Aunque PP y PSOE coinciden en que los incendios forestales requieren más prevención, una mejor gestión del territorio y mayor coordinación institucional, no hay visos de acuerdo político entre los grandes partidos.
¿El motivo? Los socialistas insisten en situar los incendios dentro de la "emergencia climática" y la transición ecológica, mientras que los de Alberto Núñez Feijóo rechazan ese marco al considerarlo "ideológico y polarizador".
La brecha se hace más evidente tras el viaje de Pedro Sánchez a Orense, uno de los epicentros de los fuegos de este verano. Allí propuso un "gran pacto de Estado" que, según dijo, debe dejar "la emergencia climática fuera de la lucha partidista".
Su intención es presentarlo en septiembre. El plan del Gobierno es que todas las administraciones actúen bajo los mismos "criterios científicos".
Porque, en palabras de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, "ni los incendios ni las inundaciones son eventos aislados, sino fenómenos que vienen de la mano del cambio climático".
El PP, sin embargo, acusa al presidente de esconderse tras un "pacto vacío". Ester Muñoz, portavoz en el Congreso, cargó este lunes contra lo que considera "una cortina de humo" para tapar la falta de medios y la tardanza en movilizar recursos del Estado en comunidades gobernadas por los populares.
Ahora bien, ¿qué propone cada partido?
Además de vincular los incendios a la emergencia climática, el PSOE ha presentado distintas medidas para reducir el riesgo: mejorar la gestión de montes con autonomías y ayuntamientos, apoyar infraestructuras forestales y fomentar energías limpias como la biomasa.
El PP, por su parte, plantea reforzar la prevención con una financiación estable que garantice a las comunidades medios suficientes para afrontar cada verano con recursos adecuados.
También reclama mejorar la coordinación entre administraciones, usar drones e inteligencia artificial para detectar fuegos o endurecer las sanciones contra los pirómanos.
Vox coincide en parte con este enfoque, pero añade otras exigencias propias: recuperar métodos tradicionales de limpieza de montes, unificar el mando, reforzar los servicios de emergencia, aprobar un plan nacional de agua y castigar con mayor dureza a los responsables.
En paralelo, Podemos y Sumar, con menos protagonismo en este debate, piden reforzar los servicios públicos ambientales. Señalan la despoblación rural como factor clave y reclaman políticas que mantengan la actividad económica en zonas de riesgo.
Los sindicatos recuerdan que la Ley Básica de Bomberos Forestales, aprobada en 2024, sigue sin aplicarse en ninguna comunidad, ni del PP ni del PSOE. Denuncian que, sin su desarrollo, las mejoras se reducen al convenio estatal firmado con TRAGSA este agosto.
Ese acuerdo regula turnos y descansos de las brigadas BRIF, además de mejorar salarios y mantener técnicos en labores preventivas de invierno. Aun así, advierten de la precariedad y la desigualdad territorial, con plantillas insuficientes.
Protección Civil y los agentes forestales subrayan que la clave es la prevención: planes estables de detección temprana, vigilancia constante, limpieza de montes y cortafuegos.
El impacto económico tampoco pasa inadvertido. La asociación de autónomos ATA reclama ayudas directas y aplazar pagos para los negocios afectados por los incendios.