El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han dado carácter institucional a lo que hasta ahora era simplemente un acuerdo entre partidos políticos.
Como condición para favorecer la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, el PSC y ERC acordaron el año pasado la aprobación de una "financiación singular" para Cataluña que este lunes ha quedado plasmada en documento oficial.
Lo han escenificado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau (del PSC), tras la reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, celebrada este lunes en el Palacio de la Generalitat.
Llama la atención la ausencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero -que no forma parte de esta comisión-, o de miembros de ERC, que pactaron este compromiso hace un año. Ahora los republicanos se muestran escépticos acerca de su cumplimiento.
Porque el pacto, firmado de forma apresurada, tiene más lagunas que certezas, como reconocen los firmantes. "Lo importante es avanzar e ir dando pasos", ha asegurado Dalmau.
1. Hacienda propia
En la práctica, este modelo implica que Cataluña salga del régimen común, por el que el Estado recauda la mayor parte de los impuestos en cada una de las comunidades -salvo en País Vasco y Navarra- y después las financia entregándoles fondos.
El pacto tiene como objetivo que Cataluña disponga de una Hacienda propia, que primero debería poder recaudar todo el IRPF y después el resto de tributos. Es decir, que Cataluña se desconecte del Estado en cuanto a la gestión de impuestos.
El conseller de Presidencia afirma que este acuerdo supone un "cambio de paradigma" en su relación con el Estado. Y el documento oficial difundido por el Gobierno central y Generalitat habla de la "voluntad de profundizar en el autogobierno, en el ámbito de la autonomía fiscal".
2. Horizonte incierto de 2026
Sin embargo, aquí aparece el primer impedimento. Ambos organismos contemplaban que en 2026 la Generalitat se pudiera hacer cargo de toda la recaudación del IRPF generado en este territorio. Pero ahora reconocen que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) no tiene los recursos suficientes para cumplir ese calendario.
La Agencia Tributaria del Estado cuenta con unos 4.000 efectivos en Cataluña por los 800 de la ATC, de manera que el compromiso pasa por aumentar la capacidad catalana.
Esto supondría pasar de unos 5.000 millones a unos 30.000 recaudados, pero si Cataluña no es capaz de administrar el IRPF en un corto o medio plazo, la gestión de otros tributos quedaría aún para más adelante.
3. Compensación
Esta mayor autonomía debería quedar compensada con una aportación directa por parte de la comunidad autónoma al Estado, como hacen País Vasco y Navarra a través de un cupo.
Ese sería el cordón umbilical que seguiría conectando a los catalanes con el resto de españoles. Si bien, tampoco se ha concretado cuánto aportaría Cataluña ni cómo lo haría.
El ministro de Política Territorial ha mencionado que se aplicaría mediante un mecanismo de "solidaridad transparente" basado en "criterios objetivos".
Pero ni esa transparencia ni los criterios objetivos han quedado resueltos. La negociación queda para más adelante.
4. Ampliable al resto
El Gobierno también se mueve aquí en el terreno de la ambigüedad, ya que asegura que el modelo de financiación sería "singular" para Cataluña y "multilateral" con el resto. Esto quiere decir que las demás comunidades también podrían solicitar teóricamente las mismas condiciones.
El anterior sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009 y lleva caducado desde 2014, insisten en Moncloa. Estaba "pendiente de actualizar", por lo que creen que ésta es la oportunidad para hacerlo.
El Ejecutivo se propone debatirlo con el resto de dirigentes autonómicos en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se debería celebrar después del verano.
De momento, ninguna otra comunidad ha reclamado nada parecido a una nueva Hacienda, pero sí hay críticas desde todos los territorios gobernados por el PP -e incluso por parte de barones del PSOE- acerca de un trato de favor hacia Cataluña.
Desde Barcelona insisten en un concepto llamado "ordinalidad". Esto quiere decir que Cataluña, una de las que más recauda, no podría recibir comparativamente menos que Extremadura, que está en el otro extremo.
La Generalitat lo considera como "condición necesaria para el nuevo modelo", y así queda plasmado en el documento emitido junto al Gobierno.
5. Cómo se aprueba
Por mucho que se apruebe en Cataluña, este sistema y sus aspiraciones no podrán aplicarse sin la modificación de tres leyes en el Congreso de los Diputados: la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la ley del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y la ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la comunidad autónoma de Cataluña.
Y para ello, el Gobierno necesita los votos de todos sus socios de investidura, incluidos los de Junts, que de momento no se muestran muy por la labor de concedérselos.
El vicepresidente del partido, Antoni Castellà, ha afirmado que el acuerdo es "muy decepcionante", ya que no supone un "concierto económico" ni tampoco "un euro más para Cataluña".
Según el portavoz de Junts, simplemente se cambiaría la metodología a la hora de recaudar impuestos, pero no se reduciría el "déficit fiscal de unos 22.000 millones" que Cataluña tiene con el Estado.
Se da la circunstancia de que Junts no ha intervenido en estas negociaciones, en las que sólo han estado PSC y ERC, y en el partido de Carles Puigdemont no tienen ninguna intención de dar aire a los republicanos.
De esta manera también mantienen la tensión con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien pueden seguir exigiéndole en otras materias.
6. Oportunismo político
Para el PSOE, sin embargo, este pacto supone oxígeno político. Porque, de un lado, afianza a Illa en la Generalitat; y, de otro, mantiene a ERC maniatado en Madrid, ya que con un Gobierno de otro signo todos los cambios legislativos necesarios para aprobar la reforma de la financiación son una quimera.
Aun así, en ERC tampoco se fían demasiado de los socialistas y ante la "falta de concreción" ya han anunciado que este mes presentarán una proposición de ley en el Congreso para cambiar las tres leyes anteriormente mencionadas y así poder recaudar todos sus impuestos a través de la Agencia Tributaria Catalana.
De esta manera, los republicanos también meten presión a los socialistas para que avancen con el acuerdo.
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que "el cupo secesionista es otra cesión para intentar mantener a un Gobierno a flote" o para extender "la agonía de Sánchez".
Los populares se muestran partidarios de cambiar el sistema de financiación autonómica, pero no a través de un pacto bilateral con Cataluña.
El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que un pacto fiscal de este tipo es la antesala a un referéndum de autodeterminación. Y el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, habla de "pagar favores" y chantajes".
Mientras, los Comuns, integrados en Sumar, ven el acuerdo como un "paso adelante" para avanzar en "la singularidad de Cataluña".
7. Cómo afectará al resto
Los cálculos que afectan al bolsillo del ciudadano todavía tendrán que esperar. Porque aún no se sabe si el Estado recaudará menos o cuál será la compensación por parte de Cataluña.
Instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) simplemente han afirmado que si Cataluña recibe más recursos, el resto de comunidades se verán resentidas.
Si bien, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este lunes que el acuerdo es una "sentencia de muerte" para España y que significará que cada madrileño tendrá que "pagar 2.000 euros más" por el pacto con los independentistas.
Con todo, ni siquiera es seguro que el acuerdo pueda llegar a concretarse, ante la falta de apoyos parlamentarios.