España atraviesa la peor fase de la Covid, con una tercera ola que acaba de registrar su peor fin de semana en cuanto a índice de contagios. Un escenario cuando menos poco propicio para el enfrentamiento entre el Gobierno Central y las autonomías. Y, sin embargo, es el que dibuja España.
Varias comunidades se han expresado en contra de la decisión de Sanidad de modificar el criterio de distribución de la vacuna de la Covid de Pfizer, que dará más dosis a los territorios que han administrado más vacunas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo califica de "error absoluto" y el lehendakari Iñigo Urkullu considera que es "injusto".
Además, ante el repunte de la incidencia acumulada, Castilla y León ha decidido adelantar el toque de queda a las 20 horas, contraviniendo al Gobierno de España, que recuerda que el actual decreto del estado de alarma sólo permite restricciones de movilidad entre las 22 horas y las 07.00.
Un panorama que no invita al optimismo cuando el pasado sábado se registraron al menos 35.000 nuevos contagios en el país.
Toque de queda
La postura del Gobierno de España sobre el toque de queda es clara: el actual decreto de estado de alarma sólo contempla restricciones a la movilidad nocturna entre las 22.00 y las 07.00 horas. Y no hay vuelta de tuerca.
Toda restricción fuera de esta franja horaria no cuenta con la cobertura legal del decreto, vigente hasta el próximo 9 de mayo. Por ello, el Ejecutivo central ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Junta de Castilla y León en el que adelanta el toque de queda en la región a las 20.00 horas.
Para justificar la maniobra, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se aferra a la literalidad de una frase incluida vía modificación en el actual decreto del estado de alarma, que hablaba de la potestad de las autonomías para "modular" las limitaciones en el "horario nocturno".
A este resquicio legal se remiten también desde la Junta de Andalucía, presidida por el también popular Juanma Moreno, para solicitar que se adelante dos horas el toque de queda, así como el confinamiento domiciliario de 91 municipios andaluces que tienen más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Alberto Núñez Feijóo ha salido en defensa de sus homólogos regionales y ha calificado como "razonable" la petición de restricciones más severas. Incluso, ha superado la apuesta y ha defendido el toque de queda a las 18.00, como en Francia. "Esa propuesta es razonable, pero de momento no podemos tomarla porque el Gobierno central no nos autoriza".
Desde Moncloa entienden que la presión de estas autonomías responde a una maniobra política del Partido Popular, que estaría tratando de forzar a Pedro Sánchez a comparecer ante el Congreso para la aprobación de un nuevo decreto del estado de alarma.
Una escena que, con sólo imaginarla, aterra al Gobierno central, sabedor de que el apoyo de las formaciones separatistas catalanas sería ahora mucho más caro. ¿Por qué? Por el reciente nombramiento de Salvador Illa como candidato del PSC a la Generalitat.
Para evitar complicaciones en forma de tensas negociaciones, Sánchez se ve ahora forzado a vetar los adelantos en el toque para evitar un nuevo decreto del estado de alarma. Mientras tanto, el Partido Popular presiona en ese sentido desde las autonomías que preside para intentar desgastar al Gobierno de coalición.
Castilla y León
La situación de incertidumbre es máxima en Castilla y León. Los sindicatos de policías ya han expresado sus "dudas" sobre la vigencia del toque de queda adelantado y han pedido órdenes por escrito a la Delegación del Gobierno.
En la práctica, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como ya hicieron en anteriores situaciones similares de limitaciones, han comenzado por alertar a los ciudadanos de que deben irse a casa, pero en los próximos días las administraciones deberán aclarar a los agentes si sancionan o no a partir de esta hora, cuando se aclare la discrepancia jurídica existente.
Mientras tanto, la incidencia acumulada sigue al alza en Castilla y León con 860 casos por cada cien mil habitantes, y alcanza el 17,65% en cuanto a positividad global de las pruebas.
Ante esta tesitura, Castilla y León es el paradigma de que la "cogobernanza" de la que presumen desde el Ejecutivo Central no está resultando. El cisma entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular es evidente. Y llega en el peor momento posible.