Feministas 'clásicas' apelan a las diputadas del PSOE para que frenen la Ley Trans en el Congreso

La Ley Trans ha recibido la luz verde de Moncloa. La que ha sido la norma prioritaria de la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante toda la legislatura ha recibido finalmente el apoyo de la parte socialista del Gobierno -empujada por un posible veto del colectivo trans en el Orgullo- y llegará al Congreso de los Diputados.

Ahí es donde las diferentes formaciones habrán de debatir si España recoge definitivamente la "autodeterminación de género", si permite el cambio de sexo legal sin necesidad de informe médico o psicológico y si consiente la hormonación y/o cirugía genital de menores de 16 y 17 años sin necesidad de contar con el consentimiento paterno. Entre otras medidas polémicas que incorpora la norma.

Partido Popular y Vox ya han anunciado que votarán negativamente: los de Santiago Abascal la rechazan de pleno, pero los populares abogan por una norma redactada de manera que no genere "inseguridad jurídica" y no suponga el "borrado efectivo de las mujeres". Pero los votos de la oposición no son suficientes. Esto significa que se aprobará salvo que haya diputadas del PSOE rompan la disciplina de voto.

A ello apelan las más de 100 asociaciones feministas aglutinadas en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que esperan "que Pedro Sánchez no sea autoritario y permita la libertad de voto a las mujeres -y hombres- socialistas que sabemos que están en contra".

En conversación con este medio, las feministas de la Alianza censuran los "dislates jurídicos" que incluye la norma y que van "contra el Estado de Derecho". Entre ellos, el que genera más alarma es que el establece el régimen de infracciones y sanciones, pues supone la transposición de las reglas relativas a "la carga de la prueba cuando se trate de motivos relacionados con discriminacion LGTBI". Esto es, que ya no será el denunciante quien tenga que demostrar el hecho discriminatorio, sino justo al revés.

Y es que la ley prevé sanciones administrativas de entre 200 y 150.000 euros por "discurso de odio". Toda una "mordaza" que, a juicio de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, se impondrá a "todas las feministas que cuestionan la doctrina que trata de imponer la idea de que el género es una identidad".

Alertan, además, de que el trabajo de los medios de comunicación se verá "coaccionado y limitado" si cualquier denuncia de las consecuencias de la libre elección del sexo registral se considera "delito de odio" o "transfobia".

Argumentario del PSOE

En el fondo, los socialistas que voten contra la norma que promulga la "autodeterminación de género" sólo estarán siendo consecuentes con el argumentario que su partido hizo público en junio de 2020. Éste sostenía que tal concepto -el de "autodeterminación"- carece de "racionalidad jurídica" y priva de sujeto al feminismo, amén de desatar contradicciones de las cuales la primera víctima sería la mujer.

El documento que exponía la postura del PSOE en la materia estaba firmado por Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Todos ellos advertían de que hay una manipulación interesada de conceptos "fundamentales en el feminismo como son el sexo y el género" que pone "en riesgo el propio concepto jurídico y sujeto político mujer".

Este argumentario quedará diluido si el PSOE finalmente no permite la libertad para votar en conciencia y aprueba la norma tal y como la quería Unidas Podemos.

La ley

Si se aprobara tal y como la ha aprobado el Consejo de Ministros, la legislación incluirá el concepto de "autodeterminación de género", que provoca el rechazo de las feministas clásicas (que consideran que borra la categoría jurídica de mujer, basada en el sexo biológico) y de los expertos (por tratarse de un criterio ideológico y acientífico).

La legislación vigente permite cambiar de nombre y sexo en el DNI siempre y cuando exista un informe médico o psicológico. Ese requisito se eliminará con la Ley Trans, que da por suficiente "la libre declaración de la persona sentida" para cambiar el sexo registral a partir de los 16 años.

Es decir, los menores de 16 y 17 años podrán cambiar de sexo sin necesidad de prueba psicológica ni médica. Por su parte, entre los 12 y los 15 años, quien desee hacer el cambio registral deberá hacerlo a través de sus representantes legales, normalmente a través de la familia. Pero si éstos no están de acuerdo, se nombrará a "un defensor judicial". Los trámites, en todo caso, estarán exentos de "costes o tasas".

Esta norma convertiría a España uno de los países de la Unión Europea con una legislación más radical sobre las personas trans. Y es que son muchas las naciones que cuentan con leyes que reconocen y protegen los derechos de las personas con estas características, pero exigen haberse tratado con hormonas, operado o presentar un informe médico para reconocer el cambio de sexo.

Sólo seis países exigen únicamente la voluntad de las personas para este proceso: Dinamarca, Bélgica, Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Malta. Y con matices que no están presentes en la norma que plantea el Ministerio de Irene Montero.

Los daneses, por ejemplo, exigen seis meses de reflexión antes de iniciar el proceso; los irlandeses deben realizar una declaración formal; mientras que en Bélgica, Portugal y Luxemburgo, últimos países en incorporar esta legislación, los menores de 16 y 17 años sólo pueden hacerlo con una declaración médica.

Por todo ello los expertos han criticado duramente la norma, pero también los colectivos feministas tradicionales. Aglutinados en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, entienden que una norma así "expone a los niños a efectos dañinos de por vida, y a auténticas terapias de conversión de las que los adultos quedan eximidos, pues para ellos es suficiente expresar me siento/soy".

Para que finalmente la Ley Trans sea paralizada, sólo queda una posibilidad: que haya diputados socialistas que rompan la disciplina de voto y sean coherentes con las posturas iniciales del partido en materia de feminismo.