Moncloa le quiere marcar el paso el Partido Popular y dejarle claro a Pablo Casado que "debe definirse en su relación con Vox". Los dos partidos que forman la coalición de Gobierno tienen claro que los resultados de las elecciones en Castilla y León de este domingo obligan a los populares, "por fin", a explicarle a los españoles "qué tipo de relación quiere mantener con la ultraderecha".

Así lo expresan algunos miembros del Ejecutivo y altos cargos a la salida del Consejo de Ministros de este martes. Las palabras de la portavoz, Isabel Rodríguez, fueron más institucionales y menos políticas, pero muy claras: "El Gobierno actuará con contundencia. Estaremos muy atentos para que no haya ni un solo retroceso en materia de derechos y libertades, especialmente los derechos de las mujeres", si Alfonso Fernández Mañueco se desdice de su empeño en gobernar en solitario, y acaba por acordar cualquier tipo de pacto para seguir siendo presidente autonómico con el partido de Santiago Abascal.

Esto quiere decir, en conversación de un miembro del Gobierno con este periódico, que Moncloa "recurrirá ante el Tribunal Constitucional" cualquier ley, disposición, decreto o interpretación de acuerdos que contravenga la legislación vigente, e incluso la doctrina jurisdiccional establecida. "Ya ocurrió en Murcia con el llamado 'pin parental'", ha recordado esta ministra. "Y se pudo parar, porque ningún derecho puede ser moneda de cambio política".

Consejo de Ministros

"Feminismo es democracia"

Al lado de Rodríguez se sentaban este martes el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que presentaba la nueva Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, y la titular de Igualdad, Irene Montero. La también número dos de Podemos presumía en la mesa de la sala de prensa de Moncloa de que su departamento liberaba este martes hasta 307 millones en financiación a las Comunidades Autónomas "para el despliegue de las políticas feministas, que son sinónimo de democracia".

Montero se empeñó mucho en marcar territorio "frente a la extrema derecha", pero también "frente a la derecha". De hecho, la ministra de Igualdad metió a PP y a Vox en el mismo saco al acabar su primera intervención asegurando que "para este Gobierno, los derechos de las mujeres hacen de España un país mejor y son la mejor vacuna y el mejor antídoto frente al odio que la derecha y la extrema derecha quieren imponer en nuestro país".

No llegaron tan lejos los miembros socialistas del Gobierno, pero sí que aclaró la portavoz que los 190 millones del Plan Corresponsables 2022 y los 117 millones para la financiación de las políticas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se han aprobado en el Consejo de este martes eran "un mensaje contundente".

Para el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, "sería bueno que el PP siguiera jugando en la cancha de la democracia". Y sorprendió incluso cómo Montero puso en valor al Partido Popular por haber impulsado "la conversión del Pacto de Estado en permanente" y por haber contribuido "a renovarlo e incluso, mejorarlo en algunos de sus aspectos".

Para Moncloa, sería una línea roja "inaceptable" que los populares aseguraran cuatro años más de Gobierno en Castilla y León a cambio de ceder en las reivindicaciones de Vox.

El PP ya ha dicho que no

Y es que el candidato de Abascal en la región castellanoleonesa ha marcado este mismo martes cuál es su primera condición para una eventual negociación con el PP: derogar la ley autonómica de violencia de género.

No habría hecho falta siquiera que Moncloa dijera nada, porque antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente en funciones de Castilla y León había aclarado que "esa ley no se va a tocar". Es decir, que si Vox quiere pactar algo, nunca será por esa vía.

Y ésa es la clave, para fuentes cercanas al presidente del Gobierno, que el Partido popular defina su relación con Vox. "Es importante, incluso de cara a la imagen de nuestro país y de ellos mismos en Europa, saber de una vez por todas, a qué juega el PP con Vox".

Casi se podría decir que en Moncloa celebran los resultados de las elecciones, no sólo para llenar de argumentos tangibles lo que hasta ahora no era más que un eslogan político, el que igualaba al PP con la extrema derecha, sino para ver dónde están los intereses de Casado: "Si en conquistar el poder a toda costa o en construir consensos".

En ese sentido, en todo caso, nadie del entorno de Pedro Sánchez quería descubrir las cartas del PSOE si es que el PP confirma los deseos de Casado de mantenerse firme en el no a Vox, aunque eso obligue a pedir una abstención técnica al PSOE o incluso a nuevas elecciones autonómicas en Castilla y León. Eso sí, otras fuentes de Moncloa sugerían que podría ser el momento de volver a sentarse a hablar sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial... quizá cómo vía de escape para ambas partes.

Era éste el primer Consejo de Ministros de la semana, sólo 24 horas después de anunciar Moncloa que en las próximas semanas repetirá la operación de diciembre, en la que se duplicaron las reuniones "por la enorme cantidad de agenda legislativa" que el Gobierno quiere sacar adelante.

Al Ejecutivo de coalición se le acumulan hasta 40 hitos que cumplir con la Comisión Europea, "de los que dependen los próximos 12.000 millones de euros" que tiene que librar Bruselas a España, según una fuente ministerial. Los compromisos con la Comisión han imprimido un ritmo "infernal" en los departamentos, han atascado el Congreso y, en todo caso, favorecen la imagen que Presidencia quiere ofrecer.

Aunque otra ministra admitía que cuando el PP convoca elecciones autonómicas para tapar la acción del Gobierno", o cuando vienen mal dadas, hay "tensiones externas", o viene la zozobra interna -como la de la reforma fiscal-, es conveniente "ocupar la agenda mediática" y generar titulares, presentar proyectos "y demostrar que este Gobierno hace muchas cosas que están transformando este país".

Eso es lo que hay estos días en Moncloa.