El Gobierno central ha propuesto ubicar a 250 menores migrantes solicitantes de asilo en el antiguo cuartel Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria.
La oferta, comunicada verbalmente al Ejecutivo canario junto con la de trasladar a otros 400 a Madrid, ha generado un fuerte rechazo en el Gobierno autonómico, que denuncia "la improvisación y el incumplimiento" de la legalidad urbanística.
El Ministerio de Migraciones prevé acoger a estos menores en un espacio que fue declarado "en estado ruinoso" a finales de 2023.
La recuperación del cuartel abandonado Canarias 50 fue prometida por el Ayuntamiento de la exministra socialista Carolina Darias para la creación de un parque "para el disfrute vecinal" en la ciudad.
Sin embargo, la reforma del cuartel fue aprobada como una obra de "interés general" por el Consejo de Ministros, a pesar de que "incumple la ordenanza municipal", según denunció el grupo municipal del PP en una moción votada en el consistorio y, ahora, el propio Gobierno canario.
La iniciativa surgió en la primera reunión del Grupo de Trabajo entre el Ejecutivo central y el autonómico insular, sólo cuatro días después de que Moncloa entregara al Tribunal Supremo el acuerdo alcanzado con el de Canarias para cumplir con la sentencia que obliga al Estado a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo "hacinados" en las islas.
A finales de mayo, el Supremo concedió "un mes improrrogable" para que el Estado cumpliera "con su obligación legal".
La orden del Supremo había sido dictada, inicialmente, el pasado 24 de marzo. En ella, la Justicia daba al Gobierno un plazo de diez días para actuar. El Ejecutivo no cumplió la orden, alegando "falta de plazas" y la imposibilidad de "habilitar los recursos necesarios en tan poco tiempo".
Esta misma argumentación es la que han esgrimido las Comunidades Autónomas, a las que el Gobierno acusa de "romper la solidaridad del país".
Los gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, rechazan el "decretazo" para trasladar a otros 4.400 menores extranjeros no acompañados (menas) desde Canarias y Ceuta a la Península. Aquel texto se acordó con Junts, a la vez que ambos partidos registraban una proposición de ley para ceder las competencias migratorias a la Generalitat.
"Una nueva chapuza"
La diputada y portavoz popular en el Ayuntamiento de Las Palmas, Jimena Delgado, ha calificado la decisión del Ejecutivo central como "una nueva chapuza" y "un parche" que "promueve el hacinamiento y no vela por los derechos de los menores refugiados, casi cien días después de que el Supremo le dijera que tenía que atenderlos".
Delgado sostiene que "el Ejecutivo central improvisa y utiliza al archipiélago como campo de contención migratorio mientras elude su responsabilidad nacional en la gestión humanitaria y legal del asilo".
En la misma reunión, el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció 400 plazas en el CREADE de Pozuelo (Madrid) para el traslado de casi la mitad de estos menores.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, asegura que no ha recibido "ninguna información oficial" sobre la llegada de menores a Pozuelo.
Y el Gobierno canario, que incluye a Coalición Canaria y al PP, sostiene que "no se entiende que el Gobierno ofrezca nada a Canarias. Son ellos los que deben llevarse a los niños con derecho a asilo político y ubicarlos donde consideren oportuno. El Gobierno de Canarias no tiene que aceptar ningún lugar donde ubicarlos, porque ya recaen bajo la tutela del Estado".
Además, recalcan que los otros 4.400 menores no acompañados deben ser ubicados en otras Comunidades Autónomas, "donde ellos digan, y que se hagan cargo en la Península".
Todos los incumplimientos
La moción presentada por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas denuncia que el proyecto de reforma del cuartel no cumple la normativa urbanística vigente. El Ministerio de Migraciones declaró el proyecto de "interés general", lo que permitió al Consejo de Ministros ejecutar la obra, saltándose todas las previsiones del planeamiento de la ciudad.
El informe municipal señala que las instalaciones presentan desperfectos y problemas de infraestructura, con "edificios en estado de ruina o semirruinosos", lo que confirma que "no son adecuados para alojar a personas que llegan a Canarias de forma irregular".
El texto recuerda que el espacio del antiguo acuartelamiento Canarias 50 iba a ser destinado al uso y disfrute de los vecinos de Las Palmas. Tanto la sociedad civil como diferentes grupos políticos han reclamado históricamente la recuperación del espacio para la construcción de un gran parque y equipamientos comunitarios que impulsen la recuperación social y paisajística del barrio de La Isleta.
Pero es que, además, el PP denuncia que la entidad designada por el Gobierno de España para gestionar el centro carece de habilitación del Gobierno canario para trabajar con menores, lo que consideran "otra muestra más de improvisación, chapuza y desprecio a Canarias".
Reclaman que "la alternativa sensata" es que se traslade a los menores "fuera de las Islas", si lo que se pretende es "aliviar una situación desesperada".
La única prioridad, insiste el Ejecutivo insular de Fernando Clavijo, debe seguir siendo "descongestionar el sistema de acogida de las Islas y no crear nuevos macrocentros aquí, saturando servicios públicos y evitando una correcta atención de los menores, que tienen derecho a asilo en el ámbito educativo, sanitario, cultural e incluso deportivo".
En el trasfondo de la crisis, la presión migratoria sobre Canarias ha sido objeto de varias misiones de la Unión Europea, que han pedido más recursos para Frontex y han advertido que la crisis continuará mientras la ruta siga abierta.