El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya reconoce que el Gobierno no va a poder cumplir una de las principales promesas sobre las que se sustenta la legislatura: el cupo catalán para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos.
El propio Ángel Víctor Torres escenificó el pasado día 14 en Barcelona el acuerdo con el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, para que la Administración autonómica pueda recaudar a partir del próximo año la totalidad del IRPF que se paga en la región.
Es sólo el primer paso de la financiación privilegiada prometida a ERC en julio de 2024, para que los independentistas apoyaran la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Según lo firmado con ERC en 2024, este modelo ha de funcionar como el concierto vasco: la Administración autonómica recaudará la totalidad de los impuestos y luego se acordará la cantidad que entrega al Estado por un doble concepto: por un lado, el pago por el coste de los servicios públicos que el Estado aún sufraga en Cataluña, y por otro la solidaridad con el resto de regiones.
Este último concepto, según lo firmado por ERC, ha de estar limitado por el principio de "ordinalidad": es decir, que Cataluña no pierda posiciones respeto al resto de CCAA, como resultado de la cuota de solidaridad entregada a la caja común.
Pero en un foro celebrado este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, el ministro de Ángel Víctor Torres redujo a meras "aspiraciones" de los independentistas los compromisos firmados por el PSOE con ERC, y se mostró muy pesimista sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda cumplirlos.
"Ellos son conscientes de que muchas de esas aspiraciones", indicó, "que están colocadas en el acuerdo como aspiraciones, no las van a conseguir si no hay un acuerdo mayoritario", explicó el ministro de Política territorial.
Al respecto, recordó que el modelo prometido a ERC exige modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (lo que precisa una mayoría absoluta de 176 diputados en el Congreso), así como la ley que regula la financiación de las autonomías de régimen común y otra ley específica de cesión de tributos a la Generalitat.
Tal como admitió Torres de forma implícita, el PSOE no cuenta en estos momentos con la mayoría absoluta para modificar la Ley Orgánica de Financiación; esta reforma cuenta con el rechazo de varios de sus socios (como el BNG o Compromís, que denuncian el agravio a sus respectivas regiones).
Durante su participación en el Foro Prensa Ibérica, en Las Palmas de Gran Canaria, el ministro recalcó que el acuerdo cerrado el pasado día 14 con la Generalitat no incluye el principio de "ordinalidad" que el PSOE prometió a ERC, lo que implica otro incumplimiento.
ERC ya ha anunciado que no apoyará ni los Presupuestos Generales del Estado, ni los de la Generalitat, si el Gobierno no cumple estas condiciones del acuerdo de investidura de Illa.
Aquel acuerdo implica la ruptura de la caja común y la salida de Cataluña del régimen general de financiación autonómica.
Pero Ángel Víctor Torres también descartó por completo esta posibilidad el sábado. Recordó que debe ser aprobada en el Consejo de Política Económica y Fiscal, donde recibirá el rechazo de todas las CCAA. "No se va a dar", admitió.
También de algunos presidentes autonómicos del PSOE, como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias).
Por último, el ministro de Política Territorial reafirmó el compromiso de presentar el proyecto de Presupuestos del Estado de 2026, pero admitió que tiene muy pocas posibilidades de salir adelante.
No sólo cuenta con el rechazo del PP, sino también de algunos de sus socios parlamentarios como Podemos, que ya ha anunciado unas condiciones inasumibles: que España salga de la OTAN y que el Gobierno revierta el incremento del gasto militar.
"No soy optimista, porque hay un partido que cree que Sánchez está muerto, debería rendirse y abandonar", dijo en alusión a la posición del PP.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se borró de la foto del acuerdo alcanzado el pasado día 14 en Barcelona, ya que como candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía le resulta difícil explicar el trato privilegiado prometido por el Gobierno a Cataluña.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha denunciado que el cupo catalán dificultará la lucha contra el fraude y es inconstitucional, ya que crearía una situación privilegiada que restaría recursos al resto de comunidades autónomas.
El presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, ha prometido que empleará "todos los instrumentos necesarios" para evitar que se consume "la ruptura del régimen común" de financiación autonómica, que detraería recursos necesarios para garantizar los servicios públicos en las regiones menos favorecidas.
Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha denunciado que el acuerdo suscrito a Cataluña responde únicamente a los "chantajes y favores" que el presidente Pedro Sánchez tiene que pagar para mantenerse en la Moncloa.