La crónica de este mes de agosto parece plagiada de la de hace diez meses. Una catástrofe natural, agravada por las circunstancias climatológicas, sacude el territorio. Las diferentes administraciones no son capaces de hacer frente a la crisis y tanto el Gobierno central como el regional entran en un cruce de acusaciones mutuas sin aparente salida.
En aquel momento, la dana se cobró la vida de más de 220 personas. En este caso, los incendios han dejado al menos cuatro víctimas mortales y cerca de 360.000 hectáreas de superficie calcinada.
De ellas, 160.000 pertenecen a espacios naturales protegidos, según detalló esta semana en el Senado la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. Esto significa que del total de terreno quemado, un 45% pertenece a estas zonas, que son de titularidad pública.
Resulta evidente que algo no está funcionando. Los partidos políticos lo saben, pese a que PSOE y PP presuman de haberlo hecho bien. Porque ambos se culpan, una vez más, de unos errores que reconocen, pero sólo en el campo ajeno.
Al margen del dato ofrecido por la ministra Aagesen y de algún atisbo de debate, para eso han servido las comparecencias de esta semana en el Senado: para señalarse de forma recíproca.
El diagnóstico de todos esos fallos existentes debería incluir el reparto competencial, los criterios con los que se declaran las emergencias, los protocolos, la inversión, la gestión del ámbito rural, el modo de afrontar el cambio climático y la posibilidad (o imposibilidad) de llegar a acuerdos entre los grandes partidos.
Las competencias
Es el gran debate político. El que cuestiona las reglas que rigen el actual Estado autonómico y el que volverá a aparecer cuando se produzca la siguiente catástrofe.
Según el funcionamiento actual, las autonomías tienen las competencias para prevenir y extinguir incendios en sus respectivos territorios. Y una vez que la emergencia desborde los medios propios, tienen la posibilidad de pedir ayuda al Gobierno central.
Esto es pasar de la situación operativa 1 a la situación operativa 2. En ese caso, el Gobierno central moviliza la ayuda, pero el mando sigue en manos de las comunidades. Es lo que pasó con la dana y lo ocurrido también con los incendios.
Aunque existe una excepción, el Gobierno puede declarar la situación operativa 3 ante una emergencia nacional y asumir el control. Y esto es lo que le reclama el PP al PSOE, para que las comunidades más afectadas por el fuego reciban ayuda sin necesidad de solicitarlo.
"¿Por qué usted y el Ministerio no han actuado por iniciativa propia al tratarse de una emergencia nacional?”, le preguntaba también la senadora de Vox Paloma Gómez al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esta semana en el Senado.
El protocolo viene recogido en el Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM), aprobado en diciembre de 2020, como respuesta a la pandemia. Desde entonces, el nivel 3 sólo se ha activado con la Covid y con el apagón del pasado 28 de abril.
Ni la erupción del volcán de La Palma, ni la oleada de incendios de 2022, ni la dana de Valencia del año pasado fueron suficientes para que Pedro Sánchez tomara la iniciativa. En aquel momento se instaló esa frase en la que instaba a las comunidades a solicitar ayuda al Gobierno central para que éste se movilizara.
Vox reclama que exista un mando único ante las grandes emergencias y el PP, de forma menos categórica, también lo ha solicitado con las últimas crisis.
La respuesta de Marlaska a la senadora de Vox es que esa posibilidad supondría vulnerar “el marco constitucional”. “Las comunidades tienen las competencias, son las que mejor conocen el terreno y no se las puede desautorizar”, dijo durante su comparecencia en el Senado.
Criterios técnicos y objetivos
La solución para que la petición de ayuda por parte de las comunidades o el mando único desde Madrid no se base en criterios subjetivos de los partidos o los respectivos gobiernos es que se fijen una serie de normas estandarizadas por las que se activaría automáticamente el nivel máximo de emergencia.
Así lo reclama el PP en el plan para la gestión de incendios, presentado este lunes por Alberto Núñez Feijóo. “Es imprescindible establecer criterios objetivos y transparentes para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas”, sentencia ese documento.
Sin embargo, no aclara cuáles serían esos criterios, más allá de pedir que queden “bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia”.
Un bombero lucha contra el fuego en el incendio Oimbra (Ourense), el pasado 19 de agosto.
La cuestión es complicada, reconocen los expertos, por la dificultad para cuantificar las catástrofes. Un ejemplo podría ser el del Mecanismo Europeo de Protección Civil, al que también ha recurrido España en esta crisis.
Se trata de un organismo, dotado con recursos de los países de la UE, y al que se puede pedir ayuda en caso de que los medios nacionales sean insuficientes. El mecanismo se activa a petición de las respectivas capitales. Y en los Estados descentralizados de la UE los procedimientos suelen ser similares.
En definitiva, con las actuales reglas la toma del mando depende de la voluntad política. Y este Gobierno no lo ha considerado oportuno, salvo en contadísimas excepciones.
Una modificación en este aspecto supondría un cambio de paradigma en el modelo autonómico para que el Gobierno central recupere ciertas competencias. En estos incendios, por ejemplo, lo que empezó siendo un fuego en la provincia de León se terminó extendiendo a la región de Orense, en otra comunidad.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió su gestión en el marco actual. Aunque en su paso por el Senado dejó abierto un debate, uno de los pocos que se han planteado en estas comisiones.
“El Ejército no puede actuar de oficio, pero no tengo ningún impedimento en que esa norma cambie”, dijo.
Pese al ofrecimiento, ninguno de los senadores recogió el guante para preguntar si Robles estaría dispuesta a plantear una modificación así en el Consejo de Ministros.
Los protocolos
La otra gran batalla por el relato de esta crisis tiene que ver con los tiempos de la solicitud de medios y su respuesta. Castilla y León, Extremadura y Galicia -gobernadas por el PP- pidieron más recursos al Gobierno central el 15 de agosto, después de que Feijóo lo hubiera reclamado esa misma mañana.
Las tres comunidades lamentan que el Ejecutivo tardara tres días en actuar y que no aportara todos los medios requeridos.
Mientras, en el Gobierno alegan que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se puso en marcha el 8 de agosto -antes de que la situación se desbordara-, que reaccionaron cuando las comunidades se pronunciaron y que en algunos casos las peticiones de éstas resultaban “increíbles”.
Pero más allá, de la guerra de fechas, importan los protocolos. Como detalló el ministro Marlaska, el 12 de agosto, cuando se declaró la fase 1 de la emergencia y el Gobierno solicitó ayuda a la UE, se convocó el primer Comité Estatal de Coordinación (CECOD). Desde entonces, este organismo se ha reunido a diario.
El CECOD depende del Ministerio del Interior y a él acuden otras instituciones como Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la UME o la Guardia Civil, entre otros. Este órgano se encarga de coordinar la ayuda con las comunidades, pero curiosamente las autonomías no están presentes.
El PP reclama en su plan presentado esta semana que haya “presencia de las comunidades afectadas en el CECOD, ya que actualmente sólo se contempla una vez se declare la emergencia de interés nacional”.
El otro comité encargado del seguimiento de los incendios es el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), que también sirve de nexo entre administraciones pero en el que tampoco están las autonomías.
Y aquí el choque de competencias es a la inversa. Porque desde el Partido Popular reclaman participar en la toma de decisiones y el Gobierno se reserva la coordinación desde sus despachos.
La inversión
También aquí volvemos al enfrentamiento. El senador del PP Francisco Márquez acusó a la ministra Aagesen de “falta de medios” y de que aún faltan por invertir 320 millones de los 400 millones de euros previstos por los fondos europeos Next Generation para el cuidado de bosques.
También le reprochó que sólo se haya ejecutado el 28% de las partidas destinadas a este efecto y que si no hay más medios es por la “falta de Presupuestos”.
La vicepresidenta tercera respondió que las cantidades para este fin han aumentado un 50% desde 2018 y que el presupuesto europeo no asignado corresponde a los fondos FEDER, de gestión autonómica. Por tanto, la responsabilidad estaría en las autonomías.
La realidad es que la inversión para la prevención de incendios ha bajado un 26% desde la crisis económica de 2008.
El coordinador de riesgos forestales del CSIC Javier Madrigal ha afirmado esta semana en EL ESPAÑOL que es “es necesaria una reflexión sobre los numerosos esfuerzos dedicados a la extinción y una menor cantidad de recursos destinados a la prevención y mitigación" de incendios.
Madrigal es uno de los firmantes de un informe del CSIC presentado en el Congreso de los Diputados el año pasado en el que reclaman que la actuación vaya “de lo local a lo estatal y europeo, e incluyendo actores tanto públicos como privados”. Es decir, que todos los actores se impliquen, en lugar de repartir culpas.
Ámbito rural
En este terreno, la crítica más clara procede de Vox. Su senador Ángel Gordillo le pidió a la ministra de Transición Ecológica que permitan limpiar los montes o participar en la creación de cortafuegos a agricultores y ganaderos.
“Debemos incorporar al mundo rural en las labores de prevención como aliado, no como un enemigo a combatir”, propuso en el Senado.
También el PP insistió en esa línea al ministro de Agricultura, Luis Planas. "El monte que no tiene pasto es muy difícil que se queme y para que no haya pastos un buen aliado es el ganado, que es la mejor prevención contra los incendios", pronunció el senador popular Antonio Luengo.
Planas se limitó a defender la agricultura y la ganadería como respuesta ante el abandono rural. Y Aagesen se centró en un plan de 130 medidas y valorado en 13.000 millones que su Ministerio lanzó en 2022 para luchar contra la despoblación en la España vacía.
Voluntarios ayudando en la extinción de las llamas en Galicia, la semana pasada.
Como contó EL ESPAÑOL hace una semana, en un tercio de la superficie española, considerada zona protegida, las tareas para la limpieza de los montes son farragosas y dependen de una lenta burocracia. Los trabajos están reservados a los técnicos forestales y están sujetos a informes de evaluación ambiental.
Del total de la superficie quemada por estos incendios, un 45% corresponde a estas zonas protegidas de titularidad pública. Y si estas áreas representan aproximadamente un tercio del terreno total, por el porcentaje de superficie quemada se puede deducir que están más expuestas a la propagación del fuego que las demás.
Ningún miembro del Gobierno ha entrado en el debate para modificar la actuación en los espacios rurales.
Pacto de Estado climático
Y esto conduce automáticamente a la última cuestión. La del gran cisma, si los anteriores elementos no eran suficientes. Todos los miembros del Gobierno que se han pronunciado esta semana han llegado a la misma conclusión: el único modo de combatir la emergencia es un pacto de Estado ante la emergencia climática.
Es la tesis de Pedro Sánchez, en la que insistirá también este lunes.
El PP le acusa de recurrir a la “ideología”. Y en los últimos días han dado un paso más en sus declaraciones. La senadora popular Lorena Guerra acusó a Planas de ser “cómplice de las políticas ecoprogres tomadas desde un despacho”.
“Usted es cómplice de criminalizar la ganadería”, le reprochó al ministro, acercándose en este sentido a los postulados de Vox, que condena recurrentemente las políticas ecologistas de la Unión Europea.
El pacto de Estado, por tanto, está aún más lejos que hace dos semanas, cuando lo propuso Sánchez. En el contexto político en el que vivimos, nunca fue una opción factible.
“No es tiempo de buscar rédito político”, han repetido esta semana desde los ministros hasta el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Pero la desconfianza mutua entre ambos partidos y el clima actual de polarización les ha llevado de nuevo a señalar los errores del rival antes que a buscar un mayor entendimiento en el reparto de competencias.
Pasó con la dana y ha vuelto a ocurrir. La semana en la que los políticos debían rendir cuentas en sede pública se cierra con varias comparecencias en falso y una docena de horas de debate de las que extraer pocas posibilidades de enmienda.