Brais Cedeira Mariano Alonso

La indignación por la concesión del tercer grado penitenciario a un criminal reincidente como el presunto asesino del niño Alex, que este domingo quedaba en prisión provisional sin fianza en Logroño, alcanza también a muchos funcionarios de prisiones.

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Con la condición de anonimato que reiteran con machaconería por temor a que se les identifique, muchos de los que viven el día a día de las cárceles y trabajan en las juntas de tratamiento denuncian presiones de "Madrid", como se refieren siempre a Instituciones Penitenciarias, para facilitar los permisos. "La presión es siempre para excarcelar, como ocurrió con los etarras" explican, detallando que esas órdenes nunca se poner por escrito, sino que se transmiten siempre de manera oral. 

Las indicaciones casan a la perfección con la filosofía de fondo expresada públicamente por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, quien fijó en 2019 como un objetivo prioritario el aumento de los terceros grados. El hombre elegido por Fernando Grande-Marlaska para dirigir las cárceles españolas presume de haberlos aumentado del 15% al 18% durante su mandato, si bien considera que ese índice es aún "bajo" y debería crecer en el futuro. 

Algunos de quienes trabajan con los reclusos describen un panorama laboral difícil para quienes no se avengan a implementar ese objetivo, que también se incentiva con pluses salariales vinculados a la concesión de terceros grados. "He sido secretario de una junta de tratamiento muchos años. Conozco bien cómo funciona y las presiones y directrices que reciben allí. Si no se cumplen unos objetivos de terceros grados o permisos te pueden cambiar de equipo o incluso de módulo, trasladándote a otro más conflictivo".

Las juntas de tratamiento la componen un psicológo, un trabajador social, un educador, en ocasiones un médico, y además un director, un subdirector y un jefe de servicios. "Unos profesionales aguantan la presión, pero otros no. Y en eso influye si eres funcionario, que aunque te puedan afectar a tu posición no pierdes tu plaza, o si eres personal laboral, como por ejemplo suele pasar con los trabajadores sociales" relata un jurista con amplia experiencia en las juntas de tratamiento. 

Comportamientos engañosos

Pero además, culpan a Ortiz de estar implantanado un sistema que castiga a "la gente de la casa, a los que tenemos experiencia y hemos visto a muchos presos". Se da la circunstancia, como describen, que algunos criminales de carácter sexual y reincidentes, como el autor del crimen Lardero, Francisco Javier Almeida, suelen tener un buen comportamiento como reclusos. "En mi experiencia, suelen portarse mejor que la media, aunque parezca raro" reflexiona una de las personas consultadas por este periódico. 

Una circunstancia que puede, obviamente, ser engañosa. Pero no para el que conoce el paño. "En un caso como el de Logroño, el hecho de que fuese el autor de un crimen tan significado como el de la inmobiliaria [un asesinato y violación que conmovió a la opinión pública en los años noventa] te tiene que hacer disparar todas las alarmas. Esa tipología de asesinato, tal y como lo cometió, demuestra a las claras, para cualquiera con un poco de experiencia, que hay un problema gordo". 

Las presiones para una mayor laxitud en el trato a los presos no solo afectan a los permisos penitenciarios, sino también al régimen disciplinario dentro de los centros. Otra de las personas consultadas por este diario asegura que las faltas graves por agresión a un compañero de celda o módulo, que pueden castigarse hasta con catorce días de aislamiento, se están rebajando hasta el mínimo, que son seis días. 

Además, la filosofía de favorecer siempre el "régimen abierto" deja situaciones que algunos en las juntas de tratamiento tienen difícil justificar. Por ejemplo con determinados presos que son drogodependientes y que su conducta delicitiva está directamente vinculada al consumo de sustancias. Muchos de ellos reciben permisos o son trasladados a los Centros de Inserción Social (CIS) o incluso el Proyecto Hombre colabora en su rehabilitación, como es lógico.

Pero ocurre, describe de nuevo gente con experiencia en las juntas de tratamiento, que en muchas ocasiones una analítica da positivo, poniendo de manifiesto una recaída en su adicción, pero "desde Madrid nos dicen que no se da marcha atrás" en los permisos concedidos. 

El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, era muy claro en 2019 sobre su petición a los directores de los centros en una larga entrevista que concedió a la publicación La Voz del Patio, elaborada en la cárcel del Burgos: "Mantuve varias reuniones con los directores de prisiones en las que se habló de intentar incrementar ese porcentaje [de terceros grados], dentro de la legalidad y porque el marco jurídico español así lo permite". 

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