El juez Juan José Escalonilla se corrige a sí mismo, atiende el recurso de la acusación popular contra el sobreseimiento parcial del caso de los sobresueldos en Podemos, y reabre la causa por delitos de malversación y administración desleal contra su gerente Rocío Esther Val y el responsable de finanzas Daniel de Frutos.

En dos autos con fecha del pasado 16 de abril, a los que ha tenido acceso este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid que instruye el llamado 'caso Neurona', acusa al partido de haberle entregado documentación falsa. Según los escritos, para exonerar a sus dirigentes, Podemos había hecho constar en la causa como vigentes unos estatutos que no eran los que regían en la fecha de los hechos. Y esto fue lo que le convenció para su decisión anterior, datada el pasado 11 marzo. 

Un mes y cinco días después, el juez Escalonilla se corrige, estima el recurso de reforma presentado por la acusación popular de Vox, al que se adhirió la militante y exsenadora del partido Celia Cánovas -acusación particular en el proceso- y ordena nuevas diligencias. 

Podemos y los jueces

En Podemos están hartos de los jueces, eso es evidente. Mientras en el Consejo de Ministros tenían que tragarse la promesa del ministro Juan Carlos Campo a la comisaria Vera Jourova -convertida en orden- de que retirarán del circuito parlamentario la ley para rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para la renovación del CGPJ, el partido morado cree que cada vez que hay un proceso electoral se reactivan los casos contra ellos.

Concretamente, el juez acusa en su auto a Podemos de que su representante legal "no ha aportado" los Estatutos "vigentes en el año 2019". Al contrario, afirma Escalonilla que "si bien aportó los citados Estatutos elevados a público en el acta notarial de fecha 1 de agosto de 2017 [...], parece ser que posteriormente fueron aprobados otros Estatutos en el año 2018". Y estos son los que "se encontrarían vigentes" cuando la gerente "procedió a la implementación de los complementos salariales". Y éstos "no han sido aportados por dicho partido político".

Además, Escalonilla reprocha a la formación de Pablo Iglesias que para exculpar a sus acusados acabara implicando a la hoy ministra Ione Belarra. De hecho, la exsenadora Celia Cánovas llegó a pedir su imputación a la vista de la documentación presentada por Podemos.

El Juez se siente engañado por la defensa del partido por hacerle entrega de un "Informe sobre ejecución de presupuesto de 2019, con especial indicación de la partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales" para dar por aprobados por el órgano de gobierno del partido tales sobresueldos.

Pablo Iglesias junto a Ione Belarra en el reciente traspaso de carteras. Efe

Al contrario, afirma Escalonilla que "tiene razón la parte recurrente en cuanto a que resulta insuficiente [...] la mera presentación de un certificado" firmado por Belarra, que ostentaba la condición de secretaria del Consejo de Coordinación, "debiéndose presentar, de cara a la adecuada acreditación de tal extremo el propio Informe sobre ejecución de presupuesto de 2019".

Nuevas citaciones

Con toda esta argumentación, el juez del caso Neurona, en el que se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, acordaba reabrir la investigación sobre los presuntos sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, respectivamente, al cuestionar que la primera tuviera competencias para aprobar complementos salariales.

Escalonilla deja ahora sin efecto ese sobreseimiento temporal y ordena la citación del exgerente Pablo Manuel Fernández Alarcón para que declare como testigo el próximo 21 de mayo.

También reclama a Podemos que entregue los estatutos del partido de 2018; el informe de ejecución de los presupuestos de 2019, detallando las partidas que reflejen los complementos salariales; y los datos personales de los trabajadores que recibieron dichos sobresueldos.

El instructor ha acogido el argumento planteado por Vox de que Val no tendría la capacidad de establecer pluses salariales. El propio Escalonilla ha explicado en sus autos que, si bien había concluido que la gerente sí tenía esa facultad, "de la documental presentada cabe llegar a conclusiones distintas".

"En tal sentido los certificados de los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de fecha 17 y 24 de abril de 2017 [...] acreditan que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente, lo que indiciariamente acredita que ésta última no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala", señala Escalonilla.

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