La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves desde la tribuna del Congreso el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, entre ellos el de sedición, para homologarlos a los estándares europeos como pide ERC.
Rebajar las penas impuestas a los condenados del 1-O mediante una reforma del Código Penal era una de las exigencias del grupo republicano desde 2019, cuando la plantearon por primera vez a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo. Esta semana las negociaciones llegaron a término para arrancar finalmente el voto de Esquerra, necesario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
"Lo traeremos a esta Cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión", ha señalado Montero sin mencionar expresamente la sedición ni la Ley Mordaza, otro de los asuntos sobre la mesa. La ministra ha asegurado que la reforma no forma parte de la negociación de las cuentas, como lleva anunciando el PSOE desde hace días para desmarcarse de las cesiones a los independentistas.
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Minutos después de su intervención en la tribuna la ministra de Hacienda ha concretado que no ha dicho "lo que se ha interpretado" y que la reforma de sedición "se hará cuando tengamos mayoría suficiente, cosa que hoy no ocurre".
Otras fuentes conocedoras de las negociaciones ponen en entredicho esta versión. Aseguran que el apoyo de ERC estaba condicionado desde el primer momento al cambio del Código Penal y que éste estaría ya solventado. En este caso, el debate se centra en rebajar los tipos y las penas de secesión a la mitad para homologarlas al resto de países vecinos. El delito de rebelión, el otro elefante en la habitación, también está sobre la mesa.
El compromiso tanto del PSOE como de Esquerra es presentar antes de final de año o bien una proposición de ley o un proyecto de ley del Gobierno. En un principio, ERC quería eliminar por completo delito de sedición, pero ahora acepta rebajar las penas.
Al tratarse de una reforma a la baja, el cambio del texto penal se podría aplicar retroactivamente y beneficiar a los políticos fugados que participaron en el procés, pero no les garantizaría no ingresar en la cárcel.
Cambios en la ley
La reforma empezó a redactarse —en paralelo a los indultos— en la etapa del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante los pactos de investidura de 2020, por mediación de Carmen Calvo. Sánchez ordenó entonces congelar esta reforma, que ahora es clave para que el Gobierno siga contando con el respaldo parlamentario de ERC.
El presidente insiste, y lo dejó muy claro el viernes pasado, en que tiene "la voluntad política" y "el compromiso personal" de reformar la sedición, pero indicó que el PSOE todavía no tiene la mayoría necesaria para sacar adelante esta propuesta. Sabe que no puede vaciar de contenido los artículos 544 y 545 del Código Penal, que recogen la sedición, aunque sí modernizarlos para ponerlos al día con Europa.
Así, a efectos prácticos, la reforma a la baja implicaría acortar las prisiones preventivas de los líderes independentistas. En algunos casos concretos incluso podría acordarse un acuerdo y evadir la cárcel, como se espera que ocurra con la exdiputada Marta Rovira, que además es secretaria general de ERC.
En el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado de la Justicia en Waterloo (Bélgica), la rebaja de la pena por sedición no le permitiría eludir la cárcel, pues también está acusado del delito de malversación.
Puigdemont está acusado de rebelión, sedición y malversación, pero el precedente de la sentencia del Supremo al resto de procesados del 1-O dejaría sin efecto el primero de los delitos, ya que el tribunal determinó que hubo sedición, no rebelión.