Javier Corbacho M.A. Ruiz Coll

PP y PSOE han vuelto a chocar por el polémico y decisivo voto telemático del diputado popular Alberto Casero, que permitió al Gobierno aprobar la reforma laboral el pasado 3 de febrero.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha avalado este martes la actuación de su presidenta, la socialista Meritxell Batet, quien rechazó la petición de Casero de anular su voto electrónico había votado a la reforma laboral por error para que pudiera dar un no al texto de forma presencial.

"Se ha acordado, por mayoría, que las decisiones fueron correctas, que la comprobación de voto fue la adecuada y que no hubo imposibilidad de votar que obligara a reunir la Mesa", ha anunciado Batet en rueda de prensa. "Se actuó conforme a Derecho", ha añadido. "Los errores en el voto no dan lugar a repetición alguna", ha sostenido.

Asimismo, la presidenta de la Mesa ha criticado las "descalificaciones" vertidas contra el informe jurídico de los letrados de la Cámara Baja. El dictamen señala que "no hubo incidente técnico" en el voto electrónico de Casero y determina que su a la reforma laboral del Ejecutivo, aun involuntario, es "irrevocable".

Batet ha cargado, sin citar explícitamente al PP, contra quienes tratan de "deslegitimar" las instituciones y ha reivindicado la labor de "profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia" frente a los que "cuestionan su idoneidad". Además, ha asegurado que su "empeño día a día" es el de ejercer su "responsabilidad" como presidenta del Congreso con "imparcialidad".

"Toda institución debe respetar sus propias normas y a quienes se encargan de interpretarlas y aplicarlas", ha defendido. "No voy a ser neutral ante los ataques a la institución que me honra presidir y sus profesionales", ha sentenciado.

Recurso del PP

Pero el Partido Popular cree que aún no se ha dicho la última palabra sobre esta cuestión. La vicepresidenta segunda de la Mesa, Ana Pastor, y el secretario cuarto, Adolfo Suárez Illana, han anunciado que no comparten las conclusiones del informe de los letrados de la Cámara y se han mostrado convencidos de que el Tribunal Constitucional dará la razón al PP en este asunto.

Suárez Illana ha recalcado que discrepar de este informe no vinculante no supone cuestionar su honestidad ni profesionalidad, ni, mucho menos, atacar a la institución, como ha sostenido Meritxell Batet.

De hecho, es algo que ocurre casi todas las semanas, tal y como ha recordado Ana Pastor. En el caso de la condena a Alberto Rodríguez, el informe encargado por Batet a los letrados señalaba que el parlamentario de Unidas Podemos debía conservar su escaño. Finalmente, la presidenta de la Mesa le retiró, tal y como exigía el PP, el acta de diputado.

Por ello, los populares se muestran convencidos de que volverá a ocurrir lo mismo con el televoto de Alberto Casero. Y, a efectos jurídicos, ha añadido Ana Pastor, es "irrelevante" que el error de este diputado fuera humano o se debiera a un "fallo informático".

Un acuerdo de la Mesa sobre el voto telemático fechado en 2012, que permanece en actualmente en vigor, permite al diputado solicitar que se anule su voto electrónico ya emitido y que sea sustituido por el o por el no que pulse, presencialmente, en el Pleno.

Según ha señalado Ana Pastor, al denegarle esta posibilidad, Meritxell Batet se arrogó una decisión que sólo podía tomar la Mesa, que no llegó a reunirse a tal fin. Y luego, indica el PP, la socialista "faltó a la verdad" tras la votación al asegurar que el órgano rector de la Cámara ya había abordado y resuelto la cuestión.

Por su parte, Suárez Illana ha indicado que sólo el voto presencial de los diputados tiene carácter "irrevocable". No así el telemático, en contra de lo que sostiene el informe de los letrados.

El error de Alberto Casero fue decisivo para que la Cámara Baja aprobase la reforma laboral del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que resultó convalidada por tan sólo un voto más a favor que en contra.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha confirmado que su grupo ya ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, desde que se produjo la votación en el Pleno del Congreso, ha advertido que Batet podría haber prevaricado al negarse a modificar el resultado de la votación. 

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