La aprobación de la Ley Celaá en el Congreso ha desatado la gresca política y social. Además del duro enfrentamiento que acogió la Cámara, este fin de semana se producirán manifestaciones contra la nueva norma en distintas ciudades del país.

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El Partido Popular será el principal partido que encabece estas movilizaciones. Además de la desaparición del término "vehicular" para la lengua castellana o el "arrinconamiento de la concertada", los de Casado clamarán contra "los ataques del Gobierno a la educación especial".

Sin embargo, según ha sabido este periódico, el gesto del jefe de la oposición no quedará ahí. Génova ya ha trasladado a sus cinco gobiernos autonómicos una orden: no cumplir la nueva ley en lo que se refiere a los centros de educación especial.

"Que nos lleven a los tribunales", avisa un dirigente cercano a Casado en conversación con EL ESPAÑOL. La ya conocida como Ley Celaá programa un traspaso progresivo de los alumnos de estos centros a los colegios ordinarios. Las asociaciones de padres y la oposición auguran una "asfixia financiera".

El Partido Popular reitera, en un claro desafío a la norma, que no será así en Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia ni Castilla y León. Todavía se desconoce cómo reaccionarán Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Fernando López Miras, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Mañueco, teniendo en cuenta que, salvo el último, todos gobiernan en coalición con Ciudadanos.

Los de Inés Arrimadas, que también pidieron la modificación de la disposición adicional cuarta referida a la educación especial, no han amagado siquiera con pronunciarse en esos términos. Sí van de la mano, de momento, en la promulgación de nuevas normas que "protejan la condición vehicular" del castellano en estos territorios.

Marcha en Madrid

Dicho de otra manera: el Partido Popular no variará su política de subvenciones ni iniciará un traspaso de los alumnos de la educación especial a los centros ordinarios. En consonancia con las asociaciones que se manifestaron a las puertas del Congreso, reseñan que será "inviable" enseñar a esos niños si comparten aulas con quienes no tienen discapacidades.

El Gobierno, para tomar esa decisión sobre la educación especial, se agarró a un informe de Naciones Unidas, que califica como "segregación" el hecho de que los alumnos con discapacidad acudan a colegios distintos.

Isabel Celaá, ministra de Educación, suele hablar de "educación especializada en centros ordinarios". Un eslogan que no convence a las asociaciones ni a la oposición. PP, UPN, PNV, Coalición Canaria y Ciudadanos ya han trasladado su malestar al Ejecutivo.

Casado acudirá este domingo por la mañana a la manifestación con vehículos convocada en Madrid, donde recogerá firmas junto a otros mandatarios de su partido, entre ellos el alcalde y la presidenta de la Comunidad, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP también ha anunciuado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional por "vulnerar la libertad de elección de centro educativo".