La próxima semana empieza formalmente el curso político y arranca con el compromiso del Gobierno sobre la mesa de presentar el proyecto de Presupuestos en el Congreso.
Es cierto que otras veces este Ejecutivo ha incumplido ese compromiso constitucional, pero ahora fuentes oficiales insisten en que en esta ocasión sí se hará así.
Con ello se cumpliría el mandato constitucional, pero sólo en parte porque, además, el artículo 134 de la ley fundamental establece un plazo concreto: que se envíe a las Cortes antes de finales de septiembre. Eso sería hacerlo “en tiempo y forma”.
"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", dice el texto en concreto.
Diferentes fuentes del Gobierno, no obstante, ponen en duda que el proyecto pueda salir del Consejo de Ministros antes de finales de septiembre y no descartan que, en el mejor de los casos, las cuentas del Estado tengan que esperar a iniciado 2026 para poder entrar en vigor.
Así lo creen por razones de puro procedimiento y plazos, y también por razones políticas, debido a la fragmentación parlamentaria y las dificultades para el acuerdo.
Por ahora no se ha aprobado el primer trámite, el llamado techo de gasto o senda de déficit y, por tanto, no se ha llevado todavía al Parlamento. Cuando ha habido Presupuestos en plazo, ese trámite siempre se ha cumplido antes de verano.
Ese dato es fundamental porque es el que marca hasta dónde pueden llegar los gastos y, por tanto, determina todas las partidas.
El techo de gasto debe ser negociado con los socios que apoyan al Gobierno para que no ocurra como el año pasado, que fue rechazado dos veces por el Congreso.
En teoría, ese techo de gasto lo negocia el Gobierno desde el pasado mes de septiembre de 2024, aunque no hay noticias de acuerdo o avances.
Todo eso no ocurrirá hasta septiembre, ya con plazos apurados.
Pero, además, Moncloa prevé que el proyecto de Presupuestos tenga una etapa previa delicada: el cumplimiento que exigen algunos de sus socios de compromisos previos adquiridos durante la legislatura y aún no culminados.
Condonación de deuda
Todos esos acuerdos son muy complicados. Por ejemplo, ERC reclama el cumplimiento del pacto para condonar deuda a Cataluña y el avance en la financiación singular de esta comunidad, una especie de concierto fiscal vasco.
Este martes Nació Digital informaba de que el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley sobre la condonación de la deuda del FLA que el PSOE pactó con ERC en noviembre, pero quedaría en cualquier caso por delante un difícil trámite parlamentario sin garantías de que salga adelante.
Sin embargo, en un comunicado hecho público ayer, el líder de ERC, Oriol Junqueras, asegura que trabajan con "el objetivo de que antes de final de año el Congreso de los Diputados dé luz verde a esta condonación".
Respecto al concierto fiscal, hay un problema notable porque lo pactado entre la Generalitat de Salvador Illa y el Gobierno de Pedro Sánchez está muy lejos de las aspiraciones de ERC. Eso sin contar con que su aprobación posterior en el Congreso está muy en el aire.
También Junts tiene exigencias pactadas y pendientes de cumplir. Por ejemplo, la delegación de competencias de inmigración a Cataluña que fue aprobada en Consejo de Ministros, remitida al Congreso y luego frenada en la Cámara ante las dudas sobre su aprobación.
Los de Carles Puigdemont tienen pendiente la aplicación de la amnistía y el reconocimiento de la lengua catalana en la UE, además de otras exigencias que pueda plantear ahora.
En relación a la oficialidad del catalán, el líder de Junts pidió ayer "paciencia". Cree que tarde o temprano se logrará la unanimidad necesaria en Bruselas.
Así lo manifestó en una charla de la Universitat Catalana d'Estiu en el municipio francés de Prades.
Fuentes de ERC y del Gobierno coinciden en admitir que será necesario avanzar sobre esos asuntos antes de negociar los detalles de los Presupuestos.
Incluso Junqueras introdujo este lunes una variable nueva: desdeñó a María Jesús Montero, vicepresidenta primera, como interlocutora para esa negociación.
Y, obviamente, tiene que haber un acuerdo previo entre PSOE y Sumar, los dos socios del Gobierno de coalición.