La Comisión de Ursula von der Leyen amonesta al Gobierno de Pedro Sánchez por arrastrar los pies en la lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de interés en pleno estallido del 'caso Santos Cerdán' y señala la financiación de partidos políticos como "área de alto riesgo".
En su informe anual sobre la salud del Estado de derecho en España publicado este martes en Estrasburgo, Bruselas se hace eco de la preocupación entre la judicatura por los ataques recibidos desde el Gobierno y reclama a los miembros del Ejecutivo "evitar críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial".
En cuanto a la Ley de Amnistía, Bruselas se limita a señalar que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, pero hay cuatro cuestiones prejudiciales pendientes ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), donde la Comisión presentará su dictamen.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario le reclama al Gobierno de Sánchez llevar a cabo la reforma prometida del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ajustarla a los estándares europeos, lo que significa que al menos la mitad sean escogidos por los propios jueces.
Lucha anticorrupción
En materia de lucha anticorrupción, el informe de Bruselas menciona la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, entre los "casos de corrupción de alto nivel", pero centra sus críticas sobre todo en la falta de reformas en el marco legal para prevenir y castigar este tipo de comportamientos.
Para empezar, el Gobierno de Sánchez "aún no ha comenzado el trabajo para adoptar una estrategia integral para prevenir y combatir la corrupción", aunque la ley que regula la protección de los denunciantes le obligaba a tenerla lista antes de septiembre de 2024.
"Según los actores implicados, pese a la inclusión de prioridades anticorrupción en planes y estrategias sectoriales, la ausencia de una estrategia unificada conlleva el riesgo de fragmentación y de supervisión insuficiente de las medidas anticorrupción", avisa el informe de Bruselas.
Además, el Ejecutivo comunitario denuncia que "el nivel de aplicación de la ley contra el soborno en el extranjero sigue siendo bajo", con solo dos casos concluidos con éxito desde 2016. "No se han dado pasos adicionales para mejorar las normas sobre conflictos de interés de los empleados públicos", agrega.
"La financiación de partidos políticos sigue siendo un área de alto riesgo y no se han adoptado medidas para reformar la legislación electoral conforme a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", resalta el informe.
Otros "sectores clave con alto riesgo de corrupción" que señala el Ejecutivo comunitario son "las contrataciones públicas, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos".
En este sentido, el informe apunta que el primer Plan Estratégico del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, aprobado en septiembre de 2024, "no propone medidas de mitigación de riesgos suficientemente concretas".
En sus recomendaciones para España, Bruselas reclama "fortalecer las normas sobre conflictos de interés y las declaraciones de bienes de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel, incluyendo un mayor refuerzo de la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses".
El Gobierno de Sánchez debe además sacar adelante en el Congreso la ley para crear un registro público obligatorio de lobbies y finalizar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "aumentar la eficiencia en el tratamiento de los casos de corrupción de alto nivel".
Reformas del CGPJ y la Fiscalía
Aunque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya ha dado por cumplida la exigencia de Bruselas de reformar el CGPJ, Bruselas no lo ve así y reclama "avanzar en el proceso para adaptar el procedimiento de nombramiento de los vocales judiciales del Consejo, teniendo en cuenta los estándares europeos".
El Ejecutivo comunitario pide además "continuar los esfuerzos en curso para fortalecer el estatuto del fiscal general del Estado, en particular en lo relativo a la separación de su mandato del del Gobierno".
El informe se hace eco del procedimiento judicial en curso contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por el Supremo por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal.
El Ejecutivo comunitario también toma nota del anteproyecto de ley sobre la Fiscalía presentado por el Gobierno de Sánchez, que establece que el mandato del fiscal general no coincidirá con el del Gobierno y será de 5 años no renovables, así como de las críticas que ha recibido.
"Algunos actores han expresado inquietud por considerar que la reforma podría suponer un riesgo para la independencia de la Justicia, al reforzar los poderes del fiscal general y reducir las garantías profesionales de los fiscales", dice el informe.
En cuanto a las modificaciones del acceso a la carrera judicial y fiscal promovidas por Bolaños, la Comisión evita pronunciarse sobre su contenido y se limita a señalar que "actualmente hay protestas de jueces y fiscales reflejando tensiones sobre estas reformas".
"El CGPJ y las cuatro principales asociaciones de jueces han advertido sobre declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, criticando al poder judicial (...) Según los estándares europeos, aunque criticar las decisiones judiciales forma parte normal del discurso democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial", subraya el informe.
"Todos los órganos del Estado, tanto del ejecutivo, legislativo como judicial, deben actuar con respeto mutuo para salvaguardar el buen funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza ciudadana", insiste el Ejecutivo comunitario.
Medios
En cuanto a pluralismo y libertad de los medios de comunicación en España, el informe de Bruselas señala que "el marco jurídico para la publicidad institucional sigue sin cambios, a pesar del aumento de campañas publicitarias".
"La falta de información sobre los beneficiarios finales dificulta evaluar el impacto de la publicidad institucional y de las campañas comerciales en el mercado mediático", critica el Ejecutivo comunitario.
El estudio habla de una "tendencia al alza en el número y coste de las campañas nacionales". "El plan de publicidad y comunicación institucional para 2025 prevé 161,2 millones de euros para 146 campañas, un 16% más que en 2024 y la cifra más alta desde 2008", añade.
Por lo que se refiere a las comunidades autónomas, 13 de las 17 han desarrollado legislación sobre publicidad institucional, pero solo tres pueden considerarse "plenamente transparentes", aunque Bruselas no las identifica.
"Los actores implicados critican el uso de la publicidad institucional para controlar a los medios y piden más transparencia y criterios equitativos en el reparto de fondos públicos", señala el informe.
El Ejecutivo comunitario también recoge la reforma del sistema de elección del consejo de administración de RTVE, que según el Gobierno "refleja mejor la pluralidad política e ideológica del Congreso".
"Diversos actores han advertido de que rebajar el requisito de mayoría puede debilitar la independencia del ente público y hacer vulnerables los nombramientos a intereses políticos", añade no obstante Bruselas.
Finalmente, el informe apunta que "los periodistas siguen teniendo que hacer frente a crecientes dificultades en relación con las condiciones laborales y la seguridad".
Entre ellos, se cita el caso de ataques online a periodistas "por parte de un miembro del Gobierno" (en referencia, sin nombrarlo, a Óscar Puente), que han dado lugar al a concesión de amparo por parte de la Asociación de Prensa de Madrid.