Bruselas

El fallo del Tribunal de Apelación de Bruselas que rechaza la entrega a España de su exconseller Lluís Puig es el último argumento al que se aferra Carles Puigdemont para tratar de salvar su inmunidad como eurodiputado. El expresidente catalán ha comparecido este jueves ante el comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara con el objetivo de intentar frenar el suplicatorio remitido contra él por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por sedición y malversación.

Tras Puigdemont han desfilado también los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Los tres huyeron a Bélgica en octubre de 2017, tras la fallida declaración de independencia de Cataluña en el Parlament y la aplicación del artículo 155. Desde allí se presentaron a las elecciones europeas de mayo de 2019 y han sido reconocidos como eurodiputados gracias a la polémica sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre Oriol Junqueras

Las sucesivas audiencias en el comité de Asuntos Jurídicos (en un formato mitad presencial, mitad virtual debido a la Covid-19, que ha retrasado varios meses el suplicatorio) se han celebrado a puerta cerrada y con exigencia de confidencialidad. Se trata de un trámite previsto en todos los procedimientos de levantamiento de la inmunidad en el Parlamento Europeo para dar a los acusados la oportunidad de defenderse. Los tres han acudido físicamente a la sede de la Eurocámara en Bruselas.

A su llegada, Puigdemont aseguraba estar "muy tranquilo" y confiado en que los parlamentarios europeos tumbarán el suplicatorio de Llarena. "No hay motivos. Vamos a luchar. Igual que dijeron que no íbamos a ser eurodiputados y se equivocaron. Estamos en lo mismo", sostiene el expresidente catalán. Eso sí, se ha negado a detallar cuál iba a ser su línea de defensa. "No lo puedo contar porque es una sesión a puerta cerrada, confidencial, y mi deber es guardar silencio a ese respecto", aduce.

La intervención de Puigdemont se ha centrado en tratar de acreditar que el objetivo del suplicatorio es la persecución política y que en España no tiene garantías de un juicio justo. En este sentido, uno de sus argumentos centrales es la sentencia del pasado jueves del Tribunal de Apelación de Bruselas sobre Lluís Puig, que ya es firme puesto que no ha sido recurrida por la fiscalía.

El fallo rechaza la entrega de Puig -que no es eurodiputado y por tanto no gozaba de inmunidad- por considerar que el Supremo no es el órgano competente para juzgarlo, sino que debería hacerlo un tribunal catalán. Además, alerta del riesgo de violación de la presunción de inocencia debido a las "declaraciones hechas por altos funcionarios y autoridades sobre la culpabilidad de las personas afectadas antes de la decisión judicial".

El propio Puigdemont envió el pasado lunes una carta a todos los eurodiputados en la que sostiene que la sentencia de Bélgica demuestra que el suplicatorio contra él "ha sido remitido por un tribunal que no es competente". Y que España está vulnerando sus derechos fundamentales mediante un procedimiento penal con "motivación política". "Este procedimiento de inmunidad puede acabar convirtiéndose en una vergüenza para este Parlamento", concluye la misiva.

La decisión sobre el suplicatorio, en primavera

El presidente del comité de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, replica a Puigdemont que el fallo de Bélgica "no afecta" al suplicatorio. "No nos basamos en sentencias judiciales de Estados miembros, porque no es nuestro papel", ha asegurado. Tras consultar con los servicios jurídicos, el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ha confirmado que el Supremo sí es plenamente competente para reclamar el levantamiento de la inmunidad del expresidente catalán. 

"El comité de Asuntos Jurídicos no es un tribunal, yo no soy un juez, los miembros del comité no son ni abogados defensores ni fiscales en el procedimiento. No nos metemos en el fondo del asunto, no valoramos si son culpables o si son inocentes", ha insistido Vázquez. 

El único motivo por el que la Eurocámara puede rechazar un suplicatorio es si constata que "se basa en un voto o en una opinión emitida por los eurodiputados en sede parlamentaria o si hay un interés de persecución política o fumus persecutionis, debido a su labor como europarlamentarios", según el presidente del comité. 

Las audiencias de este jueves suponen el "ecuador" de la tramitación del suplicatorio contra Puigdemont y sus exconsellers. En las próximas semanas, el ponente (el búlgaro Angel Dzhambazki, adscrito al grupo de derecha radical Conservadores y Reformistas Europeos, el mismo de los nacionalistas flamencos de la N-VA y de Vox) deberá elaborar su dictamen, que se vota primero en el comité y luego en el pleno. 

Vázquez considera que la decisión final podría llegar "en primavera". "Las prisas son malas consejeras. La clave es hacerlo todo respetando de manera muy escrupulosa el reglamento y la confidencialidad, que demostremos que lo que se hace en el Parlamento Europeo va siempre de la mano de ley y que todos somos iguales ante el reglamento y la ley", ha asegurado.

El escenario central es que la Eurocámara acabe levantando la inmunidad de Puigdemont. Para ello se requiere una mayoría simple de votos en el pleno y los principales grupos políticos (socialistas, populares y liberales) ya han anunciado que apoyarán la petición de Llarena, lo que en principio garantiza llegar a ese umbral. Esto permitiría reactivar la euroorden contra el expresidente catalán, aunque no está claro que vaya a prosperar si la justicia belga sigue el mismo criterio que con Puig. 

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