Pedro Sánchez avanza cada día hacia lo más oscuro del más grave escándalo al que ha tenido que hacer frente como presidente del Gobierno, el del supuesto espionaje masivo a independentistas catalanes.
En contra no tiene a la oposición del PP, de Vox o de Ciudadanos, sino a todos los partidos que facilitaron su investidura y que sostienen casi todas las iniciativas legislativas y presupuestarias de la legislatura. Se incluye también Unidas Podemos que, pese a formar parte del Gobierno de coalición, se ha constituido también en dura oposición a Sánchez.
Esos partidos apuntan directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, responsable del CNI. Contra ella dirigen sus miradas y exigen su cabeza, aprovechando el escándalo para ajustar cuentas políticas pendientes.
Robles siempre ha sido la "bestia negra" de Unidas Podemos, especialmente de Pablo Iglesias, y ha confrontado abiertamente con Ione Belarra y otros dirigentes de la formación morada.
La guerra de Ucrania y el envío de material contra Rusia provocó un abierto enfrentamiento y ahora desde el espacio político a la izquierda del PSOE y desde el independentismo se apunta a la ministra de Defensa. La ofensiva contra ella se apreció este martes en el Senado y el Congreso, y seguirá en la sesión de control de la Cámara Baja.
El Gobierno ya ha conseguido que el Defensor del Pueblo inicie una investigación y ha hecho que Meritxell Batet maniobre para incluir a Bildu, ERC y CUP en la Comisión de Secretos Oficiales y eludir así el veto del PP que impedía constituir ese órgano.
Batet ha rebajado las mayorías que se exigen para acceder a la Comisión de control de los Gastos Reservados, bajando el listón de 210 votos a mayoría absoluta (176), lo que ya permitiría abrir la puerta a ERC, Junts, Bildu y Cup al control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al acceso a materias clasificadas.
Cesiones para explicarse
La intención de la Moncloa es poder salir del escándalo explicando por esas dos vías qué hay de cierto en el informe de la Universidad de Toronto que asegura que al menos 63 políticos, abogados y altos cargos autonómicos de Cataluña han sido espiados con el llamado programa Pegasus que sólo está al alcance de los gobiernos de los Estados del mundo.
Hasta ahora, el Gobierno no ha dicho clara y públicamente que lo que se contiene en ese informe sea falso. La ministra de Defensa, ha hablado en el Senado de “informaciones que no se sabe de dónde vienen” y ha dicho desconocer qué es el The New Yorker, la revista que publicó los presuntos espionajes de 63 personas.
"No sé quién es The New Yorker ni quién es ese laboratorio", ha dicho Robles en el Senado con tono de indignación.
Ha emplazado a los denunciantes a ir a los tribunales y ha asegurado que el Gobierno cumple “escrupulosamente la legalidad” y que hay “indefensión” porque la ley les impide dar datos secretos. Eso excluiría el espionaje sin autorización judicial, pero no descarta que sí se hiciera con autorización del magistrado del Tribunal Supremo. La opción de que se pidiera monitorizar a independentistas con los que se pacta es extraña políticamente.
Pero a los socios de Sánchez no le valen de nada estos movimientos y apuntan directamente al CNI y a la ministra, como responsables de ese espionaje que, obviamente, dan por probado. Exigen dimisiones, pero por el momento Sánchez ni lo contempla porque no ve razones para hacerlo.
Este martes, los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JxCat, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís y BNG han hecho "una declaración conjunta denunciando la práctica del espionaje político" del llamado 'caso Pegasus’.
Lo que es peor para el Gobierno es que todos estos partidos amenazan con votar en contra de las iniciativas del Ejecutivo. “Este Gobierno sólo entiende que se les vote en contra”, asegura, por ejemplo, Gabriel Rufián. El portavoz de ERC ha recordado que su predecesor, Joan Tardà, ya estuvo en esa comisión hace dos legislaturas y en esas reuniones secretas sólo se escuchaban los “chascarrillos” del entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán.
Votaciones en contra
El Gobierno no tiene asegurada aún la convalidación del decreto del 29 de marzo con medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra. El PP no ha dicho que lo apoyará, se inclinaba por la abstención, pero dice estar molesto por la falta de respuesta del Gobierno a sus propuestas económicas. ERC se inclinaba por apoyar el decreto antes del escándalo y no revela aún el sentido de su voto. Y el Gobierno espera que salga adelante finalmente.
Fuentes del Ejecutivo atribuyen la presión de sus socios a la necesidad de ERC por mostrarse firme como gesto hacia su electorado, tras su apuesta por el diálogo con el Gobierno central y el desgaste que le ha provocado.
No ha aclarado tampoco el Gobierno si las presuntas intervenciones de los terminales de los independentistas fueron hechas con autorización del magistrado del Tribunal Supremo como exige la ley.
Pero incluso esa posibilidad no calma a los supuestamente espiados, porque entienden que no tiene sentido que Sánchez les espiara mientras negociaba con ellos su investidura y las leyes que presentaba en el Congreso.
Por eso, entienden vulnerados sus derechos fundamentales, especialmente, los de los abogados supuestamente espiados y los cuatro diputados. Estos últimos pidieron amparo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por entender que se vulnera su derecho a ejercer como representantes de los ciudadanos, porque el sistema Pegasus no sólo intercepta sus comunicaciones, sino que puede captar y grabar el entorno y hacerse con documentos. Eso, según explican, otorgaría notable ventaja a Sánchez cuando negocia con partidos a los que tiene monitorizados.
Batet sólo les aconsejará a los cuatro parlamentarios que han pedido amparo que acudan a los servicios informáticos de la Cámara o a la policía y descarta la posibilidad de defender a los diputados y pedir explicaciones, como responsable del poder legislativo, al poder ejecutivo.
"Es urgente que se den las explicaciones, es urgente que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y nosotros pensamos que va a haber que asumir responsabilidades políticas cuando se sepa quién dio la orden, quién sabía de esto, quién lo promovió o quién miró para otro lado”, aseguró este martes Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, formación que forma parte del Gobierno que, según él, vulnera derechos fundamentales.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a Sánchez de poner el Estado "al servicio del Gobierno" para "garantizar que sus socios de investidura le siguen apoyando toda la legislatura".