El Pleno que celebró este jueves el Senado sirvió para constatar la fortaleza territorial con la que cuenta el Partido Popular. A la Comisión General de las Comunidades Autónomas acudieron los once barones populares, el vicepresidente de Canarias y los presidentes de Ceuta y Melilla.
Todos ellos fijaron una postura común frente a la amnistía a los responsables del procés, defendida con ahínco por el presidente catalán Pere Aragonès, y se unieron contra Pedro Sánchez por la financiación autonómica, anticipando que no aceptarán "más privilegios de ningún tipo a Cataluña", y menos económicos.
Los barones del PP destaparon con sus intervenciones una realidad: cuando el próximo Gobierno siente a las diecisiete comunidades autónomas para negociar un nuevo modelo de financiación, se topará con una férrea oposición a cualquier cesión que beneficie a una comunidad sobre el resto.
Hasta ahora, el PSOE había aireado una serie de discrepancias en las filas populares sobre cómo tiene que ser la reforma del sistema de financiación. En Ferraz reprochaban a Alberto Núñez Feijóo que, antes de alzar la voz contra Hacienda, su partido debía consensuar una postura unitaria. Aunque lo cierto es que ayer, en la Cámara Alta, la mayoría de barones populares refutaron esa teoría.
"No hay división entre nosotros, hay unanimidad con que el Gobierno tiene la solución en su mano: poniendo 15.000 millones de euros más sobre la mesa cuando se confeccione el nuevo modelo", argumentaba uno de los principales barones del PP, que defiende el aumento de dotación y un criterio de "población ajustada" para contentar a la mayoría de territorios.
La batalla en los tribunales
Según distintos estudios económicos, las regiones más perjudicadas con el actual sistema, que lleva sin renovarse desde que entró en vigor en 2009, son la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. Tres de ellas, a día de hoy, están gobernadas por el PP y comparten la misma hoja de reclamaciones. A la causa común podrían incorporar con facilidad a Emiliano García-Page, el barón díscolo del PSOE.
En cualquier caso, el mensaje que los barones del PP lanzaron ayer en el Senado fue contundente. El presidente andaluz, Juanma Moreno, lo resumió con una frase: "Cuando asuntos tan sensibles como la financiación de las comunidades son moneda de cambio en una negociación bilateral, está claro que unos españoles ganan y otros pierden".
Y ante la posibilidad de que Sánchez, en un nuevo episodio de cesiones a Cataluña para amarrar su investidura con Junts y ERC, pueda crear ciudadanos de primera y de segunda, el PP asegura que dará la batalla por todas las vías que estén a su disposición. "Andalucía está vigilante y utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para evitar agravios y discriminación entre españoles", dijo el propio Moreno.
Con ese mensaje, en realidad, estaba representando al resto de sus homólogos populares, que se muestran partidarios incluso de acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno alcanza un pacto económico con Cataluña que incluya cuestiones tan sensibles como la condonación de la deuda. Como remarcó el presidente andaluz: "Sería premiar la mala gestión y la falta de rigor en las cuentas".
Dentro de las filas del PP, todos los presidentes coinciden en señalar que "lo primordial es incrementar el importe de reparto" en la próxima reforma del sistema de financiación. Después, hay peticiones pormenorizadas. Aunque todas van en la misma dirección: percibir "recursos suficientes con los que cubrir el coste de los servicios públicos y el acceso de los ciudadanos a los mismos en condiciones de igualdad respecto al resto de regiones".
Es decir, que Cataluña no se lleve más que el resto. Así lo exigirán once presidentes autonómicos al Ministerio de Hacienda una vez que eche a andar el próximo Gobierno, cuando convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que no pasarán por alto es que las cosas del comer se decidan... "en un despacho en Waterloo".