Albert Dalmau, conseller de Presidencia del Govern de Salvador Illa, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial de Pedro Sánchez, se daban palmadas mutuamente, sonriendo satisfechos, por el acuerdo alcanzado en la comisión bilateral Cataluña-Estado. La llamada "financiación singular" tenía, por fin, cara y ojos. Es decir, sus primeras concreciones y plazos.
Y aunque el documento que ambos firmaron, de seis folios, es producto de los acuerdos del PSOE y del PSC con los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), lo mollar del pacto le afecta al resto de Comunidades Autónomas: este lunes quedó establecida la imposición de cómo será el nuevo modelo de financiación autonómica del régimen común.
Eso dice querer Moncloa. Eso dice ofrecer la Generalitat. Y eso parece no importar demasiado a Oriol Junqueras.
Porque el presidente de ERC ha sido consultado, en las últimas semanas, de cada línea que se le añadía al texto: "Si queremos la financiación singular", explica una fuente de Esquerra, "nos la tienen que aprobar todos", o lo que es lo mismo, otros partidos y otras regiones, "porque hay que reformar la LOFCA".
Es decir, la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA, que precisa de mayoría absoluta en el Congreso.
Pero eso es algo que está muy lejano.
Primero, por el rechazo de todas las demás regiones a las que la Constitución no les reconoce "derechos históricos": las de gobiernos populares, socialistas y en coalición.
Y segundo, como mínimo, porque los separatistas de Carles Puigdemont, la derecha de Junts, califica de "café para todos" el pacto, lo rechaza de plano y hasta se mofa de ERC: "Es una tomadura de pelo de Sánchez a ERC".
La imposición
El preámbulo del acuerdo conocido este lunes justifica la imposición de un "nuevo modelo de financiación" a todo el resto de España, negociado bilateralmente por el Gobierno y el Govern, en que "Cataluña siempre ha liderado" estos procesos. Y eso es cierto, pero sólo en parte.
Algo parecido ya ocurrió así en 1993, con Felipe González; en 1996, con José María Aznar; y en 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero.
En los dos primeros casos lo que pasó es que para lograr sendas investiduras, el socialista y el popular pactaron con aquella CiU la cesión de una parte del IRPF (15% primero, y 30% después), pero el modelo de financiación se pactó entre todas las CCAA, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Con Zapatero la cosa fue más allá, porque él y José Montilla (líder del PSC que gobernaba en coalición con ERC) idearon el armazón del sistema, pero se guardaron las formas.
Ahora no ocurre así. Éste será el modelo "generalizable", el único que se ofrezca a todas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque así lo necesitan Illa y Sánchez para no perder sus mayorías.
Y la Comunidad Autónoma que quiera podrá acogerse a él, "según su voluntad de autogobierno".
También dice la exposición de motivos que, en realidad, esto se hace así porque Cataluña ha ido asumiendo más y más competencias a lo largo de estos años. Que eso ya indica un "hecho diferencial". Y que por eso, tiene sentido que se le entreguen más fondos.
Las artimañas
Lo que no aclara es que, en realidad, no se le dan más fondos, sino que se cambia el "paradigma", como tratan de exponer Moncloa y la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, para pretender hacer compatible lo de "singular" y lo de "federal".
En realidad, el objetivo es que la Generalitat tenga "la caja y las llaves de la caja", como presumen en una explicación muy gráfica fuentes de ERC, en conversación con este diario.
Es decir, que será el Govern quien, al final del proceso, "recaude, gestione, liquide e inspeccione" todos los tributos "soportados en Cataluña". Que es lo que sí se dijo en el pacto de agosto de 2024 para investir a Illa.
Y que una vez que sea así, la Generalitat entregará una parte al Estado "por los servicios" que éste ofrece en la región, y otra parte en concepto de "cuota de solidaridad".
Pero es aquí donde comienzan las artimañas, ya que una lectura sosegada del documento revela que, a partir de aquí, cambia el sujeto de las afirmaciones. Ya no se habla de las dos partes "pactan" o "acuerdan", sino que "Catalunya [sic] considera" o "por parte de la Administración General del Estado se considera"...
Porque es únicamente la parte catalana la que dice que la "aplicación" del cálculo de lo que se pague por solidaridad es necesario que "no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final". O lo que es lo mismo, que el límite de la "contribución al bienestar de los ciudadanos de las otras CCAA" no cambie a la región de posición en las "balanzas fiscales".
Y porque es sólo el Gobierno central el que afirma que el "despliegue de la Hacienda catalana" es "compatible" con "un modelo tributario federal". O con "un modelo de gestión tributaria en red, con participación de la AEAT y las Administraciones Tributarias autonómicas".
Es decir, que la parte estatal trata de colar una especie de norma común.
Pero esta idea, aunque rebajada a la categoría de "reglas de coordinación" y sin mención alguna a capacidades coercitivas para hacer cumplir a la otra parte, ya provocó las reticencias de ERC y el rechazo de plano de Junts.
Los de Junqueras confirmaron este lunes que presentarán, en pocas fechas, una proposición de ley para la reforma de la LOFCA que "despeje cualquier duda de que no aceptaremos ninguna tutela de la Agencia Tributaria estatal". Y los de Puigdemont reincidieron en su argumento de que "no hay nueva financiación y, sobre todo, no es singular".
Los detalles
El anuncio de este lunes, en realidad, ya se hizo en noviembre de 2023, y en agosto de 2024.
La investidura de Pedro Sánchez precisó de los votos de Esquerra Republicana, y el compromiso de la "financiación singular" lo firmaron Félix Bolaños y Oriol Junqueras. Nueve meses después, Salvador Illa también precisó de los votos de ERC en el Parlament, y la entonces líder separatista, Marta Rovira, negoció con María Jesús Montero tanta concreción que ya se le llamó "cupo catalán".
De modo que este 14 de julio de 2025, simplemente, se ha representado una ceremonia que fue calificada de "operación de marketing del PSC", según las fuentes consultadas en el entorno de Junqueras.
Para los ideólogos de la "financiación singular", lo anunciado es "sólo un paso para recaudar un único impuesto", y aunque se "agradece" el gesto de "alimentar la confianza" en "este momento" por la oleada de casos de corrupción que cercan al Gobierno, al PSOE y al propio Sánchez, "lo firmado es toda la capacidad normativa sobre todos los impuestos".
Por otro lado, el documento concitó el rechazo unánime de todas las autonomías del régimen común: las del PP (incluida Canarias, gobernada en alianza por Coalición Canaria y los populares) y también las del PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha.
Más allá de las apelaciones a la "unidad de España" y a la "igualdad de los españoles", las fuentes consultadas en estos gobiernos regionales, bajando al texto, señalan un detalle paradójico y "recentralizador" en el punto 1.d) del articulado: "[...] la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja".
Varios Ejecutivos autonómicos del PP reseñan, de acuerdo con la opinión imperante en Génova, que lo reflejado en el acuerdo Gobierno-Govern "no sólo va en contra del espíritu constitucional por darle más derechos a unos ciudadanos según en qué territorio vivan".
Es que, además, "mientras se rompe la caja común a la medida de los secesionistas, recentralizan en lo que les conviene", eliminando autonomía fiscal, "para tapar la verdadera causa de todo esta mentira... que si Cataluña tiene servicios deficientes y una deuda enorme es por su mala gestión y la locura del procés".