El Consejo de Ministros aprobará este martes la tramitación por vía de urgencia de las nuevas normas que regularán la creación de universidades públicas y privadas en España.
La nueva legislación, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé endurecer los requisitos para la puesta en marcha de estos centros educativos.
Las principales perjudicadas serán las siete nuevas universidades privadas que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, mantiene en espera, según datos de febrero de 2024.
Todas ellas se ubicarán en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular: cuatro en Madrid, dos en Extremadura y una en Galicia.
El objetivo del Ejecutivo es modificar el Real Decreto que regula la creación de universidades en España, añadiendo nuevas exigencias a la normativa aprobada en 2021 bajo la gestión del exministro Manuel Castells, que ya amenazaba con el cierre de uno de cada tres centros privados.
Ahora, el Gobierno pretende ser aún más restrictivo e imponer como requisito obligatorio un informe "preceptivo y vinculante" de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias autonómicas equivalentes, conocidas como "anequitas".
Hasta el momento, la apertura de estos centros solo requería un informe de la Conferencia General de Política Universitaria, que no era vinculante.
Las nuevas universidades
Según fuentes del sector, hay más de una decena de proyectos en marcha que están pendientes de superar el trámite del Ministerio de Diana Morant. Sólo en Madrid, está prevista la puesta en marcha del Centro de Estudios Superiores Felipe II, en Aranjuez, adscrito a la Universidad Complutense; la Universidad Abierta de Europa; o la Escuela Universitaria de Artes TAI, vinculada a la Universidad Rey Juan Carlos, entre otros.
En Extremadura, los proyectos más avanzados son los de la Universidad Internacional para el Desarrollo y la Universidad Abierta de Extremadura. No obstante, también buscan establecerse en la comunidad gobernada por María Guardiola la Universidad Europea de Extremadura y la Universidad CEU Núñez de Balboa.
En Galicia, el principal proyecto es el de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE). Además, según fuentes del sector, también se estudia la creación de nuevas instituciones educativas en Asturias, Aragón y Baleares. Sin embargo, de acuerdo con los datos del Ministerio de Diana Morant, estos planes aún están lejos de materializarse.
Cambios en la ley
Desde el Ejecutivo insisten en que la nueva regulación afecta tanto a universidades públicas como privadas. Sin embargo, en el ámbito académico y político se interpreta como un freno específico a la expansión de la universidad privada.
Los datos refuerzan esta percepción: la última universidad pública inaugurada en España fue la Politécnica de Cartagena, en 1996. Desde entonces, se han creado 27 universidades privadas, y todos los proyectos en tramitación son también de titularidad privada.
Además del informe preceptivo, el Gobierno establece nuevos requisitos, como alcanzar una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de funcionamiento (un umbral difícil de cumplir para muchas escuelas de negocios) y disponer de al menos un 10% de plazas de alojamiento universitario.
Mientras tanto, algunas comunidades, como Madrid, preparan su propia legislación universitaria, lo que podría derivar en un enfrentamiento competencial. Al igual que el Gobierno central, las autonomías también están regulando la creación de universidades dentro de sus territorios.
El proceso de apertura de estos centros no es inmediato. En Madrid, por ejemplo, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tramita actualmente la creación de cuatro nuevas universidades privadas, algunas con expedientes abiertos desde hace más de dos años y sin haber llegado a la Asamblea de Madrid.
Otro aspecto destacado de la reforma afecta a las universidades online. Actualmente, varios centros operan exclusivamente en esta modalidad, compitiendo directamente con la UNED, la única universidad estatal.
Con la nueva normativa, estas instituciones pasarán a considerarse de ámbito nacional, dado que su radio de acción abarca todo el Estado. Por ello, su autorización quedará supeditada a la aprobación de las Cortes Generales, con el objetivo de reforzar su supervisión y garantizar su calidad académica, según han informado fuentes del ministerio a EL ESPAÑOL.
Competencias autonómicas
La reforma promovida por el Gobierno podría invadir competencias autonómicas. Actualmente, corresponde a los gobiernos regionales proponer y autorizar por ley la creación de universidades. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solo emite un informe previo, no vinculante, para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el caso de las privadas.
Con la exigencia del informe vinculante de la ANECA, organismo dependiente del Ministerio, el Ejecutivo central gana influencia en un proceso en el que hasta ahora tenía un papel secundario.
Desde el Gobierno defienden que su intención es evitar la proliferación de "chiringuitos" sin los estándares adecuados. Ya en 2021, el Real Decreto 640/2021 estableció criterios mínimos de calidad docente e investigadora, así como de infraestructuras y organización. Todas las universidades deben adaptarse a estos requisitos antes de 2026. Con la nueva regulación impulsada por Diana Morant, las exigencias se endurecen aún más.
Por ahora, ni las universidades privadas, ni la Conferencia de Rectores (CRUE), ni las comunidades autónomas consultadas han querido pronunciarse sobre la reforma. Esperarán a que el Ministerio de Universidades publique el texto este miércoles para someterlo a audiencia pública.