El último decreto del Gobierno sobre la reubicación de los más de 3.350 menores extranjeros no acompañados (menas) actualmente tutelados Canarias hacia otras Comunidades Autónomas ha desatado la indignación en el Ejecutivo insular.
Según la interpretación del Ejecutivo de las islas, los 100 millones de euros que aportará el Estado darán "para sólo tres meses", en las regiones peninsulares. Y los 40 millones de euros aprobados para las islas, no solucionarán más que nueve días de atención a los que se quedan.
La Consejería de Bienestar Social critica la decisión de Moncloa de "no aumentar el gasto público" ni "el personal", tal como recoge la disposición adicional segunda del texto legal aprobado el pasado 22 de julio, a pesar de "la magnitud de la crisis migratoria que vive el archipiélago".
Fuentes cercanas a la consejera Candelaria Delgado se preguntan "cómo lo van a hacer, porque la subdelegación en Tenerife tiene muy poco personal. Por lo menos deberían aumentar el personal en donde se decrete la contingencia migratoria".
Es decir, en las islas y en la ciudad autónoma de Ceuta, que a su emergencia social y financiera añade que el fin de semana pasado llegaron 70 menas más en un solo día.
"Por supuesto, con 100 millones no da sino para 3 meses de financiación", lamentan estas fuentes, que insisten en que "el Ejecutivo de Canarias comprende las reticencias de las CCAA receptoras". Su denuncia hace referencia directa a las previsiones presupuestarias incluidas en el decreto, que establecen el reparto de fondos sólo para el periodo inicial del proceso.
Según ha podido saber este diario, el presidente Fernando Clavijo y la consejera Delgado se molestaron mucho al conocer el alcance real del texto legal. "¿Qué pasará después, cuando se acabe ese dinero, o cuando sigan llegando menores?", se preguntan desde el Gobierno insular.
Añaden que "el Gobierno está trabajando sin planificar. Y sólo todo está pensado en los niños que ya están aquí. Pero los que lleguen a partir de septiembre, según los decretos ya salen sí o sí de las islas... y en esos no han pensado, ni han puesto dinero ni parece que lo vayan a poner".
En opinión del equipo de Clavijo, la improvisación es la política estatal sobre la tutela de menores migrantes. "Y encima", lamentan, "van saliendo las denuncias que pusimos en fiscalía y ya están cerrando centros por acusaciones de maltrato a los menores... que bastante poco hemos tenido para el volumen de chavales que tenemos".
Aun así, los miembros del Gobierno canario se felicitan de que, "por lo menos, Moncloa se compromete a que en 15 días ya vayan saliendo los menores peticionarios de asilo".
Las CCAA receptoras
El malestar no es sólo canario. Las comunidades de la Península han presentado más de una decena de recursos ante el Tribunal Constitucional contra el "decretazo" del Gobierno.
Las autonomías receptoras coinciden en criticar la insuficiencia de los recursos financieros fijados por Madrid. "Con 35 euros al día por mena que pone el Gobierno ahora, ya nos dirás cómo les atendemos", explican fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha. "Hasta ahora ponían 145 euros al día por menor".
El presidente socialista castellano-manchego, Emiliano García-Page, abordó este asunto directamente con Clavijo, su homólogo canario en una reunión este miércoles, en Toledo.
Ambas partes reconocen la escasez de fondos asignados y la dificultad de asumir la emergencia actual. Desde Canarias, aunque comprenden las reticencias de las regiones receptoras, dirigen la crítica a lo que denominan "inacción" y falta de "solidaridad" del Ejecutivo central.
Pero Page deja claro que él cumplirá la ley: "Tengo que decir que nos gustara o no, no hubiéramos ni siquiera recurrido si se hubiera mantenido en los consensos de 2024", recuerda, evocando los acuerdos previos entre gobiernos autonómicos que se rompieron por los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas.
Desde Galicia, el discurso es similar y añade datos que explican el reto económico y social. "Un menor extranjero no acompañado vale muy caro: los adultos son tres comidas, cama, seguridad social, etc… pero los menores son atenciones 24 horas", apuntan fuentes del gobierno de Alfonso Rueda.
Lamentan, además, la rebaja en la financiación estatal. "No daban 145 euros al día, el primer año de cada mena pactado... ¡y muchos llegan con 12 años!". El resto, recuerdan, "lo pagábamos las CCAA... porque es que, además, no se les echa del sistema cuando cumplen 18, se termina su itinerario, para que se integren de verdad en la sociedad".
En Galicia, la presión es doble: en primer lugar, por la saturación de recursos profesionales para atender a los nuevos 700 jóvenes que planea enviar el Gobierno central; en segundo, por la diferencia radical en la financiación prevista en el nuevo paquete –apenas 35 euros al día por menor–.
"Ellos mismos", por Moncloa, "dijeron que la financiación era sólo para preparar la recepción", denuncian desde la Xunta.
"Nuestro sistema lleva cuatro décadas funcionando muy bien, con menores nacionales y extranjeros, atendidos indistintamente según nacionalidad, sólo los separamos en función de sus necesidades, no de origen. Pero para estos 700 que nos quiere traer el Gobierno de España, de golpe y porque sí, nos van a dar 35 euros por niño al día... es decir, nada".
Las críticas adquieren también un cariz político: "Son muchos profesionales atendiendo cada centro, pero el Gobierno juega a eso, matan dos pájaros de un tiro: por un lado, pactan con Carles Puigdemont favorecer a Cataluña y por otro, en algunos territorios tensionan mucho".
Aunque en Galicia, matizan, "por suerte, no tenemos a Vox", la realidad es que la polarización avanza. "Porque la intención de Sánchez es evidente, los chavales no les importan nada, y a las CCAA peninsulares nos obliga a crear una 'cárcel' de menores".