Los socios de Pedro Sánchez -en particular Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya- han votado este miércoles en contra de la reforma que promueve la Eurocámara para fortalecer la euroorden. El objetivo de la iniciativa es evitar que se repita el caso de Carles Puigdemont y sus exconsellers fugados, cuya entrega a España por rebelión o sedición ha sido rechazada tanto por Alemania como por Bélgica. Para lograrlo, el Parlamento Europeo pide incorporar los ataques "contra la integridad constitucional" con "violencia" a la lista de 32 delitos para los que la entrega es automática.
Pese a la oposición de Unidas Podemos y ERC, el informe sobre la euroorden (cuyo ponente es el eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos) se ha aprobado por una amplia mayoría de 444 votos a favor, 139 en contra y 106 abstenciones. PP, PSOE y Ciudadanos han apoyado la reforma, mientras que Vox se ha abstenido. La resolución no tiene carácter vinculante, pero supone una importante señal política para el equipo de Ursula von der Leyen, que es el que tiene el poder para proponer una reforma.
En el debate previo a la votación, el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, abrió por primera vez la puerta a revisar la lista de delitos de la euroorden, algo que hasta ahora siempre había descartado, pero sin mencionar los ataques contra la Constitución. "La lista en su forma actual cubre la mayoría de los delitos que los Estados miembros consideran graves dentro de la UE", se justifica el comisario.
"Dicho esto, la Comisión examinará este tema y analizará las lagunas existentes para determinar si sería necesario agregar más delitos o si se necesita una definición más precisa de los delitos presentes en la lista actual", ha agregado Reynders. Cualquier propuesta del Ejecutivo comunitario deberá ser aprobada por los Estados miembros, que tampoco tienen demasiado apetito de tocar la euroorden. Un instrumento que se basa en la confianza mutua entre los sistemas judiciales y que empieza a resquebrajarse por la deriva autoritaria en países como Polonia o Hungría.
Pese a las dudas iniciales, el PSOE ha acabado apoyando incluir los ataques contra el orden constitucional en la lista de delitos de la euroorden. "No es ninguna broma de delito lo que hicieron el señor Puigdemont o la señora Ponsatí. No es ninguna broma declarar unilateralmente la independencia", dijo durante el debate el eurodiputado socialista Domènec Ruiz.
"Nada, nadie y, menos aún, los representantes públicos están por encima de la ley. Por eso, el Parlamento Europeo hoy hace una propuesta de reforma en la que incluye delitos contra el orden constitucional", asegura el portavoz de Ciudadanos, Luis Garicano.
¿Reforma ad hoc?
Unidas Podemos justifica su voto en contra porque se trata de una iniciativa promovida por el PP y Ciudadanos "con el único objetivo de saltarse la legislación belga y extraditar a Puigdemont y sus consellers". "Por tanto, lo que plantean es una reforma ad hoc por un caso español para hacer política en España", sostiene el grupo en un comunicado. Introducir en la lista los delitos contra la Constitución, añade, permitiría "interpretaciones muy poco garantistas para las personas acusadas, su instrumentalización política y la limitación de derechos fundamentales".
"Esta cámara no puede abrir debates o proponer reformas de mecanismos solo para satisfacer las pulsiones represivas de algunos. Nos jugamos la credibilidad de este Parlamento. Añadir el crimen de la integridad constitucional a la lista de delitos de extradición directa no facilitará la detención de los líderes catalanes, sino que abrirá las puertas a extradiciones injustas o arbitrarias para aquellos Estados con poca afección por los valores europeos de justicia y libertad", dijo durante el debate la eurodiputada de ERC, Diana Riba.
Los aludidos por la iniciativa de reforma -Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín- también han votado en contra y aseguran que la resolución no tendrá ningún efecto práctico. "Responde a la impotencia de los cuatro partidos españoles ante las reiteradas sentencias europeas que ponen en cuestión la estrategia judicial del Estado español en la represión del movimiento independentista catalán", aseguran en un comunicado.
Aunque hablan de cuatro partidos, Vox -que trabajó como ponente en la sobra del informe- se ha acabado descolgando. Su portavoz, Jorge Buxadé, defiende que "los delitos contra la integridad y el orden constitucional de los Estados miembros son delitos en cualquier caso, sin necesidad de exigir violencia". También se queja de se incluyan en la reforma de la euroorden "cuestiones de contenido ideológico, como los delitos de opinión, bajo la figura del delito de odio o incluso la discutida figura de los delitos de violencia de género".
También se han opuesto a la resolución la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, así como el representante de Bildu, Pernando Barrena.