Bruselas

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha esgrimido este jueves su precaria inmunidad, recuperada provisionalmente gracias al Tribunal General de la UE (TJUE), para arremeter contra el Tribunal Supremo y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que pase de las palabras a los hechos en la reforma para rebajar las penas por el delito de sedición.

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En una rueda de prensa convocada en la Eurocámara, Puigdemont ha asegurado además que el indulto a los presos del procés no es la solución y ha defendido la amnistía. El eurodiputado de JxCat no aclara si intentará viajar a España con su inmunidad confirmada, pero no ha mostrado ningún interés en participar en la mesa de diálogo entre el Gobierno español y el catalán, en la que sí quiere estar Oriol Junqueras.

El TJUE decidió este miércoles paralizar de forma provisional el suplicatorio contra el ex presidente catalán y sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí a la espera de recibir todos los argumentos para poder pronunciarse sobre la petición de medidas cautelares, en particular los de la Eurocámara. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 9 de marzo levantar la inmunidad a los tres políticos por considerar que las acusaciones contra ellos son anteriores a su elección como eurodiputados y que no existe una persecución política.

Puigdemont sostiene que el auto del TJUE que frena este suplicatorio es "de gran importancia" y ha reclamado al Parlamento Europeo que no presente alegaciones contra su inmunidad recuperada. "Estamos convencidos de que nuestra insistencia en proteger nuestros derechos es la mejor manera de defender los derechos de la Eurocámara", ha asegurado. El Parlamento dispone ahora de dos semanas para contestar al Tribunal de Luxemburgo.

El expresidente catalán acusa al Tribunal Supremo de ignorar las decisiones del TJUE y pide a Bruselas que actúe como lo ha hecho en los casos de Polonia o Hungría. "Hemos recuperado temporalmente nuestros derechos políticos que nos permiten continuar ejerciendo nuestra función en igualdad de condiciones que el resto de nuestros colegas, excepto en un lugar de la UE: España", ha criticado.

Toni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, en su rueda de prensa de este jueves en la Eurocámara Reuters

"Es una anomalía que hemos denunciado desde el primer día, pero que el Tribunal Supremo español insiste en mantener. Quizá eso permita entender por qué el actual Gobierno español está intentando realizar cambios profundas en la judicatura y por qué la ultraderecha y la derecha nacionalista se oponen de forma radical", asegura Puigdemont.

"El poder judicial español se ha convertido en un problema que Europa ya no puede ignorar mientras sigue señalando los problemas en otros países como Hungría, Polonia o Eslovenia", ha indicado.

"Nosotros no estamos inhabilitados para hacer política para nadie excepto para España y la decisión del TJUE confirma eso. Quien inhabilita la democracia es aquel Gobierno que niega nuestra condición de respresentantes de los ciudadanos. El problema no lo tenemos nosotros. Lo tiene un aparato de Estado, no sólo el Gobierno, con el Rey a la cabeza y hasta el último miembro del Tribunal Supremo, que insisten en considerarnos una especie de fugados", sostiene Puigdemont.

Sobre la reforma del delito de sedición, el expresidente catalán denuncia que el Gobierno de Sánchez lleva dos años haciendo anuncios y "propaganda" sin concretar nada. "Está muy bien anunciar promesas e intenciones, pero han pasado muchos años y no hay ni una sola propuesta sobre la mesa que podamos analizar y decir si nos parece bien o mal", apunta. 

En cuanto a los indultos, Puigdemont considera que se trata de "una solución particular, personal, pero no forma parte de la receta de la solución política". "Quien piense que los indultos van a acabar con la represión se equivoca. Hay miles de personas pendientes de algún tipo u otro de represión", ha señalado.

"Aquí es donde aparece con toda rotundidad la necesidad de una ley de amnistía. Porque la ley de amnistía es política y es la política la que debe resolver. Una amnistía, que sería lo razonable, sí que formaría parte de la receta de la solución política", defiende el expresidente catalán.