Cinco días después de que cuatro ministros del Gobierno acusaran en falso al capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla de querer atentar contra Pedro Sánchez, el Ministerio del Interior guarda silencio.
Ni Fernando Grande-Marlaska ni la directora del Instituto Armado, Mercedes González, han salido a respaldar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO), cuestionada de facto por miembros del Ejecutivo.
Es más, los ministros, lejos de rectificar, han insistido en el bulo.
La ministra portavoz Pilar Alegría sostuvo el sábado que el exagente de la UCO quería "poner bombas lapa en los bajos del coche del presidente del Gobierno".
Y este martes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntada hasta en dos ocasiones si iba a corregir sus declaraciones, eludió reconocer su error.
Alegría reiteró que los mensajes entre Bonilla y su confidente eran "muy agresivos" y que "conocer conceptos como bombas lapa nos lleva a momentos vividos nada agradables".
Fuentes de Moncloa aseguran que no hay rectificación porque los mensajes "son interpretables". Es decir, que Moncloa no admite que se trate de un bulo.
Desacreditar a la UCO
Pese a estar acreditado que la acusación lanzada es falsa, Moncloa ha decidido no dar marcha atrás a esta campaña de ataques contra la Guardia Civil, porque espera que le permita alcanzar dos objetivos.
Por un lado, asociar a Isabel Díaz Ayuso con un supuesto intento de magnicidio contra el presidente Pedro Sánchez.
Por otro, tapar el escándalo provocado por las grabaciones en las que la fontanera de Ferraz Leire Díez ofrece a empresarios imputados por corrupción un trato de favor por parte de la Fiscalía, a cambio de información que le permita desacreditar a la UCO.
De hecho, aunque Alegría desmintió la existencia de una "UCO patriótica", contribuyó a alimentar la sospecha al afirmar que un capitán de esa unidad enviaba mensajes "impropios" y "agresivos".
En la práctica, es una forma de señalar una supuesta motivación ideológica detrás de su trabajo.
Alegría también insistió en vincular al exagente de la UCO con la "cascada de fango y polarización" contra el Gobierno y con la estrategia del PP.
En ese contexto, reprochó a Alberto Núñez Feijóo que llame "capo de la mafia" a Pedro Sánchez mientras "tiene un álbum fotográfico con Marcial Dorado", un narcotraficante.
A Alegría se unen otros ministros como Óscar López, la vicepresidenta María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres. Todos ellos han respaldado la misma versión falsa y ninguno ha rectificado.
También los tres dan a entender que existen "cloacas" en la UCO. El ministro para la Transformación Digital pidió el domingo "cárcel" para el capitán Bonilla por trabajar en un "inframundo cloaquero"
Silencio en Interior
Mientras tanto, desde el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil nadie ha salido a defender a la UCO ni a desmentir a los cuatro ministros.
Varias asociaciones reclaman "un respaldo claro" a la labor del Instituto Armado.
Desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) advierten de que la indignación entre los guardias civiles va en aumento y que el malestar "se extiende por unidades de toda España".
En declaraciones a EL ESPAÑOL, Jucil solicita "que se reconozca el trabajo diario de miles de hombres y mujeres que garantizan la seguridad de todos".
En la misma línea, desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) piden "una aclaración institucional". "No buscamos explicaciones políticas, sino un respaldo claro a la labor de una unidad clave en la lucha contra el crimen", añaden.
La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), por su parte, lamenta que "el silencio, en este contexto, no es neutral: transmite desamparo".
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) critica que "el silencio no solo deja en una posición de vulnerabilidad a nuestros compañeros, sino que transmite una falta de liderazgo y de compromiso con la defensa de la Guardia Civil"..
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) afirma que "Interior y su innombrable titular al frente siguen en su línea de no dar su apoyo en público a los guardias civiles".
Y desde la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC) exigen que tanto el ministro Marlaska como Mercedes González "condenen explícita y públicamente las presiones injustificadas a las que se está sometiendo a los investigadores de la UCO".
"La Guardia Civil debe estar por encima de intereses espurios. Es urgente proteger su independencia del poder político", señalan.