El PP ha presentado este martes en Sevilla la ponencia política que llevará al Congreso Nacional que celebrará en el mes de julio en Madrid. La idea tras el documento es la de generar una regeneración democrática en España.
"Siete años de Sanchismo dejan una España de caos y decadencia", ha señalado el presidente de la Junta y uno de los encargados de redactar el documento junto al presidente del PP de Castilla-León, Alfonso Fernández Mañueco, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la eurodiputada del PP, Alma Ezcurra.
En el acto, al que han asistido destacados militantes del PP sevillano y andaluz -Antonio Repullo, secretario de Organización de la formación andaluza; Toni Martín, portavoz parlamentario; Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía; Juan Bueno, edil en el Ayuntamiento de Sevilla, entre otros-, Moreno ha actuado como maestro de ceremonias para que sus compañeros ponentes explicasen las partes de la ponencia de las que han estado encargados.
El primero en intervenir ha sido el anfitrión, Juanma Moreno. "El PP es la única alternativa posible al Sanchismo, no hay otra opción. Somos la única alternativa para sacar a Sánchez de la Moncloa", ha defendido el andaluz.
Moreno ha añadido que su partido es, además, garantía de gestión económica: "Siempre hemos sido una referencia de gestión. Hemos enderezado el rumbo económico cuando nos lo han encargado los ciudadanos", ha señalado.
Mañueco
Con él ha coincidido el presidente de Castilla-León, quien ha señalado "ante tanto caos y desgobierno que vivimos, el PP somos capaces de demostrar donde gobernamos que ofrecemos estabilidad y certidumbre y seguridad. Eso es lo que ofrece el PP de Alberto Núñez Feijóo. Somos la única alternativa al machismo".
Chueca, por su parte, ha dado las claves de la política de vivienda en la ponencia: "Es un problema no solo económico, necesitamos soluciones urgentes y no normas que restringen la oferta e intervencionista sino que necesitamos políticas que sean eficaces y rápidas a la hora de implementar la oferta".
La popular ha defendido que "todos los españoles tienen que tener un hogar y para eso es fundamental que incrementemos el suelo edificable para que bajen los precios. Y que haya incentivos a los impuestos sobre todo para los jóvenes y no solo fomentemos el alquiler sino también la propiedad. Hay que reducir la burocracia también y tener incentivos para sacar pisos vacíos al mercado", ha indicado.
Mirar "al futuro"
Alma Ezcurra ha explicado que "durante décadas hemos hecho políticas mirando al censo y no al futuro. Y ahora vemos que casi ningún proyecto político se consolida sin mirar a las generaciones que tienen que heredarlo. Los jóvenes se bajan del sistema y no creen en lo que ellos llaman el régimen del 789", ha explicado.
La popular cree que los jóvenes "sienten que el sistema les ha fallado porque han hecho lo que les hemos pedido (estudiar, viajar, aprender idiomas) y van a vivir peor que sus padres. Ante eso podemos hacer tres cosas: asumir el error; hablarles con honestidad; y actuar en coherencia. Hay que darles esperanza y que ese proyecto triunfará con esfuerzo y mérito".
Moreno ha cerrado el acto haciendo una firme defensa del PP como única alternativa al machismo. "España ahora mismo es un caos de decadencia, de parálisis. A mí me da vergüenza cuando he leído las informaciones de la prensa internacional hablando de la corrupción sistémica en España. España es mucho más que Sánchez", ha afeado el popular.
Cabe recordar que el presidente andaluz dudó en aceptar su participación oficial en la ponencia política dada la relativa cercanía de sus elecciones autonómicas. En un año, como mucho, Andalucía deberá votar si su actual presidente revalida en el cargo. Y para ello, Moreno prefiere la "transversalidad" a un "rearme ideológico" muy concreto.
Inmigración y mafias
Por ejemplo, el documento aboga por suprimir las ayudas públicas a los inmigrantes irregulares, con el objetivo de "desincentivar la inmigración ilegal". El texto propone que sólo quienes tengan la residencia legal puedan acceder a subvenciones y ayudas sociales.
Además, el PP plantea reformar las leyes de extranjería para reforzar los controles y las expulsiones, así como potenciar la colaboración con países de origen y tránsito. La propuesta se enmarca en una estrategia de "orden y legalidad" que también incluye la seguridad ciudadana y la lucha contra las mafias.
La ponencia subraya la necesidad de "proteger el sistema de bienestar" priorizando a los españoles en el acceso a recursos sociales, robándole parte del discurso a Vox y distanciándose del Gobierno, "permisivo con la entrada y permanencia irregular".
Asimismo, el PP abre el debate sobre la limitación del uso del burka y el niqab en espacios públicos, argumentando razones de "seguridad, igualdad y convivencia". No se plantea una prohibición explícita, pero se justifica en la defensa de los valores democráticos y la integración frente a "una forma de opresión de la mujer", según el partido.
Según la ponencia, hay expresiones religiosas pueden entrar "en conflicto con principios constitucionales" como la igualdad de género o la neutralidad del espacio público. El PP quiere reafirmar su rechazo al multiculturalismo que, a su juicio, "fractura la convivencia".
Y dentro del endurecimiento de la postura del PP con todo lo relacionado con la inmigración irregular, se puede encuadrar también la relación de ésta con la explotación de estas personas por parte de mafias de tráfico de personas o de delincuencia común. Por eso, tal como informó EL ESPAÑOL, la ponencia del PP propone reformas para que "el hurto continuado sea delito de robo".
Los populares plantean reformar el Código Penal para endurecer el castigo a las organizaciones criminales dedicadas a la delincuencia multirreincidente, especialmente en entornos urbanos y turísticos.
La ponencia también propone introducir incentivos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por resultados en la lucha contra estas mafias, en una estrategia de "tolerancia cero".El PP considera que la legislación vigente no da respuesta al hartazgo social por la impunidad de los reincidentes.
Los tres poderes
Desde el inicio de la legislatura, el PP ha luchado contra las cesiones de Sánchez a los independentistas, "una extorsión que desguaza el Estado", según los populares. Por eso, la ponencia plantea un cambio que afectaría al uso de las lenguas oficiales del Estado en las Cortes Generales.
El texto propone que el castellano sea la única lengua permitida en el Congreso de los Diputados, mientras que las lenguas cooficiales quedarían reservadas al Senado, la Cámara de representación territorial.
Con esta medida, el PP plantea que la pluralidad lingüística se dé en "un espacio institucional adecuado", ya que en el Congreso "genera confusión, eleva el gasto y responde a intereses políticos, no culturales" y "perjudica la eficacia legislativa".
El Senado, además, recuperaría el derecho de veto sobre determinadas leyes, un poder que —según denuncia— le fue arrebatado por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante reformas parlamentarias. La idea es "reequilibrar el bicameralismo" y dotar al Senado de un papel "más relevante" en la elaboración legislativa para impedir que el Congreso imponga sin contrapesos su mayoría.
La ponencia propone instaurar la "obligación anual" del debate sobre el Estado de la nación, en una fecha concreta del año, con el objetivo de reforzar la rendición de cuentas del Gobierno.
Además, el PP quiere sancionar la falta de presentación de los Presupuestos en tiempo y forma. Para ello plantea "limitar por ley el uso abusivo de prórrogas presupuestarias".
En cuanto al Poder Judicial, el PP quiere que el fiscal general del Estado sea "cesado automáticamente si es procesado penalmente". Asimismo, el partido quiere que el Tribunal Constitucional "deje de actuar como una sala de casación del Supremo" y se limite a su función original: el control de la constitucionalidad.
Institucionalidad
El PP propone una revisión a fondo del papel de las diputaciones provinciales, que actualmente considera "infrautilizadas" o "desnaturalizadas". Se trata de que puedan actuar como "garantes de los servicios públicos" en la España rural y vaciada.
El documento no aboga por su eliminación, sino por modernizarlas y redefinir sus competencias. Se trata de luchar contra la "recentralización administrativa" promovida por el Gobierno con un modelo que refuerce a las diputaciones como "agentes clave contra la despoblación".
En cuanto a la recurrente denuncia de que "Sánchez coloniza todas las instituciones y empresas públicas", el PP propone una reforma de gran calado para "despolitizar organismos" como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o RTVE.
Entre las medidas planteadas se encuentra el refuerzo de la independencia judicial, el fin de los nombramientos políticos en órganos de control y el blindaje de los criterios técnicos en la administración pública. En conjunto, acabar con una "degradación institucional" sin precedentes y sentar las bases de un "Estado neutral, transparente y eficaz".
En su apuesta por regenerar las instituciones, el texto denuncia el "uso político de RTVE" que, a su juicio, ha hecho el Ejecutivo. La ponencia propone mecanismos para reforzar su autonomía editorial y financiera.
"La verdad no se impone desde el poder", sentencia la ponencia. La propuesta incluye un sistema de elección de directivos basado en el mérito, así como un modelo de gobernanza plural y estable.
Relación con Vox
El documento político del congreso del PP reafirma de forma tajante su negativa a cualquier acuerdo, colaboración o diálogo con EH Bildu, "quienes no respetan a las víctimas del terrorismo".
El PP sostiene que su postura con Bildu es un compromiso ético y democrático, no una mera estrategia electoral. Insiste en que "la memoria, la dignidad y la justicia" deben prevalecer, y se compromete a mantener viva la memoria de ETA en las aulas, instituciones y espacios públicos.
Con quien no establece cordones sanitarios el PP es con Vox. El partido fija como "único límite" los principios constitucionales, con el argumento de que el rechazo a formaciones por razones ideológicas es antidemocrático.
Sin citar explícitamente a Vox, el PP establece tres las líneas rojas para pactar cualquier decisión: el citado respeto a la Constitución, al Estado de derecho y a la unidad de España. Sin citar explícitamente a Vox, el texto implica que los acuerdos serán posibles si se ajustan a estos valores fundamentales.
A izquierda y derecha
El PP incorpora en su ponencia una propuesta para reducir las guardias médicas excesivas, respondiendo a las demandas de los profesionales sanitarios, que denuncian jornadas de hasta 24 horas.
El PP quiere presentarse como un partido que defiende tanto la vida como la autonomía femenina. Feijóo apuesta así por compatibilizar valores conservadores con propuestas de bienestar social modernas.
Eso sí, la ponencia ideológica también arremete contra los "dislates ideológicos de la izquierda" contra la familia tradicional. El documento propone otras medidas de apoyo a la natalidad, como incentivos fiscales y más ayudas por hijo.
El texto culpa a políticas progresistas de la "crisis demográfica" y presenta al PP como un modelo "centrado en la familia, la vida y la estabilidad", en contraposición al feminismo radical o la ideología de género.
Menores y feminismo
Los populares quieren erigirse en defensores de la educación especial, una modalidad educativa "necesaria para garantizar la inclusión real". Desmantelar centros específicos que cuentan con personal especializado y medios adaptados, es un error, según el PP, y promete blindar estos centros legislativamente.
De la llamada Ley Trans se dice que "pone en riesgo a los menores y distorsiona la realidad biológica en ámbitos como el deporte". El texto apuesta por un enfoque basado en el "principio de realidad" y propone eliminar la autodeterminación de género sin diagnóstico médico. Se trata de proteger a los menores de decisiones irreversibles en edades tempranas.
El texto reivindica el "sexo biológico" como criterio fundamental en el deporte femenino. También denuncia lo que considera "imposición ideológica" por parte del feminismo radical, y aboga por una legislación basada en el "consenso científico" y la protección de derechos sin generar nuevos conflictos sociales.
Y es que, para el PP, el "feminismo institucional" actual "infantiliza" a las mujeres y las presenta como víctimas permanentes y no como "sujeto libre, autónomo y capaz" de asumir responsabilidades en igualdad con el hombre.
El texto plantea una batalla cultural para recuperar el sentido común y la neutralidad institucional en las políticas de igualdad. El PP rechaza el adoctrinamiento en las aulas, y apuesta por una igualdad basada en el mérito y no en cuotas o privilegios.
Empleo y formación
El PP defenderá una reducción de la jornada laboral, una reforma que huya del "dogmatismo ideológico" y defienda una flexibilidad pactada entre empresas y trabajadores. Frente a las propuestas fijas del Gobierno, sin evaluar su impacto a las pymes y los autónomos, el PP aboga por adaptaciones voluntarias y con incentivos.
Los populares quieren que sea en el ámbito de la negociación colectiva donde se aborde este cambio con criterios de productividad y sostenibilidad del empleo. Asimismo, el partido promete apoyar modelos de conciliación que equilibren vida personal y profesional.
La ponencia defiende expresamente la "libertad educativa" y la coexistencia de universidades públicas y privadas como garantía de pluralidad.
El texto plantea proteger a estos centros, como "aliados" de los públicos, frente a "prejuicios ideológicos" del Gobierno, para impulsar un modelo educativo basado en la competencia y la calidad, y alejado del dirigismo estatal.
A izquierda y derecha
El PP incorpora en su ponencia una propuesta para reducir las guardias médicas excesivas, respondiendo a las demandas de los profesionales sanitarios, que denuncian jornadas de hasta 24 horas.
El partido se presenta como aliado del personal sanitario y vincula su programa político con las reivindicaciones sociales. Así, apuesta por introducir topes horarios y revisar las plantillas y los sistemas de sustituciones para aliviar la presión sobre los servicios de urgencias y atención continuada.
Tras esta apuesta mirando a la izquierda, el PP también mira a la derecha, por ejemplo, en materia medioambiental.
La ponencia plantea una revisión crítica del Pacto Verde Europeo. La regulación ambiental impulsada por Bruselas es calificada de "excesiva" y "perjudicial" para sectores estratégicos.
La ponencia dice defender un ecologismo "razonable" que no destruya empleo ni frene el desarrollo industrial. Es decir, por flexibilizar normativas y que España lidere una nueva agenda verde compatible con la competitividad.
Y es que las políticas verdes, denuncia el PP, se han convertido en una "religión ideológica". Por eso, reivindica una transición ecológica pragmática, basada en la innovación tecnológica y no en la imposición de restricciones.