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El presidente socialista asturiano, Adrián Barbón, ha dado el paso que le faltaba en su enfrentamiento con Pedro Sánchez por el cupo catalán. Hasta ahora, el líder asturiano había evitado la confrontación directa, pero ya se ha comprometido a "utilizar todos los instrumentos necesarios" contra "la ruptura del régimen común" de financiación autonómica.

Este lunes, lleva al Parlamento regional una proposición no de ley (PNL) en ese sentido, presentada por su grupo, junto a Izquierda Unida y la diputada Covadonga Tomé, ex de Podemos y hoy en el Grupo Mixto.

El texto, al que ha accedido EL ESPAÑOL, marca la ruptura del barón asturiano con la política de concesiones fiscales a Cataluña y suma a Barbón a la ofensiva activa que ya lideraba el castellano-manchego Emiliano García-Page.

El hasta hace poco leal barón sanchista se había limitado a advertir crípticamente que "siempre defendería los intereses de los asturianos". Ahora, pasa a la acción para combatir el modelo de financiación pactado entre Moncloa y la Generalitat.

Lo hace apoyándose en un acuerdo de todos los partidos autonómicos "salvo Vox", firmado en 2020 y en la denominada Declaración de Santiago, rubricada en 2021 por ocho gobiernos regionales, y liderada por Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta de Galicia.

Asturias, gobernada por el PSOE, completa de este modo el total de Comunidades Autónomas del régimen común contrarias al cupo catalán. Este lunes, su Parlamento someterá a votación la citada PNL, en la que se explicita que el Principado no aceptará "ningún modelo que privilegie a unas Comunidades Autónomas en detrimento de otras".

El origen del terremoto político está en el acuerdo oficializado el pasado 14 de julio entre el Gobierno central y el Govern catalán.

La "financiación singular"

El documento, nacido del acuerdo entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa el pasado agosto, fija los plazos para que Cataluña recaude el 100% del IRPF en 2026 y fija una hoja de ruta para la "recaudación, gestión, liquidación e inspección" de todos los impuestos soportados en la región.

Según detalla el acuerdo, esa "financiación singular" permitiría a la Generalitat, después, calcular un "pago por los servicios" que todavía prestase el Estado en la región y una "cuota de solidaridad" limitada por el "principio de ordinalidad".

Es decir, un modelo basado en el sistema foral vasco y navarro, pero para Cataluña, a pesar de que la Constitución no contempla más "derechos históricos" que los de las dos comunidades forales.

Por eso, la PNL que impulsa el PSOE asturiano de Barbón exige que la reforma de la financiación autonómica se haga "a través de una negociación multilateral entre las Comunidades Autónomas que evite cualquier ruptura del régimen común".

Y defiende que cualquier acuerdo se sustente "en los principios de igualdad, equidad y solidaridad en la prestación de los servicios públicos", en abierto rechazo a la solución bilateral pactada con Cataluña.

El texto de la PNL recuerda que en 2020, todos los grupos de la Junta General, "excepto Vox", y el Gobierno asturiano "suscribimos un acuerdo en torno a una posición común para la reforma del sistema de financiación autonómica".

"Respeto al consenso" autonómico

Y que ese "consenso" se trasladó después a la citada Declaración de Santiago de 2021, firmada junto a Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Cantabria. El documento fue recientemente ratificado por Barbón, junto a los actuales presidentes populares de Galicia, Alfonso Rueda, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La PNL de Barbón reclama ahora "reafirmar el acuerdo suscrito en el año 2020 para reivindicar de nuevo con firmeza la necesidad de impulsar una reforma del sistema de financiación que atienda al coste real de los servicios públicos", teniendo en cuenta las "peculiaridades de Asturias, como son el envejecimiento, la dispersión o la orografía".

Asturias insiste en que "la reforma del modelo de financiación autonómica debe abordarse desde una negociación multilateral que garantice la continuidad de todas las Comunidades Autónomas que forman parte del régimen común dentro del mismo". Y reclama evitar "cualquier ruptura del régimen común de financiación".

Más allá del diagnóstico, la propuesta política del PSOE asturiano e IU contiene tres líneas rojas. Primero, insta a "solicitar al Gobierno de España la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para, a través de una negociación multilateral, acordar las bases del nuevo modelo de financiación".

Segundo, exige "rechazar, como ya ha hecho en otras ocasiones, la ruptura del régimen común de financiación y cualquier modelo que privilegie a unas Comunidades Autónomas en detrimento de otras".

Y tercero, Barbón se refuerza en su combate al pacto de Sánchez con los independentistas, advirtiendo que el Ejecutivo asturiano debe "utilizar todos los instrumentos necesarios, si fuera preciso, para defender los intereses de Asturias".

Pulso interno en el PSOE

La decisión de llevar estas demandas al pleno, materializadas en esta PNL, marca un salto de Barbón de la discreción a la confrontación abierta.

La rebelión de Barbón se suma, de este modo, a la encabezada por Page y acerca posiciones con regiones gobernadas por el PP. El documento expresamente denuncia el "acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat".

La advertencia es clara: si se impone un modelo "singular" para Cataluña, los socialistas de Asturias pasarán a la oposición interna en el PSOE.

Barbón ha subrayado que espera el apoyo "sin matices" de todos los grupos a su PNL, frente a otro texto impulsado por el PP de la región. "Nuestra propuesta no la manda nadie desde Madrid; nace aquí, del consenso asturiano".

Para el barón socialista asturiano, lo que está en juego "es la viabilidad de nuestros presupuestos futuros". Y así lo hace constar en el texto que somete a votación el lunes, advirtiendo que la lucha contra la financiación privilegiada de Cataluña es "vital para sanidad, educación y dependencia en Asturias", una región especialmente golpeada por la demografía.

"Esto tendrá consecuencias, y no vamos a renunciar a ningún instrumento, político o legal, que nos ampare", ha advertido.