"La Comisión tiene tolerancia cero con el fraude en el presupuesto de la UE y espera el mismo nivel de compromiso por parte de los Estados miembros, quienes son responsables de la gestión adecuada de aproximadamente tres cuartas partes del presupuesto de la UE, así como de los beneficiarios de los fondos", explica el portavoz de Asuntos Económicos, Maciej Berestecki.
El Ejecutivo comunitario está a la espera de aclaraciones sobre el posible uso de fondos comunitarios en los contratos de la trama 'Koldo' que se adjudicaron a cambio de mordidas y que aparecen en el informe de la UCO que involucra a Santos Cerdán.
Corresponde en primera instancia al Gobierno de Pedro Sánchez verificar si ha habido fraude con ayudas europeas de por medio, insisten en Bruselas. "La protección del presupuesto de la UE es una responsabilidad compartida", ha subrayado el portavoz.
En todo caso, la Comisión "está dispuesta a cooperar" con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de la Fiscalía Europea (EPPO) "en cualquier caso de sospecha de fraude, y a recuperar los fondos mal utilizados".
De hecho, tanto la OLAF como la Fiscalía Europea tienen como principal función "la protección de los intereses financieros de la UE".
Además, los servicios de Bruselas responsables de la distribución de los fondos de la UE "desempeñan un papel activo en la prevención y detección temprana del fraude".
"Puede interrumpir o suspender pagos a los Estados miembros, imponer correcciones financieras, adoptar medidas administrativas y recuperar los fondos ya desembolsados", señala Maciej.
La Fiscalía Europea no se plantea de momento investigar las nuevas revelaciones porque considera que se inscriben en el marco del 'caso Koldo', cuya competencia ya fue dirimida por el Tribunal Supremo a favor de las autoridades nacionales españolas.
La EPPO se había interesado por el fraude en la compra de mascarillas en Baleares y Canarias porque afectaba a fondos comunitarios por valor de 17,8 millones de euros.
"El 26 de julio de 2024 el Tribunal Supremo resolvió el conflicto de competencias sobre el ’caso Koldo’ planteado por el Juzgado Central de Instrucción nº2, entre la Fiscalía Europea y este Juzgado, atribuyendo la competencia para conocer de esta investigación al Juzgado Central de Instrucción", ha explicado a EL ESPAÑOL un portavoz de la Fiscalía Europea.
"Con posterioridad, reconociendo y ejecutando esta decisión, la Fiscalía Europea envió su procedimiento a la Audiencia Nacional. En consecuencia, estos hechos son objeto de un procedimiento existente cuya competencia fue ya dirimida por el Tribunal Supremo a favor de las autoridades nacionales", ha relatado la portavoz.