El plan contra la corrupción anunciado el miércoles en el Congreso no es el primero que presenta Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa en julio de 2018.
Anunció uno al llegar al cargo tras la moción de censura a Mariano Rajoy, pactó otro con Unidas Podemos para el Gobierno de coalición en 2019 y exhibió un tercero tras sus cinco días de retiro en 2024.
De todos ellos han ido modificándose o cayéndose algunos puntos, incluso los que el propio presidente enfatizó como urgentes y fundamentales y sobre los que hubo compromiso firme y público desde el inicio de su mandato. El caso más evidente es el de la supresión o limitación de los aforamientos.
Sánchez se comprometió en 2018 a reducirlos drásticamente, incluso con una reforma constitucional, y llegó a aprobar un proyecto de ley, pero finalmente abandonó esa idea. Tan definitivamente la abandonó que en las 15 medidas de regeneración propuestas ahora no hay ni rastro sobre los aforamientos.
Y eso que hay evidencias de que la situación de aforados de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, por ser diputados, ha evitado que se les pudiera investigar de forma inmediata. Esa condición ha hecho que se frenaran registros en sus domicilios, según ha quedado en evidencia en el procedimiento judicial que se instruye en el Tribunal Supremo.
¿Por qué ha cambiado Sánchez su posición?
Fuentes del Gobierno aseguran que se ha llegado al convencimiento de que suprimir los aforamientos supone dejar a la intemperie a los cargos políticos y en manos de un juez de instrucción que pueda admitir a trámite cualquier querella o denuncia contra ellos.
Por buscar casos concretos, recuerdan que los procedimientos contra la esposa y el hermano de Sánchez se iniciaron por denuncias de asociaciones ultraderechistas, en algunos casos basadas sólo en publicaciones.
Eliminar los aforamientos, como Sánchez defendía antes, no hubiera evitado que el presidente hubiera sido ya imputado por jueces como Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez.
De hecho, el PSOE respaldó el movimiento de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, para eludir el banquillo en el caso del hermano de Sánchez aforándose como parlamentario autonómico. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha abortado esa intención por fraude de ley.
Las reformas que propuso Sánchez en el pasado suponían que los aforamientos únicamente resultaran aplicables en relación con los delitos que los parlamentarios y los miembros del Gobierno pudieran cometer "en el ejercicio directo de sus funciones y durante el período de su mandato”.
El Gobierno desconfía de que, en la práctica, se respete esa limitación que diferencia entre actividad privada y "ejercicio directo de sus funciones".
Por ejemplo, la idea era proteger la expresión de los diputados en la Cámara, pero no actividades ajenas como las atribuidas ahora a Santos Cerdán y Ábalos. Ahora Sánchez no lo ve conveniente.
El 18 de septiembre de 2018, al cumplirse los 100 días de Sánchez en la Moncloa, anunció en un acto público la reforma de los aforamientos.
Reforma constitucional
Ese día escribió en redes sociales: "Debemos atender la demandas de la sociedad española, que lleva años exigiendo ejemplaridad e igualdad entre la ciudadanía y sus representantes políticos".
"Estamos ante un cambio de época. Debemos atender los deseos de una sociedad que demanda ejemplaridad e igualdad entre la ciudadanía y sus representantes. Iniciaremos la tramitación de una reforma de la Constitución que suprima los aforamientos en España", añadió.
El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que remitió en enero de 2019 al Congreso, pero la disolución de las Cámaras hizo decaer la iniciativa en marzo.
Tras las elecciones generales, Sánchez suscribió con Unidas Podemos un acuerdo de coalición que señalaba: "Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos,limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público". Pero en casi cuatro años de legislatura no se abordó esta reforma legal.
En ese acuerdo también se prometían otras medidas contra la corrupción que no se abordaron entre enero de 2020 y junio de 2023.
Se hablaba de "un Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma del Código Penal. También incluirá la ampliación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos".
Una "Ley integral contra la corrupción", la "regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas", una regulación "de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos" y un endurecimiento de las sanciones "por su incumplimiento".
También la "reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno" un "Reglamento sobre la base de la experiencia acumulada", "la lucha contra los “cárteles” en la contratación pública para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia" y la "integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales".
No se abordó ninguna de ellas. La regulación de los lobbies se ha abordado en esta legislatura y está en trámite, pero Sánchez ha vuelto a incluirla entre las 15 medidas del nuevo plan contra la corrupción.
Otro caso curioso de giro de Sánchez es el de la malversación.
En el plan presentado el miércoles, el Gobierno promete "recuperar el delito de administración desleal del patrimonio público", es decir, la malversación cuando no hay lucro ni daño al erario.
Sin embargo, en la anterior legislatura modificó las malversaciones para diluir ese delito cuando no haya beneficio personal ni daño patrimonial. Lo hizo para favorecer el indulto a los condenados por el procés independentista.
Los plazos de la Justicia
Otro giro es el referido a los plazos de instrucción.
El PP estableció en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que las causas deben estar concluidas en seis meses prorrogables.
Como las causas de corrupción son complejas porque, por ejemplo, suelen incluir comisiones rogatorias en otros países que tardan años, hubo causas de este tipo que fueron archivadas.
El PSOE prometió derogar el artículo e incluyó la propuesta en su programa y en su pacto con Unidas Podemos. Sin embargo, en la anterior legislatura sólo matizó ese precepto, ampliando el plazo a un año.
En la práctica, eso ha vuelto a servir para el archivo de causas contra políticos, como ha ocurrido recientemente con una causa referida al Ayuntamiento de Madrid, porque el juez Peinado no prorrogó el plazo de instrucción.
Es decir, la reforma de la izquierda no ha acabado con esa puerta de atrás para archivos de causas.
Hace un año, cuando se abrió la causa contra Begoña Gómez, Sánchez explicó en La Sexta que sería bueno limitar los tiempos de instrucción de estas causas para evitar que se alarguen por motivos políticos. Lo anunció, pero no lo concretó en ninguna norma, ni iniciativa.
Ahora el plan prevé otra opción, y es que las causas con cargos públicos "tendrán carácter preferente y permitirá determinar rápidamente la culpabilidad o inocencia del cargo público".
Eso no evita que esas causas se dilaten si incluyen investigaciones complejas, como las citadas comisiones rogatorias.