El Gobierno ha dado marcha atrás a un contrato destinado a potenciar las prestaciones de fibra óptica que prestan servicio a diversas instituciones públicas. Entre ellas, el Ministerio de Defensa.
Los equipos que iban a realizar dicha función llevan la firma de Huawei, la empresa china a la que Estados Unidos ha impuesto determinados vetos, así como la Unión Europea (UE).
El contrato ya tenía luz verde. Red.es, entidad pública adscrita a Transformación Digital, lo había adjudicado a Telefónica —encargada de acometer la instalación— por un valor de casi 10 millones de euros. Pero los mencionados equipos llevaban la firma de la empresa asiática, acusada de ceder información al Gobierno de su país.
Tal y como se refleja en la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, avanzada por El País, este contrato pretendía potenciar las prestaciones de la RedIRIS.
Se trata de una infraestructura de comunicaciones y servicios TIC para las instituciones afiliadas, entre las que se incluyen universidades, centros de investigación científica y estamentos académicos del Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Ciencia es el titular de la infraestructura, mientras que de su operación se encarga Red.es, que se encuentra adscrita al Ministerio de Transformación Digital.
RedIRIS dispone de una red troncal de fibra óptica, denominada RedIRIS NOVA, de más de 16.000 kilómetros, iluminados por más de 190 equipos ópticos distribuidos por todo el territorio nacional.
Actualmente, esta infraestructura trabaja a velocidades de hasta 100 Gbps, algo que el Ministerio pretendía mejorar con el contrato concedido a Telefónica, al que Huawei aportaba equipos, y ahora cancelado por motivos estratégicos y de autonomía tecnológica.
EEUU avisa
Esta decisión se toma poco tiempo después de que el Congreso de EEUU haya pedido investigar el contrato de 12,3 millones adjudicado por el Ejecutivo español a Huawei para gestionar las escuchas policiales.
Ese contrato, que seguirá adelante a diferencia de este otro, contempla la custodia digital de las comunicaciones interceptadas legalmente por Policía y Guardia Civil. Se trata de escuchas judiciales cuyo almacenamiento se ha confiado al sistema OceanStor 6800 V5, un servidor de alto rendimiento de la compañía china.
La adjudicación, gestionada por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, se tramitó mediante procedimiento público y figura en la Plataforma de Contratación del Estado. El Gobierno defiende que cumple las guías del Centro Criptológico Nacional.
Recoge cable
En cambio, con este otro contrato el Ejecutivo ha optado por recular y estudiará la situación y pretende volver a licitar este contrato más adelante. El contrato en el que da marcha atrás había sido negociado sin publicidad con Telefónica.
Por otro lado, esta misma semana se ha conocido un informe, firmado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por agencias similares de otros países, que alerta de varias empresas chinas.
El dosier acusa a tres compañías del gigante asiático de perpetrar ciberataques para espiar a gobiernos extranjeros y sectores económicos críticos.
El informe también lo rubrican el FBI (la agencia de investigación federal de Estados Unidos) y la NSA, la agencia de seguridad nacional del país.
Las empresas chinas identificadas en él son las siguientes: Sichuan Juxinhe Network Technology Co. Ltd., Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology Co. Ltd. y Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology Co. Ltd.
Las tres proporcionan productos y servicios cibernéticos al Ministerio de Seguridad de China y a su Ejército.
En el mencionado informe, fechado este miércoles, no aparece en ninguna ocasión el nombre de Huawei, ya vetada por EEUU.
Por otro lado, hasta la cancelación de la licitación mencionada, el Gobierno español defendía sus contratos con la empresa china Huawei. Especialmente, el adjudicado para la gestión y almacenamiento de las escuchas policiales.
El pasado 5 de agosto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pidió al PP "no alarmar inútilmente", porque la seguridad "está garantizada".
Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, departamento del que dependen los policías, aseguró que Huawei no tendrá acceso a los datos sensibles, porque los custodian la Policía y la Guardia Civil.
No obstante, la empresa china sufre ciertos vetos y restricciones en Estados Unidos por posibles amenazas a la seguridad.
El PP lo ve "insuficiente"
El PP considera "insuficiente" la decisión del Gobierno de cancelar este contrato de casi 10 millones de euros en el que Huawei aportaba equipamiento tecnológico.
Fuentes populares acusan al Ejecutivo de reconocer "el riesgo al que somete a España" y reclaman explicaciones a Zapatero y Pepe Blanco.
Los populares subrayan que la rectificación llega tarde y no resuelve el problema de fondo. Señalan que otras infraestructuras críticas, como las cámaras de vigilancia o la custodia de audios judiciales, "siguen en manos de empresas chinas".
Y acusan a Sánchez de actuar contra las recomendaciones de la UE.
"Son decisiones del Gobierno que comprometen nuestra seguridad nacional", insisten fuentes del PP. En ese contexto, recuerdan que Estados Unidos mantiene sobre la mesa posibles sanciones comerciales a España por sus lazos con Huawei.
Además, el PP apunta al expresidente José Luis Zapatero y al exministro Pepe Blanco, a quienes pide que expliquen por qué se adjudicaron contratos a Huawei y por qué otros siguen en vigor. "¿Qué ganan ellos con estos contratos? ¿Merece la pena poner en peligro a los españoles?", se preguntan desde la oposición.