El Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña de Salvador Illa negocian in extremis un acuerdo para que, a partir de 2026, la Agencia Tributaria de Cataluña recaude el 100% del IRPF generado en la comunidad.
Esto es lo que prevé anunciarse el lunes que viene, tras la reunión de la comisión bilateral Cataluña-Estado, según fuentes cercanas a la negociación.
Este movimiento, presentado como un primer paso hacia la llamada "financiación singular", responde a la presión ejercida por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en las últimas fechas.
El pasado 18 de junio, en su reunión con el presidente en Moncloa, Gabriel Rufián condicionó el mantenimiento de su apoyo, en medio de la oleada de escándalos de corrupción en el Gobierno, el PSOE y el entorno de Sánchez a dos puntos.
Por un lado, a que el asunto no "escalara" a un caso de "financiación ilegal" del partido. Y por otro, a darle "incentivos" en forma de "avances" en lo acordado.
El también conocido como "concierto" o "cupo catalán" se pactó entre el PSOE y los republicanos para la investidura de Sánchez, en 2023. Y después, se concretó con detalles, hitos y plazos para la de Illa, en agosto de 2024.
Tres días después, el presidente recibió al president en Moncloa. La reunión fue secreta, y no se ofrecieron detalles de su contenido, pero este periódico pudo confirmar que sirvió para acordar un acelerón en este sentido, cuando el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya advertía de que acababa el primer plazo.
Así, este inminente pacto, sin embargo, llegará tras meses de negociaciones tensas y con plazos incumplidos. El acuerdo PSC-ERC para la investidura de Illa establecía que, antes del 30 de junio de 2025, debía estar ya definido un nuevo modelo de financiación basado en la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos por parte de la Generalitat.
La realidad es que, a día de hoy, sólo se pretende dar un primer paso: la recaudación, pero no la gestión ni la inspección, y mucho menos la capacidad normativa plena.
Recaudación sin gestión
Según las citadas fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo alcanzado supone que la Generalitat hará el "trabajo sucio" de recaudar el IRPF, pero deberá transferir íntegramente los fondos a la Hacienda estatal.
No podrá gestionar, liquidar ni inspeccionar el impuesto, como aspiraba ERC y como recogía el acuerdo de investidura.
Este modelo, de momento, se limita a cambiar el canal por el que se recaudan los impuestos, pero no altera el reparto ni la autonomía financiera de la Generalitat. Los funcionarios catalanes recaudarán el dinero, pero deberán transferirlo íntegramente a la Hacienda española, que seguirá calculando las entregas a cuenta y liquidando los saldos pendientes, como hasta ahora.
Fuentes republicanas admiten que el avance es "insuficiente" y que la verdadera meta es "una financiación justa", que permita a Cataluña disponer de los recursos necesarios para hacer frente a sus necesidades y garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
"Recaudar es sólo el papel de cobrador de impuestos; de nada sirve si no gestionas el dinero", resumen. La verdadera batalla, advierten, será conseguir la "caja y la llave de la caja".
Y para decidir cuánto dinero se queda y cuánto aporta al Estado, como ocurre en el modelo foral vasco, aún hará falta mucho más que un acuerdo de última hora.
Aceleración y 'marketing'
La aceleración de las negociaciones responde a varios factores políticos. Por un lado, a las presiones de ERC con su apoyo parlamentario.
Por otro, a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encuentra en una posición delicada: además de ser la número dos del Gobierno y del PSOE, es candidata a la Junta de Andalucía, y no puede permitirse aparecer como la artífice del "cupo catalán" y aspirar a un buen resultado en las autonómicas, para las que queda menos de un año.
A esto se suma la crisis interna del PSOE, con escándalos de corrupción que han debilitado la posición de Sánchez. Emiliano García-Page calificaba este jueves la cesión del IRPF a Cataluña como "el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles", y anunció que no se quedará "de brazos cruzados" ante lo que considera una ruptura del principio de solidaridad interterritorial.
Por eso, se programó la reunión de la comisión bilateral este 14 de julio, "para buscar algo que anunciar", y después, según las fuentes, se buscó un acuerdo rápido que presentar. "Es una operación de marketing del PSC con poco contenido dentro", apuntan fuentes de ERC:
Obstáculos técnicos y políticos
En el documento de investidura de Illa se establece que la Generalitat debe hacerse cargo integralmente del 100% de "todos los tributos" soportados en Cataluña, y "aumentar sustancialmente su capacidad normativa".
Como contraprestación, prevé una "aportación catalana" a las finanzas del Estado por el coste de los servicios que éste presta en la región y una "cuota de solidaridad" temporal, limitada por "el esfuerzo fiscal" de las autonomías beneficiarias y "el principio de ordinalidad".
El acuerdo también contempla la reforma de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), que requiere mayoría absoluta en el Congreso, y la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat para gestionar las inversiones estatales en Cataluña.
Todo ello, con el objetivo de superar la "infrafinanciación crónica" que, según los firmantes, sufre Cataluña desde hace décadas.
Pero sólo este primer "y escaso" paso ya plantea numerosos "retos técnicos y políticos".
Entre ellos, el traspaso de funcionarios de la Agencia Tributaria estatal a la catalana, la adaptación de los sistemas informáticos o la creación de nuevos formularios en todas las lenguas cooficiales.
Sin contar con la elefantiásica operación de comunicar y gestionar con todas las empresas de la región "algo tan simple como el cambio de número cuenta" al que deben ingresar las retenciones, "del estatal al catalán".
Pero es que además, las negociaciones están desarrollándose en un formato peculiar: aunque la comisión bilateral Estado-Generalitat es la encargada formal de pactar los detalles, ningún paso se da sin consultar previamente a ERC.
El partido de Junqueras, que fue quien pactó el acuerdo con los socialistas catalanes, mantiene un control férreo sobre el proceso, lo que añade un componente político y de oportunidad a un desarrollo técnico ya de por sí complejo.
"Financiación justa"
La figura de la vicepresidenta Montero ha sido "un escollo grave" en estos últimos meses, según fuentes de Esquerra. "Ha habido meses de parón" por su "doble condición de candidata en Andalucía", lo que le obliga a moverse con cautela.
Este portavoz oficial de ERC admite que entienden su situación, pero advierten de que sus intereses no pueden quedar supeditados a los equilibrios internos del PSOE. "Sin ERC no hay legislatura", recuerdan, y eso también perjudica los intereses de Montero.
La aritmética parlamentaria complica aún más la situación. La reforma de la LOFCA y la aprobación de un modelo de financiación singular para Cataluña requieren mayorías absolutas en el Congreso, lo que obliga a buscar el apoyo de otras formaciones y, esencialmente, otras Comunidades Autónomas.
Ésa es una de las razones por las que ERC insiste en evitar el apelativo de "financiación singular". Ahora se prefiere hablar de "financiación justa". Porque, por un lado, "es lo que merece Cataluña", y por otro, "porque si queremos sacarla adelante, hace falta que la voten los demás".
La oposición, por su parte, acusa al Gobierno de Sánchez de "ceder ante el chantaje de los independentistas" y de poner en peligro la unidad de España "y la igualdad de los españoles".
El PP ha anunciado que recurrirá cualquier acuerdo que suponga una ruptura del "principio de solidaridad".