Objetivo cumplido, y patada hacia adelante. Moncloa hace un balance positivo de la reactivación de la mesa de diálogo con el Gobierno de Cataluña, que finalmente tenía lugar este miércoles en el Palau de la Generalitat en Barcelona.

La tesis es, en referencia a los independentistas, que "les hemos desarmado" y que consecuentemente el procés ha entrado en vía muerta. Creen que con la concesión de los indultos a los condenados por sedición por el Tribunal Supremo, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras, y en general con la mengua movilizadora del separatismo, plasmada el pasado fin de semana en una Diada con muy poco seguimiento con respecto a otras celebraciones del 11-S, la situación está mucho mejor que hace apenas un año, como de hecho repiten en público los portavoces gubernamentales, incluido el propio Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, que comparecía en el simbólico claustro de columnas del Palau, justo después de entrevistarse en solitario durante dos horas con Pere Aragonès, ponía en valor "la imagen" misma de su comparecencia, resaltando ante preguntas de los periodistas sobre si no había pocos acuerdos que se trata de una instantánea insólita en los últimos años. Aun cuando, como recogían las cámaras de televisión, un operario del Govern retiraba oportunamente después la bandera de España para que Aragonès compareciese solo junto a la senyera, la bandera autonómica catalana.

En el Gobierno creen que incluso la ausencia de consejeros de Junts Per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, en la delegación catalana -que se reducía a dos personas además del presidente, la consejera de Presidencia Laura Vilagrà, y el consejero de empresa, Roger Torrent- es positiva para sus intenciones. Consideran que la formación del expresidente catalán, fugado de la Justicia fuera de España desde 2017, se ha quedado fuera de una relación bilateral que traerá cosas positivas.

"Sin plazos" 

El principal triunfo del Ejecutivo central, cuya delegación coordinaba el ministro de la Presidencia y hombre de la máxima confianza de Sánchez, Félix Bolaños, al que acompañaban la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el de Cultura y Deportes y líder del PSC, Miquel Iceta, es los plazos futuros. O mejor dicho, la ausencia de los mismos. Un diálogo "sin plazos" era uno de los grandes titulares que dejaban ambos dirigentes.

Las dos delegaciones se han emplazado para seguir trabajando de manera discreta pero, como admitía Aragonès, sin una fecha fija para el segundo encuentro de la Mesa. El mismo miércoles por la mañana, en una entrevista radiofónica, la propia Laura Vilagrá había asegurado que del encuentro se saldría con la fecha de la segunda cita, y que esta sería "antes de final de año". Preguntado por ello, el presidente catalán se acogía durante su rueda de prensa a que "lo importante no son los encuentros, sino los acuerdos". 

Pese a todo, las diferencias de fondo están ahí, y ninguno de los interlocutores las ocultan. El nudo que aún no se puede desenredar tiene dos nombres: referéndum de autodeterminación y amnistía. Las dos exigencias de máximos de la Generalitat que Sánchez ya ha dicho que no caben en el ordenamiento legal y constitucional. El jefe del Ejecutivo dejaba claro durante su comparecencia que "vivimos juntos y tenemos que decidir juntos, lo que sea España lo decidiremos todos los españoles, no una parte".

Todo un aldabonazo al referéndum de independencia que el acuerdo de gobierno entre ERC y Junts fija para 2023 y que Aragonès defendía en su comparecencia tras la reunión con Sánchez como la propuesta "más inclusiva" porque, decía, permitiría a cada uno defender su posición. El presidente de la Generalitat, pese a todo, enfatizaba el hecho de que, decía, el Gobierno de España reconozca ahora la existencia de un "conflicto político" aunque no dudaba de volver a acusar al Estado de practicar una "represión" selectiva contra el movimiento independentista. 

Por si quedase alguna duda, una comunicación oficial del Gobierno tras el encuentro afirmaba que "el Ejecutivo siempre ha sostenido que el modelo recogido en la Constitución es el único marco posible para reconocer la enorme y rica diversidad del país, consolidar derechos y garantizar la convivencia de una sociedad plural como la catalana". A partir de ahora ambos gobiernos tratarán de pulir la llamada "Agenda del reencuentro" que los dos consideran una oportunidad única tras muchos años de tensión.

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