Por fin, fumata blanca. Un mes después de lo que marca la Constitución, el Gobierno aprobará este martes el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales (PGE) para 2021. Sin confirmar la celebración del mano a mano entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, este domingo -tras la celebración del Consejo de Ministros Extraordinario que impuso el tercer estado de alarma desde el incio de la pandemia de coronavirus-, se han deshecho los nudos que ataban a la mesa a las dos partes negociadoras del Gobierno.

Así se lo anució el presidente del Gobierno a los presidentes de las Comunidades y Ciudades Autónomas en la XXIII Conferencia de Presidentes, según confirman fuentes de Moncloa.

Sánchez recordó a los 19 presidentes autonómicos que este anteproyecto incluirá un importante adelanto en los PGE de 2021 de 27.000 millones de euros con cargo a la deuda pública, adelanto de los fondos europeos de recuperación.

Pedro Sánchez en la reunión de la Conferencia de Presidentes

En la cita estuvo por primera vez en la historia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A causa de la evolución de la Covid-19 y de su último contacto con una persona que había dado positivo en su entorno más cercano, lo hará de manera telemática, a pesar del anuncio previo de que vendría en viaje oficial a Madrid.

El jefe del Ejecutivo también ha anunciado a los presidentes que, según sus estimaciones, "más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación los ejecutarán directamente las Comunidades Autónomas", aseguran fuentes de Moncloa. Los líderes autonómicos podrán promover en el Plan de Recuperación proyectos o programas "en cualquier ámbito".

En todo caso, Presidencia del Gobierno destaca que hay competencias que la Constitución reconoce como autonómicas y que están muy vinculadas a áreas clave del Plan. Por ejemplo, vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medio ambiente. Y será en estas áreas donde las Comunidades podrán ejecutar los proyectos y programas que presenten y sean aprobados. Para ello, se acordarán Convenios Marco entre los Ministerios implicados y las Comunidades Autónomas.

El papel de Von der Leyen

Hace ahora 11 días, el Gobierno envió su borrador presupuestario a la Comisión Europea, con el capítulo fiscal vacío de detalles, simplemente con previsiones de ingresos y de gastos. Y es que ésta era la piedra final en el zapato que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y brazo económico de Iglesias, no lograban eliminar.

Los desacuerdos estaban, según fuentes de ambas bandas del Ejecutivo, en todo el paquete tributario. El desacuerdo se desplegaba en el IRPF, en el IVA, en el Impuesto de Sociedades, o en la intervención del mercado de alquiler de viviendas, como este mismo lunes informa EL ESPAÑOL.

Tampoco estaban fijadas las posibilidades de atender las mejoras que Unidas Podemos reclama en el Ingreso Mínimo Vital... "Estamos comprometidos con cumplir los plazos, pero el PSOE tiene que cumplir con los acuerdos", explicaban fuentes del lado morado del Gobierno.

La presencia de Von der Leyen en la Conferencia de Presidentes no sólo tiene un carácter propagandístico, a mayor gloria de Sánchez. Es también un escenario en el que mostrarle a la Comisión cierta cohesión territorial en un país que por el momento está levantando las sospechas en Bruselas por los malos resultados de la gestión de la pandemia. Tanto en lo meramente sanitario como en lo socioeconómico.

Sánchez pretende lograr su apoyo para poder acudir a los próximos Consejos Europeos, donde los países frugales quieren examinar hasta la letra pequeña de cada proyecto de reforma aspirante a ser financiado con los 140.000 millones previstos para España en el Next Generation EU, con más calma y menos temor a que las ayudas no se retrasen y se relajen las exigencias.

Durísima negociación

De ahí que la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos haya sido tan dura, como para alargarse dos meses y retrasar la aprobación del anteproyecto un mes. De hecho, ya ni apretando el acelerador, como se confiaba en Moncloa hasta hace unos días, se podrá evitar tener que prorrogar por cuarto año consecutivo las cuentas públicas de 2018, aprobadas bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Y es que Moncloa quiere a Ciudadanos en el acuerdo de Presupuestos. Como aval ante los empresarios y como sello de calidad ante Europa. En todo caso, la presencia de los de Inés Arrimadas no sería gratis: Cs no quieren oír ni hablar de subidas masivas de impuestos. Y quieren ver un plan de consolidación fiscal, al menos esbozado, para los próximos ejercicios, ahora que el déficit se marcha al 12% como mínimo este año y la deuda pública al entorno del 120%.

Y así es imposible cumplir con lo firmado en el acuerdo de coalición. Es decir, una subida del IRPF a las rentas por encima de 120.000 euros anuales. El PSOE se descolgó con un plan para hacerlo a partir de los 300.000 euros. Y Unidas Podemos, viendo la poca disposición socialista a salir en los titulares de prensa como los que suben los impuestos en plena crisis, subió el listón hasta los 130.000... pero el PSOE sólo bajaba hasta los 200.000.

En el IVA, después de filtrar que el borrador incluía gravar con el 21% de IVA a la Educación y a la Sanidad privada, Montero abandonó la idea. Del lado de Iglesias no había problema en hablar sobre los colegios, pero Unidas Podemos se cerró en banda a aplicárselo a los seguros privados de salud "porque en plena crisis sanitaria, nadie lo entendería, más allá de que podría acabar repercutiendo en la pública", por los conciertos aún existentes.

El PSOE aún dudaba sobre la conveniencia de aplicar en este ejercicio la base del 15% mínimo de impuesto de Sociedades a las grandes corporaciones. La última propuesta que llevó Montero a la mesa con Álvarez fue la de eliminar exenciones pero no tocar el tipo mínimo, en justa respuesta a las reclamaciones de la CEOE y Cepyme.

Pero los morados se negaron: "Está firmado, podemos entender que el país hoy no es el mismo que el del momento de la toma de posesión, pero no tiene sentido no cumplir con nada de lo acordado".

Aún faltan los detalles finales, pero la posición negociadora de los de Iglesias no era la más fuerte, ya que Moncloa era consciente de que Unidas Podemos podría ser calmado con unas pocas concesiones "en el gasto y la inversión, más que en los ingresos" porque, como las mismas fuentes moradas admiten, "no hay riesgo alguno de crisis en el Gobierno".