La agenda de Vox en materia migratoria ha abierto una grieta en el PP. El veto a dos celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas de Jumilla (Murcia) ha aflorado las divisiones internas y la dificultad del PP para mantener un mensaje uniforme.
A nivel local, el PP aprobó en Jumilla una enmienda que limita el uso de los polideportivos exclusivamente a actividades deportivas, dejando fuera actos culturales o religiosos como el rezo colectivo del final del Ramadán o la Fiesta del Cordero. La medida contó con la abstención de Vox, aunque luego celebró la iniciativa como propia.
La alcaldesa popular, Seve González, busca ahora rebajar la polémica. Este viernes negó que se trate de un veto por razones de credo, insistió en que la medida respondía a una "decisión técnica y no ideológica" y anunció que el Ayuntamiento habilitará otros espacios públicos para que la comunidad musulmana pueda celebrar sus festividades.
Una rectificación que choca con el propósito inicial del acuerdo.
En el otro extremo, el PP catalán mostró un apoyo explícito a la medida. El portavoz en el Parlament, Juan Fernández —exconcejal en Badalona y próximo a la línea de Xavier García Albiol—, dijo que "respeta y comparte" la decisión del consistorio murciano.
Fernández sugirió que medidas similares podrían aplicarse en Cataluña en función de cada municipio, y recordó que en Badalona también se limitaron prácticas religiosas por falta de disponibilidad en instalaciones. También criticó el uso del velo islámico.
El PP nacional, a diferencia de sus colegas catalanes, mantiene un perfil más moderado. Desde Génova recuerdan que el 18 de junio se votó en el Congreso contra una moción de Vox que pedía prohibir el velo y el rezo público, calificándola de "rupturista y divisoria".
El posicionamiento del PP catalán se entiende en el contexto de esta comunidad autónoma, donde Junts ha endurecido su discurso sobre inmigración para competir con Aliança Catalana de Silvia Orriols y con Vox, que mantienen un tono beligerante sobre este asunto.
En ese escenario, el partido de Carles Puigdemont ha dejado claro que el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat es ahora su gran objetivo, una bandera con la que Junts pretende contener la fuga de votos hacia Aliança Catalana y Vox.
En Vox consideran que lo ocurrido en Jumilla es un modelo a seguir. El partido de Santiago Abascal presentará mociones similares en otros ayuntamientos donde tenga capacidad de influencia.
De hecho, Abascal elogió este viernes sin matices la decisión adoptada en el municipio murciano. En sus redes sociales defendió la necesidad de "proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura" y afirmó que "España no es Al Ándalus"
Defensor del Pueblo
La polémica de Jumilla ha llevado al Defensor del Pueblo a abrir una investigación para determinar si la medida vulnera derechos fundamentales.
El organismo que dirige Ángel Gabilondo ha pedido información al Ayuntamiento de Jumilla sobre las razones de la reforma del reglamento y si se han tenido en cuenta los derechos constitucionales de libertad religiosa e igualdad ante la ley.
Mientras, desde el Gobierno insisten al PP en dar un paso atrás y pedir perdón tras la moción "xenófoba" de Jumilla, un "bochorno internacional" que, según el Ejecutivo, propicia un "destierro masivo al inocular miedo a la población migrante".
Así lo afirmó este viernes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que denunció que la medida se ha aprobado "para sacar adelante unos presupuestos, por un dictado de Vox.
Saiz advirtió de que localidades como Jumilla, con un 20% de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, "colapsarían sin esta población migrante. También denunció el "silencio cómplice" del PP, al que acusó de estar dispuesto a pactar presupuestos aunque "pisotee los derechos de la ciudadanía, recordando que la Constitución ampara la libertad religiosa.