El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para un nuevo modelo de "financiación singular" en esta comunidad.
De esta manera, las autoridades autonómicas podrán recaudar todo el IRPF, de forma que pasen de los 5.000 millones actuales a unos 30.000 ya en 2026, según las previsiones que manejan Gobierno central y Generalitat.
Sin enmbargo, por el momento desde Cataluña no cuentan con los recursos suficientes para afrontar esta cuestión.
Ángel Víctor Torres ha asegurado que este modelo "sienta las bases para que se tengan en cuenta las singularidades de Cataluña, al igual que el resto de comunidades autónomas". Y ha insistido en que el resto de territorios también podrán acogerse a otros métodos de financiación.
El sistema de financiación autonómica lleva caducado desde 2014 y "estaba pendiente de actualizar", ha puntualizado el ministro del ramo tras la reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, celebrada este lunes en el Palacio de la Generalitat.
Así, desde el Gobierno pretenden que se abra un debate más amplio para modificar la financiación autonómica.
Junto a Ángel Víctor Torres ha comparecido el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, quien ha asegurado que este modelo supone un "cambio de paradigma" en su relación con el Estado.
Sin embargo, desde Junts aseguran que se trata de un acuerdo "decepcionante", ya que no supone un "concierto económico", como ellos desean.
El vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, ha eludido anunciar el sentido de su voto cuando la ley que desarrolle este pacto se tramite en el Congreso de los Diputados, pero ha dejado la puerta abierta a tumbarla.
"No hay nuevo modelo de financiación, ni singular ni plural", ha mantenido Castellà. Además, ha afirmado que el pacto no supone "ni un euro más" para Cataluña.
Autoridades no preparadas
El planteaminento es que las autoridades catalanas sean capaces de recaudar todo el IRPF que se genera en Cataluña y que después esta comunidad pague una aportación directa al Estado.
El ministro de Política Territorial se ha referido a ello como un mecanismo de "solidaridad transparente", que se basará en criterios objetivos. Si bien, no se han concretado las cantidades ni cuáles serán esos criterios para definir la aportación.
El sistema no difiere demasiado del concierto vasco, pese a las críticas de Junts.
Sin embargo, el conseller Dalmau ha reconocido que la Agencia Tributaria Catalana no está preparada todavía para asumir la totalidad del impuesto sobre la renta, que en total supone 30.000 millones de euros.
Por ello, tanto la Generalitat como el Gobierno central se comprometen a otorgar "más competencias" a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y así avanzar "en su autogobierno en materia de autonomía fiscal y financiera", tal y como defiende la nota de prensa del Ejecutivo catalán.
Además, la Generalitat también trabaja en un plan director junto con Indra para dotar al organismo de capacidad técnica y más recursos humanos, sobre el que el Govern, aseguran, dará más detalles la próxima semana.
Impulso con ERC
La firma del acuerdo, que figuraba como el primer compromiso para que ERC facilitara la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, llega en un momento de gran debilidad para Pedro Sánchez, quein debe fortalecer las relaciones con sus socios.
De esta forma, en Moncloa esperan que lo firmado en Barcelona ratifique el apoyo de los republicanos en Madrid.
El Ejecutivo espera que el pacto pueda establecer reformas en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), aunque de nuevo es Cataluña la región que ve modificada su estatus a través de un acuerdo bilateral.
ERC, que ha participado en las reuniones con PSC y PSOE, ni siquiera se fía de este compromiso y ya trabaja por su cuenta en una modificación de la LOFCA que habilite a las autonomías para gestionar el IRPF, independiente del nuevo modelo anunciado este lunes.
Los republicanos seguirán negociando, siempre con la amenaza de hacer caer a ambos Ejecutivos y desencantados, por ahora, con "la falta de plazos y cifras concretas" expuestos durante la bilateral.