Los Presupuestos Generales del Estado no son sólo la ley más importante de cada curso político para el Gobierno. También lo son de su responsable, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y en un contexto como el que vive el Gobierno de coalición, el de menor apoyo parlamentario de la historia de la democracia y que antes de cada proyecto de cuentas públicas tiene que negociar internamente, la intervención de la líder del partido minoritario de las dos formaciones que soportan al Ejecutivo es caldo de cultivo para la reivindicación.
Ione Belarra usó su intervención ante el Congreso para presumir de su labor, sin duda; se extendió por el aumento "sin precedentes" de las inversiones en dependencia, juventud, protección de la infancia o cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y lució el alza del 20% en los recursos para su departamento.
Pero sobre todo, utilizó su discurso para hacerle oposición al partido mayoritario del Gobierno, el PSOE; para afearle sus negativas a la responsable de la ley, la ministra de Hacienda; y para exigir que los proyectos de su propio Ministerio dejen de quedarse bloqueados una vez llegan a Moncloa.
La líder morada dejó claro que su formación tuvo que renunciar a la "reforma fiscal" que exigía para estas cuentas públicas. Una medida comprometida en el acuerdo de coalición y que Pedro Sánchez decidió -ya en el verano de 2020- postergar hasta el final de la legislatura. "Para nosotros era fundamental que estos presupuestos no sólo aumentaran su inversión en políticas sociales, sino que, además, comenzásemos a corregir la enorme distancia fiscal que nos separa de la media europea", proclamó hacia la mitad de su intervención Belarra.
Reforma fiscal
La razón que adujo el presidente fue que había que esperar a que "la situación económica sea propicia" para lo que su Ejecutivo llama reforma y que, en realidad, será una subida de impuestos. Así queda claro cada vez que Sánchez, Montero o la misma Belarra la argumentan, pues citan esa supuesta brecha en la presión fiscal "de hasta ocho puntos" que, dicen, tiene España de margen respecto a los países de nuestro entorno.
"Quien más tiene, tiene que pagar más, porque sin justicia fiscal jamás lograremos una justicia social real", proclamó Belarra desde el atril. Y por eso, "hoy más que nunca debemos avanzar hacia la justicia fiscal". Para la líder de Podemos, "el principal responsable" de que los españoles no puedan "disfrutar de vidas dignas y buenas" es la "desigualdad".
Y aunque los morados sí lograron que el PSOE aceptara anticipar la implantación del tipo mínimo del 15% para el impuesto de Sociedades en los PGE de 2022, medida de la que Belarra declaró sentirse "particularmente orgullosa", advirtió de que "aún tenemos margen de mejora" para que "las grandes empresas empiecen a pagar lo que les corresponde", advirtió.
Y señaló directamente a los culpables, según su punto de vista: "La lista Forbes de las 100 personas más ricas de España dice que han aumentado su fortuna en un 17% durante 2021", acusó. "Y esto no es porque se hayan esforzado más que la gente que menos tiene".
Sus proyectos personales
La renta universal por crianza de hijos fue otra exigencia que Unidas Podemos tuvo que guardarse en la negociación con el PSOE para los Presupuestos. Y ésta le hizo especial daño a Belarra, porque era un proyecto no sólo de su Ministerio, sino un empeño "personal", tal como lo definen fuentes de su entorno.
La ministra de Derechos Sociales también hizo mención a esta iniciativa, que está incluida en los planes de su departamento, fue una auténtica frustración y "renuncia" de los morados en la negociación presupuestaria.
"Tuvo que quedarse encima de la mesa por la oposición frontal del PSOE a aprobarlo", reconoció Belarra en una entrevista a inicios de octubre. Pero ahora no ha renunciado a ondear su bandera haciendo oposición a las cuentas públicas que pretendía defender.
El 'cheque bebé' de 1.200 euros era una suerte de prestación universal por crianza para madres con hijos entre 0 y 3 años para la que era necesario crear una partida de 400 millones de euros. A cambio de su renuncia, dijo Belarra, se ha mejorado la prestación del Ingreso Mínimo Vital para las familias de bajos ingresos. Éstas recibirán un complemento a su prestación que de 100 euros por menor a su cargo hijo entre 0 a 3 años, de 70 euros si tienen entre 3 a 6 años y de 50 euros para los de 6 a 18 años.
"Éste es un primer paso de lo que me gustaría que finalmente fuera una renta crianza universal", confesó en el micrófono. "El objetivo es corresponsabilizar al Estado en la tarea de la crianza, que en muchas ocasiones exige a las familias un enorme esfuerzo en tiempo y recursos, y poder garantizar con ello los derechos de la infancia y la adolescencia".
Ley bloqueada
Y finalmente vino la reivindicación política más llamativa de los últimos días en el ala morada del Gobierno. La acusación desde sus filas de que Moncloa tiene bloqueada la Ley de Protección Animal desde hace dos meses.
Belarra recordó ante la Cámara que los Presupuestos aumentan los fondos para la Dirección General de los Derechos de los Animales. Algo que carece de sentido si no es para la implementación de esta norma "que estamos desarrollando", dijo, "como un cometido fundamental".
Las mismas fuentes del partido morado admiten que la ley es "muy light" y que no incluye las principales reivindicaciones de su programa electoral. En ese tono se expresó Belarra: "Sé muy bien que la legislación está todavía muy por detrás del sentir y el consenso de la sociedad española, que no tolera el abandono ni el maltrato de los animales y que quiere una legislación en todo el Estado que los proteja".
Y por eso mismo, con esas concesiones preventivas al consenso con el PSOE, insistió "esperamos poder llevar muy pronto esta ley al Consejo de Ministros y que sea cuanto antes una realidad".