El juez Rubén Rus imputa al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y otros nueve altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy por nueve delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Montoro y sus colaboradores son investigados por cambiar leyes fiscales a favor de empresas gasistas que pagaron 779.000 euros al despacho Estudio Económico, fundado por el exministro.
El magistrado del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona ha tomado esta decisión con el mismo criterio de la fiscal sancionada por desobedecer a Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción.
Carmen García Cerdá, fiscal del 'caso de Montoro', fue multada hace dos semanas por desoír las instrucciones de su superior.
Esta fiscal decidió poner en marcha determinadas diligencias de investigación sobre Montoro y sus colaboradores en contra del criterio de Luzón.
El Tribunal Supremo confirmó el pasado 3 de julio la multa de 1.000 euros a García Cerdá por una falta grave de desobediencia en el caso sobre Montoro y Estudio Económico.
Antes de este fallo, la Junta de Fiscales de Sala ya había respaldado al fiscal jefe de Anticorrupción y fue Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, el que había impuesto la sanción a García Cerdá.
El despacho Estudio Económico también señala en un comunicado a García Cerdá, al considerarse víctima de una persecución de esta fiscal.
Otro caso archivado
La consultora fundada por Montoro informa que García Cerdá "impulsó hace más de diez años otro procedimiento contra Equipo Económico".
"Dicho procedimiento fue archivado con argumentos muy contundentes por el correspondiente Juzgado de Instrucción, en una decisión ratificada únicamente por la Audiencia Provincial de Madrid al no apreciarse indicio alguno de la comisión de ningún delito", indica la empresa.
Estudio Económico también asegura que Cristóbal Montoro dejó la empresa "a comienzos de 2008", más de cinco años antes de los hechos investigados, y que "desde entonces ha permanecido completamente desvinculado a la firma".
Las diligencias de este caso se iniciaron en agosto de 2018 y han permanecido bajo secreto hasta ahora, cuando el instructor lo ha levantado y ha dirigido el procedimiento contra la cúpula de Hacienda del PP, contra las empresas gasistas y contra 14 de sus directivos.
De acuerdo con la resolución judicial, Equipo Económico habría obtenido pagos por importe de 779.705 euros de Air Liquide, Abello, Messer, Praxair, Carburos Metálicos y la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que engloba a las anteriores.
Según el juez, hay indicios de la existencia de una "organización", en la que "muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico".
A cambio de "importantes pagos", y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, los investigados intervinieron "de forma decisiva" en reformas legislativas que se adecuaron a los intereses de las empresas gasistas mencionadas.
Estas mercantiles, "a pesar de haberlo intentado", no pudieron obtener esas modificaciones legislativas hasta que acudieron a Equipo Económico.
Según el auto, la empresa fundada por Montoro, "en poco tiempo y sin causa aparente", consigue que "las reformas legislativas se desarrollen ateniendo a las peticiones de la AFGIM". Ésta incluso "llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos".
La primera gestión investigada está relacionada con la rebaja en el Impuesto Especial sobre Electricidad.
La segunda vinculación contractual entre la AFGIM y Estudio Económico "se traduce en una rebaja fiscal" a las gasistas".
El magistrado Rus destaca que Cristóbal Montoro ocupó el cargo de ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron los cambios legislativos de interés para las gasistas, "ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación".
Montoro, según el auto, hizo "uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho Estudio Económico".
El uso de tales potestades "habría permitido a Estudio Económico poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público".
Se ha constatado, según el instructor, que Montoro nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas a la consultora que él fundó.
Esta maniobra "aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos se redactase 'a demanda' de las mercantiles investigadas, tras aceptar pagar por ello", afirma el juez.
Rus imputa junto a Montoro a su equipo en Hacienda entre los que se incluye Miguel Ferré, secretario de Estado de Hacienda en el período 2011-2016.
Otros altos cargos del Gobierno de Rajoy investigados en este caso son: Pilar Platero, subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos; Felipe Martínez, subsecretario de Hacienda; Diego Martín-Abril y José Alberto García, directores generales de Tributos; Óscar del Amo, subdirector general de Tributos Locales; Rogelio Menéndez, asesor del Gabinete del ministro de Hacienda; José María Buenaventura, director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, y Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria.