De Equipo Económico de Cristóbal Montoro a Acento de Pepe Blanco, la falta de regulación de los lobbies en España permite moverse a los expolíticos en una delgada línea que separa lo legal de lo delictivo.
Montoro y otros nueve altos cargos del Gobierno de Rajoy han sido imputados por cambiar leyes fiscales a favor de empresas gasistas que pagaron 779.000 euros al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro.
Por su parte, José Luis Ábalos y Koldo García han apuntado a Pepe Blanco, presidente de Acento, como el jefe de una red de influencia para conseguir contratos en el Ministerio de Transportes.
La laxitud de la Oficina de Conflictos de Intereses juega a favor también de los políticos para incorporarse a una actividad profesional, o montar su propio despacho, mientras mantienen una gran influencia en departamentos o áreas que han dirigido durante años.
Cada año, la Comisión Europea somete a los Estados miembros de la UE a examen en materia de Estado de derecho. Desde 2020, Bruselas elabora un informe anual en el que analiza la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y el equilibrio de poderes en cada país.
Para España, estos dictámenes han supuesto siempre un amargo trámite. Los comisarios europeos de Justicia —primero, el belga Didier Reynders y ahora, el irlandés Michael McGrath— han ido endureciendo las evaluaciones y las recomendaciones al Gobierno de Pedro Sánchez.
Y la última edición, publicada la semana pasada, vuelve a suspender a España en materia de transparencia y control de la influencia de los grupos de interés: los lobbies.
La preocupación de Bruselas sobre este punto es creciente. En 2020, el informe mencionaba la ausencia de regulación sobre lobbies sólo en tres ocasiones. Una de ellas era para dar cuenta de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había trasladado a Bruselas sus intenciones de avanzar en una ley específica.
Cinco años después, ese proyecto de ley sigue atascado en trámites del Ejecutivo y las advertencias de la Comisión han pasado a multiplicarse: en el último informe, el término "lobby" o "grupo de interés" se repite hasta 13 veces.
Registro obligatorio de lobistas
El informe recuerda que España "carece de una normativa estatal" que exija transparencia y rendición de cuentas a los grupos de interés. Sólo algunas Comunidades Autónomas y municipios han impulsado normas en este ámbito.
Y la Comisión vincula esta deficiencia con la potencialmente corruptora influencia de los lobbies. Los grupos de interés con más y mejor acceso a las Administraciones Públicas suelen estar pilotados por expolíticos con experiencia en cargos de decisión, como exministros, o exsecretarios de Estado, como es el caso del ahora imputado Cristóbal Montoro (Equipo Económico), o de otros como Gaspar Zarrías (Zaño), Alfonso Alonso o José Blanco (Acento).
La creación de un "registro obligatorio de lobistas", uno de los reclamos históricos de Bruselas, sigue pendiente. Lo mismo ocurre con "la falta de una estrategia nacional anticorrupción", cuya puesta en marcha estaba prevista para septiembre de 2024 y aún no se ha iniciado.
El texto comunitario es claro: la inexistencia de una estrategia unificada contra la corrupción genera riesgos de fragmentación y deja sin suficiente supervisión los mecanismos anticorrupción. La Comisión advierte que "la persistencia de lagunas normativas compromete la confianza ciudadana y puede lastrar la competitividad y la estabilidad" del mercado español.
Los sectores de contratación pública, "financiación de partidos", grandes proyectos de infraestructuras y contratos públicos siguen señalados como espacios de "alto riesgo de corrupción" y de "influencia opaca de los grupos de interés".
La Comisión, además, pone el foco en las "sanciones insuficientes" previstas en el borrador de ley. Si una organización de lobby quiebra la norma, la Oficina de Conflictos de Intereses podría actuar. Pero la decisión sobre estas eventuales sanciones recaería en última instancia en el Consejo de Ministros, y no está previsto que la Oficina tenga acceso directo a datos fiscales ni capacidad real de comprobación de activos.
En la edición de 2025, la Comisión incide en la "falta de avances sustanciales". Reconoce que se ha presentado un proyecto de ley para regular la actividad de estos grupos de interés y fortalecer la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses. Sin embargo, subraya que la ley ni siquiera ha salido del Consejo de Ministros.
A nivel nacional, el Congreso de los Diputados sí adoptó en 2019 un Código de Conducta y se creó una Oficina de Conflicto de Intereses. Desde entonces, el Gobierno ha anunciado en varias ocasiones el inicio de los trabajos en proyectos legislativos para regular la actividad de los lobbies, pero nunca ha culminado los trabajos.
Por esta razón también el PP exigía este jueves al Gobierno que publique "de inmediato" el informe GRECO sobre corrupción, que llevaría dos meses "congelado" para hacerlo pasar "inadvertido en pleno agosto".
Según los populares, "en los anteriores informes se pedía mayor transparencia al Ejecutivo sobre los asesores, mayor control de las puertas giratorias, o reformas de instituciones como la Oficina de Conflicto de Intereses y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno".
Para el PP, Sánchez ha utilizado esa Oficina de Conflicto de Intereses "en beneficio propio", y recuerda el caso Air Europa como ejemplo, tras la sentencia judicial que recientemente obligó a investigar "la conducta del presidente del Gobierno" en el rescate de la aerolínea.
Equipo, Acento y Zaño
Equipo Económico de Montoro, Acento de Pepe Blanco y Zaño de Gaspar Zarrías son algunos de los ejemplos de los lobbys fundados por expolíticos que están en el foco por las dudas sobre sus actividades.
El caso de la firma de Montoro es, lógicamente, el más grave. Tras ocho años de secreto sumarial, el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona ha imputado a Montoro, otros nueve altos cargos del Gobierno de Rajoy y a los directivos de Equipo Económico.
De acuerdo con la resolución judicial, Equipo Económico habría obtenido pagos por importe de 779.705 euros de Air Liquide, Abello, Messer, Praxair, Carburos Metálicos y la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que engloba a las anteriores.
Según el juez, hay indicios de la existencia de una "organización", en la que "muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico".
A cambio de "importantes pagos", y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, los investigados intervinieron "de forma decisiva" en reformas legislativas que se adecuaron a los intereses de las empresas gasistas mencionadas.
Por su parte, Acento está en el foco del debate público tras las acusaciones de Ábalos y Koldo a Pepe Blanco y la relación del lobby con la trama que cobró mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.
En Acento hay expolíticos tanto del PSOE como del PP. Blanco es el presidente, pero Alfonso Alonso, exministro de Sanidad con Rajoy, es el CEO.
Junto a Blanco fundó Acento el actual secretario de Estado de Telecomunciaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Antonio Hernando.
Hernando dejó el lobby para ocupar el cargo de director adjunto de Gabinete del presidente del Gobierno. El pasado mes de septiembre de 2024 fue nombrado secretario de Estado.
Sin embargo, Hernando no se desvinculó completamente de Acento, ya que su mujer, Anabel Mateos, fichó como consultora senior de la empresa Pepe Blanco.
Mateos ha sido nombrada recientemente adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE y Acento nunca anunció su desvinculación contractual.
El lobby de Blanco borró de la web a Mateos el año pasado, cuando EL ESPAÑOL reveló que había mantenido al menos ocho reuniones con Koldo García según la agenda del exasesor de Ábalos.
Según Koldo, se citó con Blanco para "resolver problemas de empresas" que eran clientes del presidente de Acento.
"A mí me han venido (ininteligible) que he ayudado, (ininteligible) Pepe Bono, Pepe Blanco... Que han venido a pedirme de todo (ininteligible), pero yo te prefiero a ti. ¿O no?", le dijo Koldo a Santos Cerdán en una de las grabaciones que aparecen transcritas en el último informe de la UCO.
Esta conversación entre el exasesor de Ábalos y el entonces secretario de Organización del PSOE tuvo lugar el 12 de diciembre de 2023.
Entre los clientes de Acento están Marruecos, Huawei, LaLiga y empresas del sector farmacéutico.
Especialmente llamativo es el caso de Huawei, ya que con Anabel Mateos en Acento su marido y fundador del lobby tenía la capacidad de tomar importantes decisiones que afectaban a esta empresa china como secretario de Estado de Telecomunicaciones.
Acento rompió su vinculación con Huawei en Bruselas tras salir a la luz que empleados de la firma china habían pagado viajes, fiestas, entradas de fútbol... a varios eurodiputados.
Por último está el lobby opaco de Gaspar Zarrías, llamado Zaño Sociedad Consultora.
Esta sociedad sólo cuenta con cinco empleados y factura más de un millón de euros al año sin web, redes sociales ni publicidad alguna. Es, prácticamente, una empresa fantasma. No existen noticias ni menciones en internet sobre ella.
El domicilio social es la casa en la que vive el propio Zarrías, que fue la mano derecha de Manuel Chaves en la Junta de Andalucía y llegó a ser presidente durante 16 días en 2009.
Zarrías fue secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2009 y 2011.
Según informó en exclusiva EL ESPAÑOL, Leire Díez, la fontanera de Santos Cerdán, estuvo contratada por el opaco lobby de Zarrías entre junio y octubre del pasado año, hasta que sus maniobras fueron descubiertas y fue fotografiada entrando en la sede central del PSOE.
En Zaño Sociedad Consultora también trabajó Anabel Mateos, previo a su fichaje por el lobby Acento de Pepe Blanco que había fundado su marido Antonio Hernando.