El Partido Popular ha pasado a la acción en las Cortes dentro de su ofensiva política contra Pedro Sánchez por la "hipocresía" de haberse "beneficiado a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución" y ahora pretender "abolirla" por ley.
Esta frase de Alberto Núñez Feijóo, el miércoles, en el debate del pleno extraordinario sobre corrupción, ha cambiado la iniciativa política.
Este jueves, en una iniciativa conjunta de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado, los populares han presentado una batería de 21 preguntas que exigen explicaciones al Gobierno sobre el uso de inmuebles públicos como prostíbulos por el suegro del presidente del Ejecutivo.
Según el PP, varios medios de comunicación han informado ya de "la existencia de un inmueble de Muface que habría sido usado" por Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, "para un negocio relacionado con la industria del sexo".
La acción, coordinada en ambas cámaras, busca que el Ejecutivo detalle la relación de arrendamientos, los controles realizados y la posible implicación de la familia de Sánchez en negocios vinculados a la prostitución y la explotación de personas.
El partido exige "transparencia y colaboración" al Gobierno, reclamando que aclare "hasta qué punto Pedro Sánchez se benefició del repugnante negocio de la prostitución".
Locales de Muface
Los populares preguntan por "los inmuebles", en plural, elevando la sospecha, a través de sus preguntas, en busca de más casos. Pero de momento, las informaciones periodísticas hablan de un local y un ático, ambos en la calle San Bernardo de Madrid, propiedad de Muface y gestionados por la familia Gómez durante décadas.
Muface es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el organismo público que ofrece asistencia sanitaria y social a los empleados públicos civiles de la Administración General del Estado.
La entidad permite a sus afiliados elegir entre la sanidad pública o aseguradoras privadas concertadas. Además, administra recursos inmobiliarios y el mayor plan de pensiones de empleo de Europa dirigido a funcionarios del Estado.
Según diversos testimonios y reportajes, serían estos dos inmuebles propiedad de Muface los que habrían sido utilizados, desde 1985, como saunas y pensiones donde se ejercía la prostitución, eminentemente masculina, aprovechando contratos de alquiler a precios muy inferiores al mercado.
El giro de Feijóo
Esta batería de preguntas se enmarca en una estrategia del PP que sufrió un cambio táctico este miércoles, cuando Feijóo decidió romper un tabú y llevar al pleno del Congreso las acusaciones sobre los supuestos negocios de saunas y prostíbulos del suegro de Sánchez.
El PP justifica este ataque directo por lo que considera la "hipocresía" de Sánchez al impulsar una ley para la abolición de la prostitución mientras, según los populares, su entorno familiar se habría beneficiado de ese negocio.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de "cinismo absoluto" que el presidente "utilice la ley de abolicionismo de la prostitución para blanquear a su propio partido".
Muñoz defendió la intervención de su líder alegando que "la verdad a veces es dura", pero que "más duro es tener un Gobierno que contrata prostitutas con dinero público y está cercado por la corrupción".
En el Congreso, el PP ha registrado 14 preguntas (hasta 18 con repreguntas) dirigidas al Gobierno, centradas en el alquiler de inmuebles de Muface a la familia de la esposa del presidente, "teniendo en cuenta que estos espacios podrían haber sido utilizados para actividades vinculadas a la prostitución, explotación sexual o trata de personas".
Entre las cuestiones más incisivas destacan: "¿Tiene conocimiento el Gobierno de que algunos inmuebles arrendados por Muface, ya sean viviendas o locales, estén siendo utilizados para el ejercicio de la prostitución u otras actividades análogas?".
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"¿Quiénes han sido los arrendatarios del inmueble propiedad de Muface en la calle San Bernardo, número 38 de Madrid, desde el año 2018, y cuál ha sido el objeto contractual declarado en cada caso? ¿Autorizó Muface el subarrendamiento de alguno de los inmuebles?".
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"¿Considera el Gobierno compatible con una gestión responsable y ética del patrimonio público que Muface mantenga arrendados los inmuebles de su titularidad en la calle San Bernardo, número 38 de Madrid, teniendo en cuenta que estos espacios podrían haber sido utilizados para actividades vinculadas a la prostitución, explotación sexual o trata de personas?".
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"¿Ha incoado Muface algún procedimiento de revisión, expediente sancionador o resolución contractual en relación con el local y la vivienda de la calle San Bernardo, número 38 de Madrid, por razón de uso indebido o no conforme al destino pactado?".
En el Senado, la ofensiva se refuerza con otras siete cuestiones (hasta una quincena con los corolarios) que buscan esclarecer la gestión del patrimonio de Muface, la relación de inmuebles alquilados en los últimos diez años, los criterios de control y las auditorías realizadas.
La portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, subraya que "existen muchos indicios que llevan a pensar a los españoles que el presidente del Gobierno se aprovechó de la prostitución y exigimos que nos aclaren si se utilizaron recursos públicos para ello".
El contexto
La intervención de Feijóo ha marcado un antes y un después en la legislatura, cruzando una línea que hasta ahora el PP había evitado.
El líder popular ha optado por una confrontación directa, en respuesta a los ataques recibidos por parte del Gobierno al entorno familiar de Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La bancada socialista calificó la intervención de "indecente" y "miserable", mientras que el PNV y otros grupos han criticado el uso de la familia del presidente como arma política.
Ahora, lejos de recular, el PP ha extendido su estrategia de choque frontal, convencido de que la presión parlamentaria y mediática puede debilitar la posición de Sánchez y poner en cuestión la ética de su Gobierno.