"Transfuguismo es corrupción", ha sentenciado María Jesús Montero. La ministra portavoz ha abierto la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con un ataque frontal al PP. Pretendía desviar (lo posible) el foco de la dimisión intempestiva de Pablo Iglesias y, remarcar, (todo cuanto pudiera) que el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, había dado un murcianazo adquiriendo votos "a cambio de consejerías".  

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Tanto se empeñó la portavoz que mostró la confianza del Ejecutivo en que todavía triunfe la moción de censura, cosa que sólo puede ocurrir con los votos de los tres exdiputados de Vox, expulsados por el partido de Santiago Abascal a los que trató de seducir la candidata liberal a la presidencia: "Nada tiene que ver lo que han hecho los exdiputados de Ciudadanos con lo que podrían hacer los expulsados de Vox"... ya que no habrían obtenido ventajas en caso de hacer triunfar la moción de censura en Murcia".

Es decir, que el Gobierno aún confía en que haya un apoyo externo de los exdiputados de Vox. Y que finalmente habría una operación de todos contra el PP. Todos, desde diputados elegidos por Vox a concejales de Podemos, que participa con sus votos de la moción paralela en el Ayuntamiento de la capital murciana.

Moncloa se revuelve, así, contra el murcianazo del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que logró darla vuelta al órdago planteado por el partido de Inés Arrimadas  junto al PSOE el pasado miércoles.

"Lo único que cambió entre la firma de la moción de censura en Murcia y el cambio de opinión de esas tres personas de Ciudadanos", insistió la portavoz del Gobierno, en tono vehemente, "es que obtuvieron un cargo en el Gobierno de la región". Y eso, dijo, está recogido en el pacto antitransfuguismo firmado el pasado mes de noviembre "para todas las Administraciones públicas", y que está alojado en la web de La Moncloa.

"Ésta es una situación de transfuguismo de libro y contradice lo firmado por el PP en el mes de noviembre". Según Montero, "la legislación local impediría que esto hubiese ocurrido", ya que un edil que es expulsado de su grupo y obtiene una ventaja política "no puede participar de la votación".

Lo cierto es que no ocurre así en la legislación autonómica, ni en la murciana en concreto. Pero también es real que los de Arrimadas rompían otro pacto, el de coalición con el PP. Y es real que si bien no para las personas en concreto, sí para los partidos había prebendas en la operación Murcia, negociada entre socialistas y liberales. Ciudadanos se quedaba con la presidencia de la región, con el apoyo del PSOE, y el PSOE obtenía la Alcaldía de Murcia, con el apoyo de Ciudadanos.