9 de agosto exigió al Tribunal de Cuentas auditar todos los contratos adjudicados a Huawei y Hikvision, alegando falta de control y "posibles irregularidades".
Alberto Núñez Feijóo, entonces, también llegó a calificar de "sospechosos" los comportamientos de Zapatero y su supuesta vinculación con la tecnológica china. Según el líder popular, "el Gobierno debe explicarlo" de manera clara y sin circunloquios.
Ahora, los populares alertan de que, mientras el PSOE evite dar explicaciones, la sombra de intereses ajenos a la seguridad nacional seguirá planeando sobre las decisiones del Ejecutivo. Por ello, advierten, la sesión de control en el Senado será el escenario para exigir verdad y responsabilidad política.