La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tumbaba este miércoles dos comparecencias extraordinarias del presidente del Gobierno pedidas por la oposición. Una de ellas sobre Afganistán, que el Ejecutivo 'sustituye' por otra del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la otra, que no tendrá alternativa, sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que el pasado julio asestaba un duro golpe a Moncloa, tildando de inconstitucional el amparo del estado de alarma para decretar el confinamiento de marzo de 2020.
La mayoría que los partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, forman junto a sus socios parlamentarios, y a la que se sumaban otros grupos minoritarios, rechazaban igualmente la petición de la oposición de que compareciese el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para dar explicaciones sobre lo dicho por el TC el mes pasado.
Pero pese a ese rechazo numeroso a la petición del PP, el debate parlamentario volvía a dejar de manifiesto que, aun respaldando sin fisuras el confinamiento entonces decretado, e incluso el estado de alarma como el instrumento idóneo para llevarlo a cabo, la petición al Gobierno de que se refomen las leyes es más general. Y que se aborde una reforma así ante la eventualidad de vivir otra situación de crisis sanitaria parecida a la de principios del año pasado no es únicamente una reivindicación del primer partido de la oposición, o de las formaciones del centroderecha.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, que dejaba claro su rotundo rechazo a la iniciativa del PP para forzar las comparecencias de Sánchez y Bolaños, afirmaba en cambio nada más comenzar su discurso que "lo que se ha demostrado, con la problemática de la pandemia y del Covid, es que la legislación no estaba adaptada a las circunstancias".
El representante en Madrid del partido del Lehendakari Íñigo Urkullu señalaba que "nadie había previsto" una situación de enfermedad y contagio "tan generalizada en todo el territorio" y tan "duradera". Si bien arremetía con sorna contra el TC porque, a su juicio, decir que "la solución es el estado de excepción significa que los problemas del TC no son de este mundo".
No es la primera vez que el PNV y otros socios del Gobierno, como los independentistas catalanes, se manifiestan en ese sentido. Fuentes parlamentarias aseguran que en ese debate siempre se ha notado en el Congreso qué grupos tienen competencias autonómicas y sufren, por tanto, la falta de unificación de criterios jurídicos en el combate de la pandemia para, por ejemplo, imponer los toques de queda en cada una de las diferentes comunidades autónomas.
A favor de algún tipo de modificación legal para tener instrumentos más eficaces en el futuro se manifestaba también, en la misma Diputación Permanente, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.
"Plan B jurídico"
Pablo Casado, por su parte, lleva un año hablando del "plan B jurídico" o, más directamente, de una "Ley de pandemias" que a juicio del líder de la oposición se podría llevar a cabo modificando por procedimientos de urgencia alguna de las normativas sanitarias vigentes.
Lo cierto es que el propio Gobierno habló hace un año de reformar las leyes en ese sentido, justo cuando negociaban con Ciudadanos el apoyo de los de Inés Arrimadas a las últimas prórrogas del primer estado de alarma, ahora invalidado por el TC.
Desde que se produjo el fallo del Alto Tribunal el pasado julio, el Ejecutivo ha insistido en que el TC -que se pronunció por escaso margen y con varios votos particulares en contra, el más significado el de Cándido Conde Pumpido- simplemente discute el "paraguas jurídico" utilizado para el confinamiento, que según el Constitucional hubiese sido más correcto con el estado de excepción.
Pero Sánchez y los suyos insisten en que el confinamiento de la población ayudó a evitar la propagación del virus, o dicho más directamente y con las propias palabras empleadas cuando se conoció el fallo por la ministra de Justicia, Pilar Llop, que el confinamiento "salvó vidas".