Antxon Alonso Egurrola ya tiene cara. El constructor ilocalizable y del que apenas existía un par de fotografías en internet acudió este lunes a declarar en el Tribunal Supremo.
Negó la mayor. Dijo que nunca ha sido socio de Santos Cerdán, que nunca pagó mordidas por adjudicaciones y que los 4.000 euros transferidos a la fundación de Ábalos fueron uan donación.
Su relato, que no se compadece con las pruebas recabadas por la UCO, levantó suspicacias en el juez.
Antxon también aseguró no reconocerse cuando los miembros de la trama se refieren a él como "Guipuchi" o "Gui". "No tienen por qué referirse a mí, llevo 30 años en Vizcaya", alegó a las preguntas de su abogada.
El juez Leopoldo Puente acordó para Antxon Alonso y Fernando Merino, exdirigente de Acciona, las mismas medidas cautelares que pesan sobre José Luis Ábalos y Koldo García: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización y comparecencias quincenales en el Juzgado.
En líneas generales, Antxon Alonso siguió la línea de Santos Cerdán en su declaración. Incluso dio una versión surrealista cuando fue preguntado por el contrato de compraventa de acciones de Servinabar.
Según el socio de Cerdán, guardaba la escritura porque le "gusta" conservar documentos durante años.
"Él rompió su papel. Yo el mío no, porque me gusta guardar estas cosas, y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) verá que tengo documentos de más de 20 años", afirmó en el Tribunal Supremo.
El constructor declaró que su contrato con Cerdán no tiene validez porque nunca se elevó a público.
Según el escrito hallado por la UCO, Cerdán se hizo con el 45% de las acciones de Servinabar 2000 SL por sólo 6.000 euros en 2016.
Alonso Egurrola aseguró que nunca se realizó el pago y que ese contrato se realizó en un momento en el que Santos Cerdán tenía pensado dejar la política tras los malos resultados en las elecciones autonómicas de 2015.
El magistrado sostiene en el auto sobre las medidas cautelares impuestas que "no se explica fácilmente" que Antxon Alonso conservara "el documento privado, tantos años después, en su propio domicilio".
Tampoco se cree el juez que no se formalizara la venta a Cerdán si "muy posteriormente a la fecha en que se firmó el contrato" intervino "en una donación efectuada por Servinabar a una fundación estrechamente vinculada a José Luis Ábalos".
Servinabar ingresó 4.500 euros en la Fundación Fiadelso tras la petición de Koldo García y José Luis Ábalos a Santos Cerdán.
Antxon Alonso dijo al magistrado del Tribunal Supremo que "fue una donación aislada". "Se deduce fiscalmente, pero hacemos muchos más: a un equipo femenino de fútbol, a otro de rugby, a Save The Children, etc. Es por compromiso social", argumentó el constructor.
Sin embargo, el juez Puente deja claro en su auto que no cree la versión dada por el investigado durante su declaración.
El contrato está "fechado y firmado", recuerda el magistrado.
Merino y las comidas de Koldo
Tampoco Fernando Merino, exjefe de Acciona en el País Vasco y Navarra, ha despejado alguna de las dudas sobre la trama corrupta del PSOE.
Merino ha negado las comisiones y ha asegurado que Acciona acudía en UTE con la pequeña empresa de Servinabar porque era de obligación ir con una constructora local en este tipo de concursos.
También ha asegurado que los pagos a Koldo García se reducían a las comidas cargadas a Acciona y realizadas en el bar Franky en 2017, antes de que el socialista navarro se trasladara a Madrid y acabara siendo asesor de José Luis Ábalos en Transportes.
Según la UCO, desde ese modesto establecimiento se habrían emitido facturas falsas que pagaba Acciona.
De esta forma se compensaban "los abonos recibidos por parte de Acciona con dinero en efectivo que posteriormente era retirado por Koldo García".
Los investigadores destacan los mensajes enviados desde el bar a Koldo comunicándole que tenía "¡dinerito!".
También hay comunicaciones de Koldo a los responsables del establecimiento dándoles instrucciones sobre los conceptos que debían aparecer en las facturas, "comidas o cenas por 700 euros u 800 euros", y al CIF de Acciona y no al de la UTE.
Pese a ello, el exdelegado de Acciona en el País Vasco y Navarra ha dicho que las facturas del bar Franky eran "reales" y "son comidas efectuadas ahí para reuniones de trabajo con empresas".