El fin del estado de alarma ha desatado el caos en España. La madrugada del sábado al domingo estuvo marcada por aglomeraciones y fiestas con motivo de la caída del toque de queda. El país pasó "de cero a cien" -Francisco Igea dixit- porque el Gobierno no había previsto una alternativa al mecanismo constitucional vigente durante seis meses.

Así pudimos ver las imágenes de celebraciones multitudinarias en decenas de ciudades del país. Miles de jóvenes sin inmunizar salieron a las calles a beber y bailar tras meses de prohibiciones pese a que el fin del estado de alarma no viene acompañado del fin de la pandemia.

La situación actual obliga a que sean los Tribunales Superiores de Justicia quienes validen las restricciones que impongan las comunidades autónomas. Habrá, por tanto, 17 jurisdicciones distintas y ningún criterio unívoco. Mientras que en Baleares y en la Comunidad Valenciana se ha ratificado la decisión de mantener el toque de queda, en País Vasco y Canarias ha sucedido justo lo contrario.

Exactamente esto es lo que afean algunos dirigentes políticos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Se desentendió hace siete meses de la pandemia"; "todo lo que toca lo convierte en caos"; "será el responsable si hay otra ola"; "el estado de alarma no puede sustituirse por la ausencia del Estado"; etc.

"Estado del caos"

Los más vehementes en este sentido han sido los dirigentes del Partido Popular. Su presidente, Pablo Casado, ha asegurado que el presidente "será el responsable si hay otra ola" y que "responderá ante la Justicia y una comisión parlamentaria por la peor gestión del mundo".

También ha aludido al "caos" el secretario popular Teodoro García Egea, que considera que España ha pasado del estado de alarma al "estado del caos" porque "todo lo que toca [Sánchez] lo convierte en caos: la vacunación, la protección de los sanitarios, las rutas seguras con el resto de Europa y el turismo".

Otro que se ha manifestado contra la poca previsión del Gobierno central ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha criticado la "falta de cobertura normativa y jurídica" que pone a las administraciones en una situación de "debilidad". Por esto mismo, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, cree que Pedro Sánchez "se desentendió hace siete meses de la pandemia".

"Insensato"

Pero no sólo los populares critican que el estado de alarma haya decaído sin que se haya previsto el nuevo escenario. En Ciudadanos, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León Francisco Igea ha aseverado que "si se produce la situación de que es necesario volver a decretar el estado de alarma, el Gobierno de Pedro Sánchez debería dimitir".

Otra de las figuras con más peso dentro del partido liberal, Begoña Villacís, ha tildado de "insensato" al presidente de la nación por haber "decidido terminar con el estado de alarma y lanzarnos al vacío".

Hasta en el seno del PSOE el descontento con la situación es evidente. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha calificado de "lógicas" las fiestas del fin de semana porque la gente está "muy cansada" y ha recordado que la situación "tampoco ha cambiado excesivamente" pese al cambio radical de paradigma legal.

Hasta el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha criticado que se haya producido "un cambio drástico de un día para otro". Y ha deslizado que "si llega otra ola, a algunos les supondrá un adiós".

Plan B

El Partido Popular lleva un año pidiendo al Gobierno un "plan B". Concretamente desde mayo de 2020, cuando el Parlamento se disponía a votar la cuarta prórroga del primer estado de alarma. Entonces, los populares plantearon una alternativa jurídica para que las comunidades dispusieran de reglas para ser autosuficientes.

El plan B del PP consiste en una "ley de pandemias" que ayude a hacer frente a futuras crisis sanitarias y que ya registró en el Congreso como proposición de ley para modificar la ley de salud pública (3/1986).

Este, según creen los populares, garantizaría la capacidad de las comunidades autónomas para restringir la movilidad, limitar el derecho de reunión o decretar cierres perimetrales contando con un paraguas jurídico que impediría que sus decisiones pudiesen ser tumbadas por los tribunales.

El caso es que la propuesta del PP fue desoída. Y más de un año después de que estallara la pandemia España sigue sin contar con una alternativa solvente al estado de alarma. Un vacío legal que ha provocado el caos.

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