El Gobierno en pleno ya tiene el borrador de la propuesta de Pablo Iglesias para ampliar las ayudas sociales a los colectivos más vulnerables, más allá de que su situación tenga o no que ver con la crisis económica provocada por la epidemia del coronavirus. La Vicepresidencia segunda ya ha llevado al seno del Consejo de Ministros su presión decidida "para que se prohíban de forma efectiva los desahucios y los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma".

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Así, el plan de Iglesias es doble: por una parte, recuperar algunas de las medidas sociales que fueron levantadas después de que caducaran a finales de septiembre. Y por otra, hacerlas extensivas a otras personas más allá de que el empobrecimiento les haya sobrevenido como consecuencia de la Covid.

La idea, según las fuentes consultadas en el equipo ministerial de Iglesias, es que en pleno estado de alarma que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, "no tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos permanentemente y que se estén produciendo cortes de suministros". 

Desescalada social

Iglesias y los suyos empezaron desde la imposición del nuevo estado de alarma, el pasado domingo 25 de octubre, a trabajar en una propuesta concreta con la que recuperarse de una de sus derrotas. Un mes antes, el 29 de septiembre, el Consejo de Ministros renovó a la baja el "escudo social" y volvió a permitir el corte de los suministros de agua, gas y electricidad para los consumidores en impago.

"Para que una vivienda se pueda considerar digna los suministros tienen que estar garantizados", ha argumentado Iglesias ante el presidente, Pedro SánchezNadia Calviño y, en este caso, con José Luis Ábalos -responsable de Vivienda- concernido de lleno. Y es que en las últimas fechas, la tensión tradicional entre el equipo económico y el que lidera Iglesias se ha reproducido, recrecido y convertido en un "verdadero enfrentamiento"

Y sobre todo, refieren, porque la desescalda en la protección social llegó "ahora que se acerca el invierno". Y en ese panorama, apuntan, "no tiene sentido una medida" que tampoco le cuesta dinero a los contribuyentes.

Pagan las empresas

De hecho, las afectadas serían las empresas suministradoras y energéticas. A pesar de que todas ellas mantienen programas de renegociación de condiciones para "hogares en situación vulnerable", forman parte de las grandes empresas a las que Unidas Podemos siempre ha considerado un objetivo en su ofensiva fiscal y dialéctica.

La prohibición de los cortes de suministros se diseñó en el Real Decreto 8 /2020 del 31 de marzo. Y más tarde se amplió a todos "los consumidores personas físicas en su vivienda habitual" en el Real Decreto 26/2020 del 7 de julio "excepcionalmente, hasta el 30 de septiembre de 2020".

Un día antes, el Gobierno aprobó otro decreto en una rápida lectura en el seno del Consejo de Ministros, según revelan fuentes conocedoras de lo acontecido en la reunión del Ejecutivo. Y el propio vicepresidente segundo creyó que había ganado alguna de las batallas libradas, hasta que se percató, ya al final de la cita en Moncloa.

Pablo Iglesias, separado por María Jesús Montero de Nadia Calviño, en la Moncloa. Efe

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Monterodio lectura a los acuerdos de un modo muy confuso, dando a entender que se mantenían las prohibiciones, pero no era así. Como tampoco considera Unidas Podemos que se esté logrando el objetivo de evitar los lanzamientos por impago, "intolerables" en esta situación de crisis, tal como afirmó el portavoz del partido morado, Rafa Mayoral, el pasado lunes.

"Quédate en casa..."

Según la Vicepresidencia segunda, "tampoco tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios". Para los de Iglesias, las dificultades para remontar económica y laboralmente son iguales para las familias empobrecidas por la Covid y para las que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la crisis. "Hemos visto decenas de desahucios en las últimas semanas algunos de ellos muy graves con niños y niñas", lamentan.

De ahí que el borrador de decreto, del que Iglesias espera respuesta desde hace días, diga expresamente que se trata de "prohibir todos los desahucios por impago de hipotecas, cuando la familia no tenga alternativa habitacional".

Además, "prohibir los desahucios por impago del alquiler o por fin del contrato del alquiler excepto", para prevenir abusos según las fuentes consultadas, "cuando el dueño del piso sea una persona en situación vulnerable".

Y en todo caso, impedirlos también por decreto, en el caso de "aquellas familias que estén en precario sin alternativa habitacional cuando vivan en pisos de grandes tenedores de vivienda como fondos o bancos".

¿Guiño de Calviño?

La bronca con Calviño, a la que el ala morada acusa de ser la responsable del cierre del grifo de ayudas sociales, parece empezar a surtir efecto. Así este miércoles, la secretaria de Estado de Economía y Empresa, Ana de la Cueva, defendía en el Congreso un "diseño acotado y coherente" de las moratorias hipotecarias y no hipotecarias vigentes. A su juicio, ayudan a las personas vulnerables pero no supone "un problema para el sistema financiero".

De la Cueva comparecía ante la Comisión de Presupuestos para rendir cuentas de las líneas básicas del proyecto de Presupuestos en el departamento que dirige. Así, la mano derecha de la vicepresidenta tercera defendió la adaptación de las medidas ya adoptadas por el Gobierno, éstas entre ellas.