El Real Decreto para la acreditación de universidades que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá efectos directos sobre el panorama educativo de la Comunidad de Madrid. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, cinco de las 13 universidades privadas que ahora funcionan tendrían que cerrar sus puertas.
En concreto, el campus de ESIC, CUNEF, la UNIE, la UDIT y la Universidad de Villanueva no cumplen hoy con el requisito de tener más de 4.500 alumnos matriculados en titulaciones oficiales. Es una de las exigencias incluidas en el borrador del Real Decreto que el Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, está ultimando y que pretende aprobar por la vía de urgencia.
La normativa que impulsa el Gobierno choca con la futura ley de universidades regional que prepara Isabel Díaz Ayuso, más tolerante con los centros privados.
CUNEF es el centro que más se aproxima a la cifra requerida por el Gobierno de Sánchez, con 4.300 matriculados en titulaciones oficiales durante el curso 2024-2025.
En el sector educativo defienden que el hecho de que una universidad no llegue a un determinado número de alumnos u ofrezca mayor o menor número de titulaciones no tiene que ver con que esa institución ofrezca una formación de mejor o peor calidad.
Con ese y otros argumentos, Isabel Díaz Ayuso anunció el lunes pasado que la Comunidad de Madrid llevará a los tribunales el real decreto del Gobierno: "Ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas", dijo.
El Gobierno madrileño, a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, ya ha presentado alegaciones ante el Ministerio. El Ejecutivo regional considera que la norma impone nuevos requisitos de forma arbitraria, entre ellos el mínimo de 4.500 estudiantes, y anticipa que se opondrá a su aplicación "con todos los instrumentos a su alcance".
La presidenta acusa al Gobierno de Sánchez de poner en riesgo no sólo el modelo universitario madrileño, sino el de toda España, afectando al "60% de las universidades privadas". Cinco de ellas son las citadas madrileñas, pero hay más.
Ayuso ha denunciado que muchas de estas universidades ahora obligadas a cerrar fueron aprobadas por gobiernos autonómicos del PSOE, como es el caso de la Universidad San Jorge, "la única privada" en Aragón.
Futuros centros
Cuando el Gobierno anunció esta reforma, lo hizo presentándola como un mecanismo de control frente al auge de nuevas universidades privadas, muchas de ellas previstas en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Entre los proyectos en espera figuran siete centros: cuatro en Madrid, dos en Extremadura y uno en Galicia.
En el caso madrileño, están pendientes de autorización instituciones como la Universidad Abierta de Europa, el Centro de Estudios Superiores Felipe II (adscrito a la Complutense) o la Escuela Universitaria de Artes TAI, vinculada a la Universidad Rey Juan Carlos.
También hay proyectos en distintas fases en Extremadura, como la Universidad Internacional para el Desarrollo o la CEU Núñez de Balboa, y en Galicia, como la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE).
Hasta ahora, bastaba con un informe no vinculante de la Conferencia General de Política Universitaria para autorizar un nuevo centro. Pero con esta reforma, el Ejecutivo de Sánchez pretende que sea obligatorio un dictamen preceptivo y vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) —o de sus equivalentes autonómicas—, además de exigir un aval bancario, plazas de alojamiento para al menos el 10% de los estudiantes de grado y estrictos estándares de calidad investigadora.
En este sentido, el real decreto también contempla que las universidades ofrezcan un mínimo de diez grados, seis másteres y tres doctorados, y que capten al menos un 2% de su presupuesto anual mediante proyectos de investigación competitivos.
Aplicación retroactiva
Pero lo que en un primer momento se presentó como un mecanismo para frenar el crecimiento de nuevas universidades privadas, ha derivado en una amenaza directa para las ya existentes. Y es que, aunque eso no se dijo cuando Sánchez anunció su plan, esta ley tendrá carácter retroactivo. Es decir, afectará también a los centros ya autorizados y en funcionamiento.
La disposición transitoria segunda del documento establece un plazo de tres años para que las universidades ya operativas se adapten a las nuevas exigencias, y da hasta cuatro años para aquellas que aún no han abierto sus puertas.
Según datos que maneja el sector, esto dejaría fuera del sistema a 14 de las 41 universidades privadas actualmente operativas en España.
La reforma, en palabras del propio Pedro Sánchez, busca acabar con los "chiringuitos educativos". Pero, en la práctica, podría dejar a miles de alumnos sin universidad.
Sólo en Madrid, 10.000 alumnos se quedarían sin centro. Además, afectaría a centenares de docentes y provocaría un terremoto jurídico, como el que anuncia Ayuso.