Moncloa anda realmente preocupada con la crisis migratoria y ha reaccionado a la oferta del Partido Popular, pero redoblando la apuesta: Pedro Sánchez está de acuerdo con la idea de Pablo Casado de sondear un pacto de Estado sobre inmigración... aunque lo quiere a lo grande. Tal como ha podido confirmar este periódico en fuentes gubernamentales, el PSOE sacará del cajón su plan para "una nueva Ley de Extranjería" que sustituya a la del año 2000.
El pasado viernes, el presidente del PP sorprendió a propios y extraños ofreciendo una tregua a Sánchez en materia de inmigración. La estrategia centrista del PP pasa, desde hace ya más de un mes, por mostrar su alternativa de Gobierno no por la vía de la confrontación directa con "el Ejecutivo socialcomunista", sino forzando al presidente a enfrentarse con sus propias contradicciones: las internas con Pablo Iglesias y las externas con "la moderación y la unidad" que dice predicar.
Al día siguiente del gran incendio que arrasó una nave abandonada en Badalona, acabando con la vida de tres personas extranjeras que malvivían en ella, Casado viajó a la ciudad que gobierna su exlíder en Cataluña, Xavier García Albiol. Y allí, tras ser informado de la tragedia e interesarse por el estado de salud de las decenas de heridos, aprovechó para tenderle públicamente la mano al Gobierno y ofrecer un "pacto de Estado" para abordar la política de inmigración vinculada a la política exterior.
Mal inicio en Barranco Seco
De hecho, la cosa no empezó bien, ese mismo viernes. A unos miles de kilómetros, el Ministerio del Interior prohibió la entrada a una delegación de parlamentarios del PP para visitar el campamento de Barranco Seco, en Gran Canaria. Allí, medio millar de magrebíes y subsaharianos pasan 72 horas bajo custodia policial tras arribar a las costas de las islas en patera. Son sólo una pequeñísima parte de las más de 20.000 personas que han usado la ruta atlántica desde las costas del Sáhara a las Canarias en lo que va de año.
Este periódico se ha puesto en contacto con uno de ellos, el diputado Carlos Rojas, portavoz popular en el Congreso para asuntos de Trabajo y Migraciones. Es él quien resume en cinco puntos "asumibles" las condiciones a partir de las que su partido estaría dispuesto a sentarse a hablar: "Inmigración legal, ordenada, vinculada a un puesto de trabajo, basada en acuerdos con los países de origen y tránsito de los migrantes y todo en el seno de una política común de la Unión Europea".
Un policía impide el paso a Carlos Rojas, portavoz de Migraciones en el PP, y a otros parlamentarios, a Barranco Seco.
Y lo cierto es que esos puntos encajan casi como un guante en los planteamientos del Gobierno. Al menos, los expresados por el ministro del ramo, José Luis Escrivá. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está viendo cómo la pandemia le desbarata sus planes... o, más bien, se los acelera. El Ingreso Mínimo Vital era su primera prioridad, pero quería darse un año para estudiar bien la propuesta, "cambiando el método de elaborar una ley"... tuvo que sacarla en apenas tres meses.
Nadie ha llamado
Ahora, su nueva Ley de Extranjería se impulsa desde Moncloa, bajo el mando de la Vicepresidencia primera de Carmen Calvo, al son de la crisis de las pateras en Canarias. Y eso que la idea de Escrivá es que la norma fuera el colofón a sus reformas de calado en el IMV y las pensiones "porque España afronta un reto demográfico que requiere una visión completa".
Fuentes oficiales de su departamento sostienen, en todo caso, que "igual que hemos conseguido el consenso con el Ingreso Mínimo y con la reforma de las pensiones, sería muy deseable también hacerlo para reformar la Ley de Extranjería". En realidad, será una norma nueva de arriba abajo, para la que se están empezando los trabajos por orden directa del gabinete del presidente.
Pero está todo en pañales. Tanto que nadie ha llamado todavía a la sede de Génova y en el PP no terminan de creerse que el Gobierno esté dispuesto. "Desde luego, no ayuda para que el Ejecutivo sea creíble que el viernes pasado Marlaska ordenara a los policías que no nos dejaran ejercer nuestra labor de parlamentarios visitando a los migrantes", asegura Rojas. "O que este miércoles, el ministro del Interior huya del Congreso, donde le íbamos a preguntar por la falta de transparencia en los envíos de migrantes a la Península".
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso.
La pregunta en la sesión de control, finalmente, será para Escrivá, a quien Rojas echará en cara "que el Gobierno es un desgobierno". A la espera de que "Sánchez tome las riendas de una política que tiene que ser de Estado y es un catálogo de populismos desde que están en la Moncloa", el PP confrontará al ministro de Inclusión con "la falta de una voz única dentro del Gobierno" o el "ridículo que hemos hecho con el Sáhara a causa de la injerencia de Pablo Iglesias".
"El día que acepten estas bases estaremos encantados de sentarnos a hablar", insiste el portavoz de Migraciones del PP, mientras desde el departamento de Escrivá se insiste en la necesidad de "construir un consenso nacional" en este campo.
Un enfoque pragmático
Además, hay una esperanza en el lado popular porque el enfoque de Escrivá puede encajar con el del PP, pues no tiene un tono ideológico sino pragmático: "Ese consenso debe ayudarnos a afrontar el reto demográfico y a garantizar la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar", apuntó el ministro al presentar sus prioridades en febrero al Congreso.
Y si ante los de Casado se tratará de hallar la fórmula para que el mensaje no se centre en que el número de inmigrantes en España está por debajo de los niveles de países homologables al nuestro, como sostiene Escrivá, el PP desea que Sánchez acepte públicamente la oferta del líder del PP: "Es una desgracia, todavía no ha habido un solo contacto, ni para proponer ni siquiera para informar", afirman desde Génova.
Pedro Sánchez y Pablo Casado se saludan en la escalinata de La Moncloa antes de una reunión.
La nueva Ley de Extranjería prevé mejorar y flexibilizar la autorización de la migración legal, cuyo sistema actual "no está respondiendo a las necesidades del mercado laboral". Así, se buscará primar las autorizaciones ordinarias (por trabajo) frente a las extraordinarias (arraigo).
Entretanto, Inclusión también prevé revisar los instrumentos de diagnóstico de necesidades del mercado de trabajo, a mejorar la coordinación y los medios de las Oficinas de Extranjería y a abordar nuevos proyectos de contratación temporal en origen, "como ejemplo de política migratoria legal, ordenada y segura". Además, el ministerio recuperará el Fondo Estatal para la Integración como instrumento de colaboración entre las administraciones implicadas, lo que prevé que cuente con el apoyo de las CCAA y de Podemos.